«Il n‘y a pas un monde développé et un monde sous-développé, mais un seul monde mal développé»
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas considera que el Estado colombiano es responsable de la violación del derecho a la vida y a un recurso judicial efectivo de un sindicalista asesinado. Esta es una decisión histórica.
En agosto de 2002, fue asesinado el sindicalista colombiano Adolfo Múnera, miembro del sindicato del sector agroalimentario SINALTRAINAL y trabajador de Coca-Cola. Anteriormente, ya había sido amenazado de muerte por grupos paramilitares vinculados a la multinacional. Sin embargo, el sistema de justicia colombiano no hizo su trabajo para investigar a los instigadores del crimen. Por ello, en 2015, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y el Centro Europa-Tercer Mundo (CETIM) – en representación de la familia de Adolfo Múnera y del sindicato SINALTRAINAL – presentaron una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Cinco años después de la presentación de la denuncia y dieciocho años después de asesinato, el 19 de mayo de 2020, el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que el Estado colombiano había violado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
La decisión del Comité de Derechos Humanos, que emana de un órgano de las Naciones Unidas, constituye una jurisprudencia y servirá de ejemplo para otras luchas contra la impunidad en todo el mundo. Por consiguiente, se torna en un instrumento al servicio de las acciones y movilizaciones de los movimientos y organizaciones que se enfrentan a este tipo de violencia. Los movimientos sociales de todo el mundo podrán apelarse a los órganos judiciales competentes de sus respectivos países utilizando esta jurisprudencia.
Esta decisión es también un ejemplo que demuestra la posibilidad de utilizar el derecho internacional y los órganos de las Naciones Unidas para apoyar las luchas de los pueblos por la justicia social y contra la impunidad. En este sentido, el derecho internacional es uno de los campos de batalla en la lucha por el derecho de los pueblos a decidir su futuro.
Por último, esta victoria nos muestra la complementariedad de las esferas internacional y nacional, la necesidad de coordinar las acciones entre las organizaciones de solidaridad internacional, como el CETIM, y las organizaciones sobre el terreno, con el fin de elevar las luchas llevadas a cabo a nivel local a la esfera internacional.
Tras esta decisión, el Estado colombiano está obligado a reabrir una investigación para esclarecer el asesinato del dirigente sindical e indemnizar a la familia Munera. La decisión del Comité de Derechos Humanos se produce en un momento marcado por un alto grado de violencia en Colombia contra el movimiento sindical y popular. Esperamos que esta decisión sirva para invertir esta tendencia y contribuir a la pacificación del país.
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