«Il n‘y a pas un monde développé et un monde sous-développé, mais un seul monde mal développé»
La 31 sesión del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas tuvo lugar en marzo del 2016 en Ginebra. El CETIM se hizo porta voz de la voz de los pueblos y movimiento sociales en lucha por sus derechos. De hecho, una de las metas del CETIM es de denunciar las violaciones de los derechos humanos cometidas por las multinacionales y su injerencia en la libre autodeterminación de los pueblos.
El 3 de marzo del 2016, Berta Cáceres, activista medioambiental hondureña y líder indígena del pueblo Lenca, fue asesinada a sangre fría en su casa por sicarios. Coordinadora General del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Berta luchaba desde años contra la explotación minera y los mega-proyectos hidroeléctricos, como entre otros el proyecto “Agua Zarca”, el cual es particularmente peligroso para la integridad de la población indígena Lenca. Este proyecto es desarrollado en cooperación con multinacionales alemanas (Siemens y Voith) e instituciones financieras europeas y estadounidenses como la compañía de desarrollo financiero de los Países-Bajo (FMO)*, el fondo finlandés para la cooperación industrial (Finnfund) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Berta no dejaba de llamar la atención sobre los peligros de los tratados de libre comercio, caballo de Troya de las multinacionales y pilar de su impunidad.
En la ocasión de del informe Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación y del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el CETIM hizo una declaración en asamblea plenaria del Consejo de derechos humanos donde denuncio el asesinato de Berta, pidiendo a los Relatores actuar en fin de garantizar justicia. Como parte de sus demandas el CETIM exigió la detención de todos los proyectos de “desarrollo” que violan los derechos humanos sin consulta previa de las poblaciones locales; el congelamiento de las inversiones de las transnacionales y de las instituciones financieras internacionales en estos proyectos; el fin de la impunidad de los crímenes contra defensore/as de los derechos humanos y la realización de investigaciones independientes que permitan esclarecer la cadena de responsabilidades en el caso del asesinato de Berta Cáceres.
De hecho, en 2015 Berta, por oponerse a la construcción de una represa en el Rio Blanco, fue amenazada de muerte por personas cercanas a la compañía hidroeléctrica canadiense Blue Energy. Lo había revelado públicamente durante une entrevista a la agencia de prensa EFE: “He recibido amenazas de muerte directa, amenazas de secuestro, de desaparición, de linchamiento, de acribillar el vehículo en el que me desplazo, amenazas de secuestro a mi hija, persecución, vigilancia, hostigamiento sexual y también campañas en los medios de comunicación nacional de los sectores de poder”.
Es más, Berta, era objeto de medidas de protección dictadas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quienquiera que sean los autores y los mandatarios de este asesinato, resulta evidente que en este caso existe un fallo y una responsabilidad de las autoridades hondureñas.
