«Il n‘y a pas un monde développé et un monde sous-développé, mais un seul monde mal développé»
Hasta 2017, la República de Ecuador figuraba entre los países más seguros de América Latina. Sin embargo, los datos de enero de 2024 revelan una triste realidad: el país se ha convertido en el más violento de la región.
Durante la 55ª sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, el CETIM denunció las políticas neoliberales del gobierno ecuatoriano dirigidas a desmantelar la políticas públicas, golpeando así los derechos de las personas más vulnerables. En efecto, desde 2017, el pueblo ecuatoriano sufre de una erosión acelerada de sus derechos económicos, sociales y culturales.
La supresión de las políticas públicas y los recortes presupuestarios drásticos en el terreno social, así como el desmantelamiento de las estructuras estatales en el ámbito de la seguridad, han tenido como consecuencia un aumento vertiginoso de la pobreza y del desempleo, lo que ha hecho que jóvenes sobre todo de barrios desfavorecidos hayan sido atraídos por redes criminales, favoreciéndose por este motivo el auge de la criminalidad organizada.
La inseguridad que causa estragos hoy en día en Ecuador resulta de una serie de factores complejos y complementarios. Si bien el papel del crimen organizado es innegable, las disfunciones internas también juegan un papel importante. Entre 2017 y 2024, el país ha sido escenario de una rápida mutación hacia un modelo neoliberal radical, caracterizado por la privatización rastrera, la desregulación económica y la degradación de los servicios públicos. Esta deriva neoliberal viene acompañada de una corrupción endémica, el dominio de los grupos criminales sobre la gestión carcelaria y legislaciones que favorecen el blanqueo de dinero sucio. Un estudio reciente señala con el dedo al sistema financiero ecuatoriano, presunto cómplice del blanqueo de 3,5 mil millones de dólares norteamericanos de activos ilícitos. Paralelamente, los acuerdos de protección de las inversiones han abierto la vía a una explotación sin trabas por parte de los gigantes de la industria minera y petrolera, en detrimento de las poblaciones locales.
Frente a esta crisis que se está enraizando, Ecuador necesita un cambio crucial: se impone una reacción firme y con objetivos claros por parte del gobierno para restablecer la seguridad y proteger los derechos de su ciudadanía, de acuerdo con sus compromisos internacionales. El gobierno ecuatoriano debe, de manera prioritaria, renunciar a los “servicios” de los grupos criminales, poner fin al desmantelamiento de las prerrogativas estatales y a las privatizaciones de los servicios públicos, al tiempo que debe regular las actividades de las empresas transnacionales.
En este sentido, el CETIM ha pedido al Consejo de Derechos Humanos que active todos sus órganos y mecanismos pertinentes para seguir de cerca la situación de Ecuador con el fin de proteger los derechos humanos de su población.
