«Il n‘y a pas un monde développé et un monde sous-développé, mais un seul monde mal développé»
COMUNICADO
Lima, Ginebra, Bruselas, el 7 de diciembre 2023 – El 7 de diciembre 2022, se opera en el Perú la destitución y encarcelamiento del presidente campesino Pedro Castillo y la toma de posesión arbitraria de la vicepresidenta Dina Boluarte con el respaldo de la bancada fujimorista y otros grupos parlamentarios reaccionarios. Un hecho que hizo resurgir las fracturas sociales históricas del país, conduciendo a una crisis sociopolítica generalizada, marcada por una represión sangrienta de las manifestaciones populares, y por violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos por parte del gobierno de facto.
En febrero de 2023, ante las violaciones de los derechos humanos, las violencias contras las mujeres indígenas, la represión y criminalización de la protesta social, nuestras organizaciones elaboraron y sometieron una queja a diferentes mecanismos de protección de los derechos humanos de la ONU con fin a denunciar las varias infracciones perpetradas por el gobierno de facto peruano y exigir justicia para las victimas.
A finales de febrero 2023, diferentes Relatorias de la ONU1, sobre la base de las denuncias recibidas, enviaron una comunicación al gobierno, interpelándolo sobre diferentes puntos en relación a la represión de las protestas, las muertes de manifestantes, las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias, entre otras.
El 21 de abril 2023, el gobierno peruano emitió su respuesta a la interpelación de las Relatorias. Se trata de una respuesta parcial, no satisfactoria por lo que no responde a los cuestionamientos principales hechos por las Relatorias. En particular, la respuesta omite brindar las informaciones indispensables sobre temas fundamentales levantados por las Relatorias (y por ende de la queja sometida), y a lo contrario intenta legitimar las alegadas violaciones a derechos humanos durante las manifestaciones, el uso excesivo de la fuerza, el fenómeno de “Terruqueo” (discurso esencialmente racista) y alegaciones abusivas de terrorismo.
Cabe recordar que varios organismos internacionales de derechos humanos, incluyendo Procedimientos Especiales de Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y su Oficina Regional, han verificado y constatado el uso desproporcionado de la fuerza. Estos organismos también reportaron casos de racismo, tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, que dejaron en total un saldo de más de 60 muertos, 49 de ellos por disparos de armas de fuego de las fuerzas de seguridad. Hechos que siguen impunes, dejando a las víctimas sin justicia ni reparación.
Principales resultados de las investigaciones de la Oficina del Alto Comisionado y de la Relatoria sobre libertad de asociación:
“Observaciones sobre la situación de los derechos humanos en el contexto de las protestas en Perú”
Ver también la infografia elaborada por la Oficina
Sin embargo, la criminalización de la protesta, de las organizaciones populares y de sus lideres y lideresas, sigue impertérrita. Y para colmo, en mayo 2023, el Tribunal Supremo de Perú ha sentenciado que las manifestaciones ciudadanas son delito por no tener legitimidad jurídica, dado que no se reconocen en la Constitución del país ni en ninguna otra normativa legal. Este hecho se encaja en la estrategia gubernamental de deslegitimar y criminalizar todo disenso, subyugando el poder judicial a la estrategia política del gobierno de facto. Más recientemente, el lunes 4 de diciembre de 2023, se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Legislativo Nº 1589, que modifica el Código Penal con el propósito de encarcelar a un mayor número de ciudadanos y líderes sociales que ejercen su derecho a protestar contra el régimen. Este cambio normativo llega a unos días de iniciarse nuevas jornadas de protesta en Perú.
La respuesta a la comunicación de los mecanismos de protección de los derechos humanos de la ONU, así como toda actuación del gobierno de facto en otros espacios y niveles, reflejan una clara voluntad de sustraerse de toda responsabilidad por las violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos en el marco del estallido social en el país.
El gobierno de facto peruano debe poner fin a las acciones represivas y a la criminalizacion del disenso, en particular hacia las organizaciones campesinas e indígenas, de conformidad con las disposiciones de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales y la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. El respeto del derecho a la protesta, a la libertad de expresión y de asociación y reunión pacifica de las personas defensoras y de todas y todos los manifestantes, es una necesidad absoluta en el marco de la situación social actual. También es crucial avanzar con la liberación inmediata de todas las personas defensoras detenidas arbitrariamente en el marco de las protestas sociales, incluyendo la liberación del presidente Pedro Castillo, detenido arbitrariamente desde diciembre 2022.
En este sentido, en vista de encaminar el país hacia la paz social y con el fin de retomar el rumbo democrático, es necesario garantizar que las y los responsables de estas violaciones sean debidamente identificados y sancionados. Al mismo tiempo, es fundamental que las instancias internacionales hagan valer las sentencias contra los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el gobierno de Alberto Fujimori, cuya liberación inmediata fue ordenada por el Tribunal Constitucional del Perú el pasado 5 de diciembre. La justicia debe reforzarse ante esta nuevo embate de impunidad.
A la luz de lo anterior, llamamos nuevamente la atención de los órganos y procedimientos especiales de la ONU para que siguen de cerca la situación en el país, incluso mediante visitas de seguimiento sobre el terreno. Llamamos igualmente a los Estados miembros de la ONU, y en particular a los Estados de la región latinoamericana, a que intervengan e insistan al gobierno de facto peruano de cumplir con sus obligaciones constitucionales e internacionales con respecto a los derechos humanos y colaborar de manera constructiva con todas las instancias internacionales y regionales de protección de los derechos humanos.
Leer la version PDF aqui
Contactos:
Lourdes Huanca, FENMUCARINAP/La Via Campesina, fenmucarinap2006@gmail.com
Raffaele Morgantini, CETIM, www.cetim.ch, raffaele@cetim.ch, +41796606514
1El Relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; la Relatora Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo ; y del Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento.
