«Il n‘y a pas un monde développé et un monde sous-développé, mais un seul monde mal développé»
Mientras la inminencia de la guerra contra Irak acapara la atención internacional, otros conflictos graves pasan a segundo plano. Es el caso notorio de Colombia, un país sumido desde hace más de 40 años en un guerra civil que parece incapaz de resolver. En el país sudamericano, cada día mueren 20 personas, 15 de las cuales son asesinadas en sus casas, sus lugares de trabajo o en la calle, siempre desarmadas. Desde hace tres años se vienen produciendo 1.000 desplazados por día. De estas cifras un alto porcentaje corresponde a miembros de comunidades indígenas: constituyen el 12% de los desplazados, mientras que la población total indígena: representa solamente como el 0,6% de la población del país1.
Preocupados por esta situación, las comunidades indígenas en reunión del 22 de agosto después de la posesión del actual presidente Alvaro Uribe Vélez., presentaron un documento en el que le solicitaban fijar la política del nuevo gobierno para el respeto y desarrollo de los pueblos indígenas. Hasta la fecha no les ha planteado su respuesta por escrito, pero está dando mensajes claros y expresos de que su gobierno va a continuar con el arrasamiento de los pueblos indígenas de Colombia como prueba de ello están los siguiente hechos:
Colombia está en el nudo de los megaproyectos e inversiones continentales integrantes del Plan Puebla Panamá, el Canal Atrato-San Miguel (y/o Atrato Truando) en el departamento del Chocó y la iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional de Sur América (IIRSA.). Estos complejos que unirán América Latina con Estados Unidos, interconectarán desde las carreteras y vías fluviales hasta las redes eléctricas.
Es a raíz de estos megaproyectos que el actual gobierno, como el anterior, tiene el objetivo de eliminar los derechos culturales, organizativos y territoriales de los pueblos indígenas, que constituyen un obstáculo para su puesta en marcha. Es en este sentido que se vienen cerrando los espacios de concertación y de participación a través de reformas a las instituciones.
En materia de derechos humanos el actual gobierno no ha cumplido con las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, frente a varios casos tales como: pueblo Embera Katio del Alto Sinú, comunidades indígenas, negras y campesinas del Alto Naya (limites entre los departamentos del Valle y Cauca) no se han tomado medidas para evitar la masacre, silenciosa pero continuada, de la que está siendo víctima el pueblo Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta. El ultimo acontecimiento del verdadero etnocidio al cual este pueblo esta sometido- mas de 150 asesinatos estos últimos anos- es el asesinato de cuatro miembros de la comunidad de Atanquez2 el día 8 de diciembre por un grupo paramilitar establecido en la región con conocimiento de las autoridades militares ; Mientras que la desaparición forzada del dirigente Kimy Pernía sigue en la impunidad, así como 153 asesinatos de indígenas registrados solamente durante el año 2002.
Está suspendido el proceso de constitución, ampliación y saneamiento de resguardos indígenas, a pesar de que hay un sinnúmero de expedientes que ya han culminado los trámites previstos en la normatividad, previos a la expedición de la resolución. Todas estas medidas están orientadas a frenar la legalización de los territorios indígenas a pesar de que su derecho ya ha sido reconocido en la Constitución, Política.
Y resulta claro que con ellas se va a legalizar la política de invasión de los territorios indígenas, motivadas por los grupos paramilitares puesto que es bien conocido que en varias zonas del país dichos grupos a través de la colonización pretenden desalojar a las comunidades indígenas para más adelante facilitar los procesos de explotación de recursos, monocultivos y la realización de megaproyectos. En estas condiciones la violencia ha vuelto a resultar rentable como medio de desplazamiento de las comunidades. Ya había ocurrido durante la conquista española. de nuevo en las guerras civiles del siglo XIX y en la violencia de 1946 a 1958, cuando dos millones de personas fueron desplazadas y 200 mil asesinadas, mientras se expandían la caña de azúcar y el algodón y subían los precios del café.
La región del Magdalena Medio fue el área piloto de este tipo de desplazamiento a raíz de la construcción de la llamada “Carretera de la Paz” en los años 80. Este modelo se aplicó después y se sigue aplicando en las áreas estratégicas: Atrato, río Meta, Putumayo, futura carretera Urabá-Venezuela, proyectos hidroeléctricos y zonas petroleras.
El canal interoceánico Atrato-Truandó (variante escogida por el estado colombiano) y/o Atrato- Cacarica-San Miguel (variante propuesta y preferida por Estados Unidos) es la conexión del PPP y el IIRSA, un proyecto estratégico de alto calado y en torno a él la violencia golpea a los afrodescendientes, indígenas y demás pueblos del Chocó y ahora a los indígenas Kuna (Tule) en el territorio fronterizo de Panamá: a mediados de enero del 2003,150 paramilitares colombianos atacaron dos pueblos de la región del Darien, Paya y Pucuro, torturando y masacrando a 5 caciques indígenas3, secuestrando dos reporteros estadounidenses y un canadiense4 (la Prensa, Panamá, 21/1/2003).
El río Meta tiene un destacado papel en un proyecto de origen japonés que ahora hace parte del IIRSA y que busca llevar la carga de Bogotá hasta el Orinoco y de ahí al Océano Atlántico o al Amazonas. Los planes oficiales se proponen privatizar el río y proyectan el puerto sobre el resguardo indígena Achagua, uno de los pocos lotes que los grandes propietarios no han dominado.
El departamento del Putumayo, con su elevado porcentaje de población indígena, cuyo territorio está cuadriculado por los lotes petroleros, es la salida noroccidental del eje fluvial Amazonas- Río de la Plata, que comunicará mediante canales y drenados ese departamento con Buenos Aires, Montevideo y la desembocadura del Amazonas y mediante una autopista con la costa Pacífica. Es el proyecto más ambicioso de la IIRSA.
En el departamento de Arauca, donde esta actualmente en vigencia el estado de excepción, el pueblo Uwa denuncia el reinicio en contra de su voluntad de la explotación petrolera sobre sus tierras ancestrales5.
La defensa de la tierra , que es a la vez la defensa de sus vidas , ha generado el asesinato, la tortura, la desaparición y el desplazamiento de miembros de comunidades indígenas en todo el territorio nacional. Según un informe del 27 de marzo del 2002 de la Oficina en Colombia de la Alta Comisaría de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que los pueblos indígenas en Colombia están en peligro de ser exterminados en unos diez años si no se adoptan las medidas para protegerlos6.
Recomendaciones :
El CETIM y La Asociación Americana de Juristas solicitan a la Comisión de Derechos Humanos hacer las siguientes recomendaciones :
– solicitar al gobierno colombiano aclarar los casos de asesinatos selectivos y los desplazamientos forzados que hasta ahora estan en impunidad; y en particular aclara el caso de Kimi Pernia Domico, secuestrado hace mas de un año sin que haya una investigación a fondo, y que se tomen las medidas adecuadas para que los responsables sean judicializados.
– solicitar al gobierno colombiano promover, respetar y hacer respetar los derechos a la vida, a la cultura y al territorio de los pueblos indígenas.
– solicitar al gobierno colombiano poner fin a la impunidad frente a las acciones conocidas de grupos paramilitares en la región de Valledupar de las cuales es víctima el pueblo Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta así como hacer respetar el derecho del pueblo U’wa à la integridad territorial y cultural, evitando la explotación petrolera en contra de su voluntad.
– solicitar al Relator Especial de los Derechos Humanos y libertades fundamentales de los pueblos autóctonos realizar un viaje a Colombia para que haga un estudio sobre la situación de los pueblos autóctonos en este país.
