«Il n‘y a pas un monde développé et un monde sous-développé, mais un seul monde mal développé»
La situación de los derechos humanos de la población palestina ha sido el centro de la 55ª sesión del Consejo de Derechos Humanos. En este sentido se ha destacado mucho el informe de la Relatora Especial, Sra. Francesca Albanese.
Con el título “Anatomía del genocidio”1, este bien documentado informe analiza la guerra en curso en Gaza. Según la Relatora, los esquemas históricos de genocidio “muestran que la persecución, la discriminación y otras formas de prejuicios son a menudo premisas necesarias para la fase final de exterminación. En Palestina, el desplazamiento y la eliminación de la presencia árabe autóctona han sido consecuencias inevitables del establecimiento de Israel en tanto que ‘Estado judío’.”
La Relatora lamenta que el ejército israelí use el camuflaje humanitario para justificar que se apunte a civiles y a infraestructuras de Gaza como objetivos y precisa que “Israel ha intensificado su política de descivilización de la población palestina justificando la utilización de la violencia contra civiles y la destrucción de infraestructuras vitales por razones de derecho internacional humanitario.” Esta distorsión conceptual del derecho humanitario pretende vaciarlo de su contenido normativo, “socavando de este modo su objetivo protector así como la distinción entre civiles y combatientes en las acciones israelíes en Gaza.”
Para la Relatora, al considerar Gaza como un objetivo militar total, “Israel ha abolido de facto la distinción entre objetivos civiles y objetivos militares, llevando a la destrucción masiva de barrios enteros de Gaza (…) Esta estrategia puede ser razonablemente interpretada como una política de genocidio.” “Más teniendo en cuenta que dicha política ha sido aprobada y llevada a ejecución por altos responsables israelíes.”
El argumentario israelí sobre los asesinatos indiscriminados de civiles, considerados como “daños colaterales” no resiste el análisis de la Relatora. Así, Israel ha violado la exigencia jurídica de proporcionalidad “al caracterizar la ventaja militar de cada ataque hacia la destrucción de la organización de Hamás tanto en el plano político como militar.”
El discurso israelí que califica a la población civil como “escudos humanos” tampoco se sostiene ante el análisis de la Relatora: “Israel ha usado el concepto de escudos humanos para justificar sus ataques contra la población palestina y las infraestructuras civiles de Gaza”. Sin embargo, investigaciones independientes y de organizaciones de defensa de los derechos humanos han cuestionado a menudo dichas alegaciones, llegando incluso a concluir que “las pruebas de utilización de escudos humanos habían sido fabricadas.”
El “escudo médico” mencionado por el ejército israelí parece seguir el mismo objetivo: “El ejército israelí habría reorganizado el armamento encontrado en el Hospital Al Shifa antes de la visita de los equipos de prensa”. Esto refuerza las sospechas de fabricación de pruebas “después de que lo que el ejército israelí había afirmado que era una ‘lista de terroristas’ encontrada en otro hospital de Gaza (Al Rantisi) se confirmó que era un calendario de los días de la semana en árabe.”
Para la Relatora, el hecho de atacar a civiles que huían en los “corredores humanitarios” parece “haber sido utilizado como instrumento de genocidio para llevar a cabo una limpieza étnica”.
La Relatora Especial considera que el contexto, los hechos y el análisis presentados en su informe “permiten concluir que existen motivos razonables para creer que se ha alcanzado el umbral que indica que las acciones de Israel han sido motivadas por una lógica de genocidio que forma parte integrante de su proyecto de colonización de Palestina, señal de una tragedia anunciada.”
En sus recomendaciones, la Relatora Especial solicita entre otras cosas:
Subraya, además, que “Israel y los Estados que han sido cómplices en lo que se puede considerar razonablemente como un genocidio deben ser considerados responsables y deben ofrecer reparaciones a la altura de la destrucción, de la muerte y los perjuicios infligidos al pueblo palestino.”
También solicita que “se procure que Israel, así como los Estados que han sido cómplices del genocidio de Gaza, reconozca el colosal daño causado, se comprometa a no volver a producirlo, con medidas de prevención, reparaciones completas, incluido el coste total de la reconstrucción de Gaza (…)”
En su resolución2 adoptada al final de sus deliberaciones sobre este tema, el Consejo de Derechos Humanos expresa, entre otras cosas, “gran preocupación por las declaraciones de responsables israelíes que equivalen a incitación al genocidio, y exige a Israel que asuma su responsabilidad jurídica de prevenir el genocidio y acate plenamente las medidas provisionales que dictó la Corte Internacional de Justicia el 26 de enero de 2024”. Condena “la práctica de hacer padecer hambre a la población civil como método de guerra en Gaza, la denegación ilícita de acceso humanitario, la obstaculización intencional del suministro de socorro y la privación de bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, como alimentos, agua, electricidad, combustible y telecomunicaciones, por parte de Israel, la Potencia ocupante”. Además, afirma que ningún Estado no debe reconocer como lícita una violación grave del derecho internacional, ni prestar ayuda o asistencia al mantenimiento de esta situación y que todos los Estados deben cooperar para ponerle fin.
Encadré:
En el marco de la 55ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, el CETIM dio la palabra a la Sra. Yasmeen El-Hasan, representante de la Unión de Comités de Trabajo Agrícola (organización campesina palestina miembro de La Vía Campesina), que habló de la situación en Gaza, donde el acceso a la alimentación, al agua y a la atención sanitaria es utilizado como arma por el ejército israelí.
Ver el vídeo con subtítulos en español
1 Véase Anatomy of a Genocide Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, A/HRC/55/73, de 25 de marzo de 2024. Informe disponible sólo en inglés, las citas han sido traducidas por nuestros propios medios.
2 A/HRC/RES/55/28, adoptada el 5 de abril de 2024 por 28 votos a favor, 6 en contra (Argentina, Bulgaria, Alemania, Malawi, Paraguay, Estados Unidos) y 13 abstenciones (Albania, Benín, Camerún, Costa Rica, Francia, Georgia, India, Japón, Lituania, Montenegro, Países Bajos, República Dominicana y Rumanía)
