«Il n‘y a pas un monde développé et un monde sous-développé, mais un seul monde mal développé»
En solidaridad con decenas de miles de afectados por el mayor desastre ambiental que ha impactado a la Amazonía ecuatoriana, más de 240 organizaciones, redes, movimientos, y sindicatos, en representación de más de 285 millones de personas a nivel internacional, piden al Gobierno de Ecuador que apele ante la justicia holandesa el laudo arbitral que favorece a la petrolera Chevron.
El laudo emitido el 30 de agosto del 2018 ordena al Estado ecuatoriano que: anule la sentencia del caso Lago Agrio a pesar de que haya sido ratificada por todas las instancias judiciales ecuatorianas, incluida la Corte constitucional; y que impida a los afectados buscar en otros países la ejecución de la sentencia y la reparación de los daños causados por Chevron-Texaco. Además, exige que Ecuador indemnice a la petrolera por haber “afectado su imagen” y por los costos judiciales tras 27 años de proceso.
Si el gobierno del país andino no apela, este laudo que viola su propia Constitución y por tanto es inaplicable, será ejecutado. Si la justicia holandesa persiste en validarlo, será cómplice de un sistema de arbitraje privado internacional que favorece sistemáticamente a las empresas transnacionales, negando la justicia a los afectados por crímenes corporativos.
Este caso ha generado gran preocupación a nivel internacional. Si Ecuador no apela, se sentará un precedente importante que asegurará la impunidad de las empresas transnacionales frente a las violaciones de los derechos humanos, de los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas, y los daños a la naturaleza.
La “Campaña Global para reivindicar la soberanía de los Pueblos, desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad”, se suma al llamado de más de 240 organizaciones sociales, indígenas, campesinas, redes y sindicatos de diferentes países, en representación de más de 285 millones de personas, para que Ecuador apele la sentencia de primera instancia en la justicia holandesa, antes del 16 de diciembre de 2020. El gobierno ecuatoriano debe mantener abierta la puerta de la esperanza de acceso a la justicia a las comunidades indígenas y campesinas amazónicas, tras décadas de lucha por el bien común.
