Violaciones de derechos humanos en Brasil

La necesidad de una reforma agraria efectiva

El Centro Europa Tercero Mundo (CETIM) y la Associación Americana de Juristas (AAJ) desean comunicar a la Comisión de Derechos Humanos su preocupación concerniente a la situación alarmante de los derechos humanos en Brasil, especialmente para los habitantes del mundo rural y en particular en el Estado de Paraná.

Lejos de favorecer un desarrollo que busque el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales de la población brasilera, el modelo económico adoptado por el Presidente Fernando Henrique Cardoso, totalmente subordinado al capital financiero internacional, acentúa la concentración de las riquezas y de la pobreza que de esa concentración se deriva: 3,2 millones de niños trabajadores, 30 millones de analfabetos, 10 millones de desempleados, 4 millones de campesinos sin tierra, 100 mil personas explotadas en condiciones de trabajo calificadas de esclavistas, 50 millones de brasileros que sobreviven con menos de 2 dólares estadounidenses por día.

En el mundo rural, la aplicación de una verdadera reforma agraria es la única solución que permitiría hacer frente a la miseria generalizada que viven los campesinos. La concentración extrema de tierras en manos de grandes propietarios, de los cuales 2.8 % poseen más del 56 % de las tierras cultivables, es uno de los principales factores de empobrecimiento de la población rural y de las violaciones de derechos humanos. Y también es la causa de la pérdida de toda seguridad alimentaria en un país que produce siempre menos e importa siempre más productos agrícolas, en tanto que el 31 % de las tierras laborables siguen inexplotadas.

Reclamada desde hace años por el movimiento social, la reforma agraria no hace parte de las prioridades de los sucesivos gobiernos brasileros más proclives a defender los intereses de los grandes propietarios agropecuarios que los de la mayoría de la población. A pesar de la existencia del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) y de las promesas hechas, muy pocas medidas reales han sido aplicadas para iniciar el proceso de redistribución de tierras como ya lo habíamos denunciado en nuestras anteriores declaraciones E/CN.4/Sub.2/200/NGO/20 y E/CN.4/Sub.2/1999NGO/24.

Una reforma agraria ” de mercado “

1997 marca el inicio del programa llamado ” Cédula de la Tierra “, apoyado por el Banco Mundial, cuyo objetivo es el de ofrecer las posibilidades de financiamiento a los campesinos sin tierra con el objetivo que éstos puedan comprar directamente su parcela a los grandes propietarios. La solución que propone ese programa, presentado como una ayuda de las autoridades nacionales y de la comunidad internacional, a través del Banco Mundial, chocan con los intereses de los pequeños campesinos y no se adaptan a los verdaderos problemas locales. Las principales críticas dirigidas a este programa de parte de los movimientos sociales implicados son las siguientes:

– reconoce implícitamente la legitimidad del sistema latifundista y la concentración de la tierra;

– favorece a los grandes propietarios agropecuarios, reemplazando la expropiación por la ” Cédula de la Tierra “;

– permite al Gobierno eludir sus responsabilidades y sus compromisos en lo que respecta a una verdadera redistribución de tierras;

– acentúa la precaridad de los pequeños campesinos que deben endeudarse para adquirir las tierras más improductivas, es decir, ésas que los grandes propietarios quieren ” cederles “;

– sanciona a los pequeños campesinos prohibiéndoles beneficiarse con las subvenciones asignadas por las diferentes instituciones, como el Programa Especial de crédito para la reforma agraria (PRODERA) o INCRA. Los campesinos se ven rechazar todo medio que favorezca el reembolso de los créditos contraídos para comprar sus tierras a los latifundistas.

En noviembre del 2000, el Banco Mundial y el Gobierno brasilero concluyeron un acuerdo de compromiso por un crédito internacional del orden de los 191.396.270 dólares estadounidenses. Este préstamo está destinado a financiar el 49 % del costo total del proyecto llamado ” Crédito agrario y combate contra la pobreza rural ” (CFCP), cuya ejecución será responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Agrario.

La elaboración del CFCP es una de las respuestas dadas por el Gobierno brasilero frente a la desaprobación popular que suscitó el programa existente, frente a la resistencia de los trabajadores rurales y frente a las presiones institucionales ejercidas por los movimientos sociales en favor de la reforma agraria. Pero, según esas organizaciones, este programa no conduce a ninguna mejoría significativa y tanto como la ” Cédula de la Tierra “, no respeta la Constitución Federal de 1988 que garantiza dos derechos fundamentales. El derecho a la expropiación a los grandes propietarios agropecuarios, cuyas tierras muchas veces han sido fraudulentamente adquiridas; y la responsabilidad de la intervención directa del Estado en la realización de una verdadera reforma agraria.

La tierra es mucho más que una mercancía

En diciembre del año 2000, una petición fue presentada ante el Banco Mundial en Brasilia en el marco de la campaña global por la reforma agraria. Esta campaña es coordinada por la Red de Información y de Acción por el derecho a alimentarse (FIAN) y por Vía Campesina. El Foro Nacional por la Reforma Agraria y la Justicia en el Campo, del cual hace parte el Movimiento Sin Tierra (MST), y el Movimiento Nacional de los Derechos del Hombre aparecen como firmantes.

