El librecambio en la agricultura impuesto al Sur por los acuerdos de la OMC y sus consecuencias

Si bien el discurso dominante expone que la liberalización del comercio internacional y de la desregulación constituyen la mejor vía hacia el respeto de los derechos económicos y sociales gracias al crecimiento, la realidad es muy diferente. Basta leer los informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para darse cuenta de la evolución catastrófica, a escala mundial, de la situación de millones de personas confrontadas a la hambruna, al desempleo así como a la privación de tierras cultivables, de alojamiento, de acceso a la educación, etc.

En el marco de esta intervención, desearíamos llamar la atención de la 51° sesión de la Subcomisión sobre las consecuencias del librecambio impuesto a los países del Sur por la Organización Mundial del Comercio (OMC), en particular en el sector agrícola.

La OMC entró oficialmente en función en enero de 1995, al suceder a los acuerdos del GATT, concluidas las negociaciones de la Ronda Uruguay. Entre los acuerdos firmados en aquella ocasión figura por primera vez el sector agrícola. Este hecho preocupa un número creciente de organizaciones campesinas, de ONG y algunos países del Sur, ya que tal acuerdo obliga a estos últimos a renunciar a la regulación de las importaciones de alimentos y otros productos agrícolas. Igualmente impone a los gobiernos de dichos países, a reducir paulatinamente para lograr la supresión de subvenciones a los campesinos, exponiéndoles de esta manera a la competencia del mercado agrícola internacional.

Cuatro años más tarde, las consecuencias catastróficas en los países del Sur que liberalizaron este sector fundamental se vuelven más claras: el dominio del sistema alimentario mundial está en manos poderosas, o más precisamente en aquellas de grandes compañías del comercio de productos agrícolas, lo que afecta el modo de vida, los ingresos e incluso la supervivencia de pequeños campesinos a escala mundial y amenaza la seguridad alimentaria de numerosos países.

En noviembre de 1996, los jefes de Estado y de gobiernos de 186 países se reunieron en Roma para la cumbre mundial de la alimentación convocada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Proclamaron el compromiso nacional y la voluntad política de desplegar un esfuerzo constante para erradicar el hambre de todos los países. Se comprometieron a hacer todo lo que estuviese a su alcance para reducir hasta el año 2015 el número de personas que padecen de subalimentación crónica, las cuales hoy en día sobrepasan los 800 millones.

Al adherir a las tesis de los librecambistas, la FAO pretende que la supresión de barreras comerciales nacionales debe permitir a todos los países beneficiarse de la exportación de producciones para las cuales dispone de una “ventaja comparativa”, eliminando al mismo tiempo las actividades menos productivas. La FAO concede que ello conllevaría “costos de reajuste” para los productores, pero insiste en que tales costos serán rentabilizados a largo plazo por las oportunidades de exportación así ofrecidas y los amplios beneficios de la modernización.

Sin embargo, se puede comprobar que el mercado libre es un espejismo, al servicio de los intereses de los potentes, y que una liberalización a escala mundial sería nefasta, dadas las condiciones de desigualdad de producción y de la diversidad de actores del mercado :

Primeramente, debemos mencionar aquí el caso de las subvenciones a la agricultura. Los campesinos del Sur deben hacer frente a una gigantesca desigualdad en lo que se refiere a los subsidios.

Un pequeño campesino del Sur gana, por año, apenas algo más de lo que recibe su «homólogo» de los Estados Unidos por cada tonelada en el marco del Programa de Estímulo a la Exportación (PEE) (77$/ton.). Ahora bien, este último, de estar bien equipado producirá 800 a 1000 toneladas por año. Así, los subsidios recibidos por un agricultor de cereales estadounidense representa 1000 veces el ingreso de su homólogo del Sur.

Los defensores del librecambio reconocen que los subsidios causan distorsiones en el mercado pero, pretenden que los mismos están condenados a desaparecer en virtud de las nuevas medidas del GATT, puestas progresivamente en práctica desde 1995. De ello proviene la ilusión ampliamente difundida que por este hecho los productores de los cuatro puntos cardinales están así ¡ “en un pie de igualdad” !

