Derechos humanos y medioambiente: violaciones por la multinacional Total en Ouganda

COMUNICADO DE PRENSA

Ginebra, 24 de marzo de 2022 – A lo largo de más de tres años, las acciones en Uganda de la empresa multinacional francesa Total han privado a miles de habitantes del cultivo de sus tierras, negándoles con ello el derecho al trabajo, al alimento, a la dignidad y a la vida.

El origen de este problema reside en el asentamiento de dos proyectos impulsados por la empresa. Por un lado, hay el proyecto Tilenga, que consiste en la perforación y explotación de más de 400 pozos, incluidos como mínimo unos 132 pozos ubicados en una reserva natural protegida. Por otro lado, hay la construcción del EACOP, el conducto de gasóleo más largo del mundo, que atravesará Uganda y Tanzania a lo largo de 1445 km. El recorrido del conducto pasa por bosques, zonas pantanosas, manglares y está contribuyendo a la deforestación, la destrucción de la biodiversidad y el medio de subsistencia de las comunidades de la zona, además de favorecer el calentamiento global.

Sin embargo, a pesar del fuerte impacto de estos proyectos en el ecosistema ugandés y su población, parece ser que Total hace oídos sordos a las repercusiones de sus proyectos y no respeta sus obligaciones jurídicas y morales internacionales.

En respuesta a la inacción de Total, dos asociaciones francesas (Les Amis de la Terre France y Survie) hicieron una colaboración con cuatro asociaciones ugandesas (AFIEGO, CRED, NAPE/Friends of the Earth Uganda y NAVODA) para aleccionar a Total en junio de 2019 acerca del incumplimiento de sus obligaciones jurídicas.

Posteriormente, dichas asociaciones llevaron a juicio a la empresa en octubre de 2019, por medio de la nueva ley francesa sobre el deber de vigilancia.¹

Para que sirva como recordatorio, esta ley exige a las multinacionales francesas que redacten y publiquen un “plan de vigilancia” en el que se especifiquen los riesgos hacia los derechos humanos y el medio ambiente identificados en su actividad. También deben proporcionar medidas concretas e indicadas para evitar graves violaciones de dichos derechos y mitigar los riesgos que acarrean sus operaciones a escala mundial.

Las empresas deben garantizar que estas medidas son efectivas y que se implementan en todas sus actividades, incluidas aquellas que estén en manos de filiales, entidades subcontratadas y proveedores, y deben hacer públicos los resultados que obtengan. Si una empresa no cumple con estas obligaciones, podrá ser procesada.

La acusación contra Total se basa en la carencia de una identificación eficaz de los riesgos de violaciones graves de los derechos humanos y del medio ambiente (incluso cuando se adoptó un nuevo plan de vigilancia en 2020). Por lo tanto, si los riesgos no se identifican debidamente, resulta imposible intentar poner en marcha cualquier tipo de medida de vigilancia efectiva.²

En enero de 2020, el Tribunal Supremo de Nanterre, en Francia, se declaró incompetente para pronunciarse sobre la solicitud presentada por las asociaciones francesas y ugandesas, dictaminando que el caso debería ser delegado a un tribunal de comercio. Sin embargo, los tribunales de comercio son tribunales especiales, formados por jueces legos elegidos por la comunidad empresarial. En un tribunal de este tipo, la sentencia resultaría claramente favorable para la empresa multinacional. Por último, tras un largo proceso de apelación, el colectivo de asociaciones finalmente ganó el litigio ante el Tribunal de Casación el 15 de diciembre de 2021: el contenido de la disputa será juzgado de nuevo ante el Tribunal Supremo de Nanterre.³

Esta sentencia selló una excelente victoria inicial para el pueblo ugandés. No obstante, el proceso es lento e incierto. Mientras tanto, a pesar de las repetidas advertencias sobre la amenaza que suponen las actividades de Total en Uganda –incluidas las de cuatro relatores especiales de la ONU–, la situación sigue siendo la misma. Peor aún, la empresa continúa e intensifica sus acciones, causando daños irreversibles al medio ambiente y amenazando la seguridad de las personas que intentan oponerse a los proyectos. Maxwell Atuhura, un activista de los derechos humanos ugandés, intervino en nombre del CETIM y Friends of the Earth International durante el debate celebrado el martes en el marco de la 49ª sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra y pudo denunciar la situación. M. Atuhura informó sobre las amenazas, detenciones arbitrarias y encarcelaciones que realiza el gobierno de Uganda contra los activistas que se oponen a los proyectos. Además, apeló al Consejo y, a través de él, a la comunidad internacional, para que despliegue los mecanismos necesarios para recordar a los Estados francés y ugandés sus obligaciones internacionales para que actúen y pongan fin a las flagrantes violaciones de los derechos humanos y medioambientales que tienen lugar en Uganda antes de que sea demasiado tarde. El caso de Total en Uganda nos demuestra que no se respetan ni las normas internacionales voluntarias ni las leyes nacionales para garantizar una reparación adecuada y el acceso a la justicia. Los canjes de tierras y las indemnizaciones ofrecidas son insuficientes para que las personas desplazadas recuperen unas condiciones de vida dignas. Las normas voluntarias no son suficientes para hacer que grandes empresas como Total rindan cuentas de sus injerencias. Una vez más, esto nos recuerda la necesidad de desarrollar marcos jurídicos vinculantes para regular las actividades de las ETNs y hacer frente a los mecanismos que les permiten eludir la justicia. En este sentido, el CETIM sigue abogando en el marco de la ONU por un tratado internacional vinculante que pueda representar un baluarte contra la impunidad de estas entidades, al establecer mecanismos sólidos y fiables de rendición de cuentas y acceso a la justicia.