Esta petición titulada ” La tierra es mucho más que una mercancía ” denuncia la detención del proceso de reforma agraria en el mundo, así como la naturaleza de los procedimientos interpuestos en la mayoría de los países del Sur, en los cuales este proceso está oficialmente en marcha.

Esta petición exige:

la suspensión de los programas de reforma agraria de ” mercado “;

– la revisión del modelo político agrario en un proceso de concertación entre los campesinos sin tierra, los gobiernos y expertos independientes;

– la garantía para que las políticas de reforma agraria aseguren el derecho a una alimentación adecuada y no contribuyan a la violación de los derechos humanos;

– la evaluación y la revisión de los programas de ajuste estructural, en el sector agrícola, en función de sus implicaciones en los procesos de reforma agraria de los países afectados;

– que todas las estrategias que buscan la reducción de la pobreza incluyan una política de reforma agraria, garantizando a los campesinos el acceso a la propiedad, el control de la tierra, así como a las fuentes productivas que les sean necesarias;

la realización del plan de acción de la Cumbre Mundial de la Alimentación.

Paralelamente a un amplia movilización con el objetivo de recoger firmas para esta petición, el Foro Nacional por la Reforma Agraria y la Justicia en el Campo sostiene la proposición de cambio constitucional con el objetivo de limitar el tamaño máximo de la propiedad rural en Brasil: 700 hectáreas en el sur del país y 3.800 en el Norte y Noreste.

Luchas institucionales y ocupaciones pacíficas en el marco de la represión sangrienta: el caso de Paraná

La situación de pobreza y de injusticia que sufre la población brasilera ha provocado la emergencia de amplios movimientos no violentos de resistencia, especialmente en el medio campesino. El Movimiento de Trabajadores rurales sin Tierra (MST), uno de los más conocidos internacionalmente, lucha por el respeto de sus derechos económicos, sociales y culturales e implementa acciones tendientes a ocupar tierras inexplotadas de grandes propietarios con el fin de hacerlas producir y asegurar su subsistencia.

De la misma forma que otros movimientos sociales, los miembros del MST, sufren una terrible represión en el orden civil y político, especialmente en los Estados del norte y de Pará. Esta se manifiesta a través de arrestos arbitrarios, torturas, violaciones, amenazas de muerte, ejecuciones sumarias, masacres. Entre 1985 y 1997, 1003 campesinos sin tierra fueron asesinados en Brasil. Solamente 56 casos fueron objeto de una investigación penal y una escasa minoría, del total, fueron juzgados. La impunidad es casi total.

Las operaciones de desalojo de los campesinos que ocupan tierras son de extrema violencia como lo comprueban las imágenes video registradas por la policía militar, los testimonios de los trabajadores mismos y de periodistas, así como de religiosos y políticos que visitaron los lugares. Estas operaciones, implementadas en la mayoría de los casos sin mandato judicial, emplean fuerzas totalmente desproporcionadas que afectan sobretodo a mujeres, niños y personas adultas. Resta en la memoria los desalojos particularmente violentos de mayo de 1997 y de noviembre del 2000 en el Estado de Paraná.

El Estado de Paraná es uno de los principales lugares de violencia y represión contra los miembros del MST. Estos han denunciado reiteradamente la confluencia de los poderes judiciales, los grandes propietarios de tierras, la policía, la policía militar, la policía secreta y las milicias armadas privadas, fuerzas todas que despliegan una verdadera estrategia de represión. Se emplean *Grupos de Elite* (COPE, Aguia, GOE), típicos en operaciones contra guerrillas, terroristas o narcotraficantes.

Más allá de los desalojos y el asesinato dirigido con el objetivo de desmantelar el movimiento, el MST denuncia:

– la complicidad de los medios de prensa de Paraná y el Gobierno del Estado en la campaña de desacreditación y de criminalización del cual son objetivo (como todos los movimientos que luchan a favor de la reforma agraria);

– el tratamiento que el Gobierno del Estado de Paraná reserva a la cuestión agraria y la negación de los derechos de los ciudadanos;

– las acciones irresponsables de la policía militar de Paraná y de sus aliados;

– la impunidad de la acción de estos actores represivos;

– al Gobierno del Sr. Jaime Lerner y su actitud particularmente represiva hacia los miembros del movimiento: 16 muertos, 31 intentos de muerte, 7 casos de tortura, 323 heridos y 470 detenidos en el curso de los 1300 desalojos de ocupaciones.

El CETIM y la AAJ solicitan con énfasis a la Comisión de Derechos Humanos intervenir ante el Gobierno brasilero a fin que éste implemente una verdadera reforma agraria y que actúe de acuerdo con la Constitución Federal de 1988, en cuanto al repeto de los pactos internacionales relativos a los derechos económicos, sociales, culturales, y a los derechos civiles y políticos.