Este acuerdo del GATT representa un verdadero engaño. En realidad los países desarrollados sólo se han comprometido a reducir los subsidios de 20 a 36 %. Es decir, en vez de eliminar la estructura de subsidios de los países industrializados, el GATT los han dejado prácticamente intactos, gracias en particular al acuerdo bilateral de los Estados Unidos y la Unión Europea denominado “Green Box”. Por este acuerdo, los Estados Unidos y la Unión Europea han logrado mantener, incluso desarrollar los subsidios destinados a sus exportaciones agrícolas. Algunos gobiernos de los países del Sur por el contrario se vieron sujetos a liberalizar siempre más sus economías, disminuir sus tarifas de 24% sobre los alimentos importados y aumentar la importación de los mismos del 1% hasta un 4%.

Incluso si, en el largo plazo, los acuerdos prevén la eliminación de subsidios, el problema deriva de las diferencias de productividad entre los diferentes países del mundo, en particular entre los países del Sur y del Norte. Estas diferencias son tales que poner estos países en competencia directa sólo puede conducir a la eliminación de los más débiles, es decir la destrucción de las economías del Sur.

En este fin del siglo XX, los agricultores mejor equipados de los países desarrollados y sectores reducidos de la agricultura del Sur pueden alcanzar un nivel de productividad neta del orden de los 5000 quintales de cereal por trabajador; mientras en los países en desarrollo, la masa de productores manuales sólo alcanza a producir 10 quintales. Ahora bien, el golpe brutal de la apertura de los mercados agrícolas tan solo intensifica el efecto incontrolable de esta diferencia.

Así, la liberación del comercio internacional no puede conducir al desarrollo de las economías agrícolas nacionales. En efecto, los beneficiarios no son ni los campesinos ni los gobiernos del Tercer Mundo. Esta liberalización del comercio ha enriquecido principalmente a las Sociedades Transnacionales (STN) del comercio agrícola como Cargill y Continental. Las compañías agroalimentarias gigantes dominan ya, de manera conjunta, los tres cuartos del comercio mundial de cereales.

En resumen, la competencia mundial que la OMC tiene por objetivo establecer, es desigual, inapropiada y a la vez desleal.
Desigual en primer lugar, porque las STN del Norte, al disponer de una tecnología desarrollada y contar con experiencia en la agro-industria, acabarán por hacer desaparecer la agricultura tradicional, la que no dispone de ningún poder para protegerse. « De manera general, no está a su alcance soportar la competencia de las poderosas transnacionales, las cuales benefician de importantes economías de escala, de capitales y tecnología, y tienen además acceso al mercado mundial. Las competencias en materia de tecnología y gestión que los inversores aportan los vuelve igualmente más competitivos con relación a los productores locales.¹

Inapropiada enseguida, porque no corresponde a ninguna necesidad real sino a la del beneficio de las sociedades transnacionales y el enriquecimiento de la minoría.

Desleal, no solamente debido a una agricultura subvencionada en los países del Norte y del mantenimiento de barreras proteccionistas en aquellos países, sino también porque « mientras se estimula considerablemente a los inversores extranjeros, los pequeños productores están sometidos a enormes dificultades, en particular a una carga fiscal no equitativa destinada a desanimarlos. »² Además, las STN no están sometidas a ninguna intervención.

Consecuencias ecológicas y sanitarias :

El sistema intensivo de producción agrícola que permite tal competencia internacional pone en peligro la salud de los consumidores y más generalmente la biodiversidad, ya que sólo se reproducen las especies a alto rendimiento. La enfermedad de la “vaca loca” afectó seriamente el comercio de carne vacuna en Gran Bretaña y condujo a la exterminación de 165,000 reses habida cuenta del riesgo de contaminación al ser humano. Aún se desconoce, por el momento, la amplitud del reciente escándalo, surgido en Bélgica, del pollo contaminado con dioxina. Desde ya los campesinos ponen en tela de juicio la producción agrícola intensiva, y el público aprendió la lección de que no se puede exigir de la naturaleza como cuando se exprime un limón. No es nada nuevo afirmar que si no se adoptan medidas adecuadas, los ejemplos de la “vaca loca” y el pollo a la dioxina se multiplicarán.

Los organismos genéticamente modificados (OGM) que, so pretexto de más alta productividad, transfieren los beneficios de la agricultura a manos de las sociedades transnacionales, traerán consigo una reducción suplementaria de la biodiversidad y de la seguridad alimentaria de los países del Sur. Por añadidura, se desconoce las consecuencias ecológicas y sanitarias que estos organismos pueden originar a largo plazo.

¿Satisfacer las necesidades alimentarias de la población mundial ?

Contrariamente a la idea difundida por las sociedades que comercializan organismos genéticamente modificados, éstos no representan una solución para satisfacer las necesidades futuras de alimentación para los países en desarrollo. Si monopolizaran el esfuerzo de investigación en agronomía en detrimento de otras posibilidades, los OGM podrían tener también en él un efecto nefasto.

Como lo expuso Danilo Türk, « el mercado libre nunca tuvo la capacidad de crear las condiciones en las que los derechos económicos, sociales y culturales de todos los ciudadanos puedan ser satisfechos y ejercidos plenamente. »³ Lo mismo que el librecambio internacional de la alimentación tiene poco o nada que ver con la satisfacción de necesidades humanas. A nivel global, el papel del comercio internacional de alimentos no es el de asegurar una nutrición adecuada, sino de encontrar una demanda efectiva, es decir una demanda solvable. Es ésta la razón por la que la mayor parte del comercio agrícola se desarrolla entre poblaciones que ya están correctamente alimentadas.

Un ejemplo especialmente convincente es el del comercio de granos como el maíz que en un 60% se vuelca hacia el mercado de alimentos para animales más que al del consumo humano. (Una forma altamente ineficiente de conversión de las proteínas en energía. Las proteínas animales cuestan más de 10 veces el precio de las provenientes de lentejas y de granos). Este ejemplo nos lleva a reflexionar en la productividad en términos de costos energéticos medio ambientales para concluir que ciertos sistemas agrícolas consumen más recursos de los que producen.

A escala internacional, el problema del hambre no es, ni nunca fue, el resultado de una penuria absoluta. Hay más que suficiente para alimentar al mundo entero y sin embargo, hoy en día, hay más hambrientos que nunca. No es pues una cuestión demográfica, sino un problema de sistema de producción, de distribución y distribución desigual del poder de compra. Además de la inseguridad alimentaria mundial, el librecambio en el sector agrícola refuerza la estructura de la pobreza, al disminuir la capacidad de la gente de cultivar su propio alimento o de adquirirlo.

En los países ricos, la pobreza y el hambre son también realidad :

Existe el ejemplo de las montañas de alimento en Gran Bretaña y los kilómetros de estantes de alimentos en los supermercados, sabemos que un 20% de la población británica no tiene medios para ofrecerse un régimen alimenticio adecuado, si tenemos en cuenta el desempleo creciente y la disminución de la ayuda social. En efecto, cinco compañías controlan el 70% del mercado de alimentos en Gran Bretaña. La inseguridad alimentaria crece también en los países ricos a medida que el sistema alimentario se centraliza cada vez más.

Cuando se habla de los derechos humanos, es imperativo tener un enfoque global para « dar un sentido concreto al concepto del carácter indivisible e interdependiente de todos los derechos humanos »⁴. En este contexto el derecho a la alimentación debe ser defendido al igual que el derecho a la vida. Sin embargo, a pesar de firmar numerosos acuerdos comerciales, a semejanza del librecambio en el sector agrícola que hemos analizado precedentemente, la mayoría de los Estados ponen en peligro la vida de sus ciudadanos. Si no se puede exigir de cada Estado que atienda las necesidades alimentarias de sus ciudadanos, tenemos el derecho de esperar que éste cree las condiciones para cubrir tales necesidades (como lo estipula el artículo 11 del Pacto relativo a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales) y no que acepte condiciones que impidan el disfrute de este derecho fundamental. ¿Es preciso recordar que el acatamiento de los derechos humanos es de carácter obligatorio para los Estados y no facultativo?

Pedimos encarecidamente que en el seno de la Subcomisión se lleve a cabo un estudio sobre la incidencia del librecambio de los acuerdos del GATT y de la OMC sobre los derechos humanos, en el sector agrícola en particular.