«Il n‘y a pas un monde développé et un monde sous-développé, mais un seul monde mal développé»
En el marco de la 52a sesión del Consejo de derechos humanos de la ONU, el Presidente-Relator del Grupo de trabajo inter-gubernamental encargado de elaborar el Tratado vinculante sobre empresas transnacionales (ETNs) y derechos humanos, el nuevo embajador de Ecuador ante la ONU, Sr. Cristian Espinosa Cañizares, presentó el informe de la 8a sesión de dicho Grupo de trabajo que se realizó en octubre 2022. Ante las ultimas estrategias de descarrillar el proceso, provocadas por la Presidencia ecuatoriana y avaladas por sus aliados, la Campaña Global para reivindicar la soberanía de los pueblos, desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad (Campaña Global) intervino en el debate, reiterando la necesidad de re-encaminar el proceso para cumplir con su mandato original.
Parte de esta estrategia fue la presentación unilateral de parte de la Presidencia, sin mandato de parte del Grupo de trabajo inter-gubernamental, de nuevas propuestas de texto sobre la mesa de negociación antes del comienzo de la 8a sesión de octubre 2022, socavando el tercer borrador de tratado revisado, fruto de las negociaciones inter-gubernamentales. Propuestas que, como resaltado por Pablo Fajardo de la Union de Afectadas/os por Chevron-Texaco (UDAPT, miembro de Amigos de la Tierra Internacional), “debilitan las disposiciones del futuro tratado y cuestionan los acuerdo tomados”. Es evidente que el Presidente pretende diluir y comprometer el contenido del futuro tratado con la inclusión de sus nuevas propuestas.
La Misión permanente de Namibia ante la ONU hizo una intervención en la misma linea de la Campaña Global, afirmando que “el estatuto y objetivo de las “propuestas informales de la Presidencia” no quedan claros a pesar de los llamados hechos por el Grupo africano y otros países”. Debido a estas preocupaciones, estas propuestas de texto deberían “ser retiradas”, sugirió la delegada de Namibia, y el tercer borrador revisado ser “la única base para las negociaciones”.
En su discurso, el Presidente del Grupo de Trabajo indicó que en los próximos meses se celebrarán consultas informales inter-sesionales “para intentar hacer avanzar las negociaciones” sobre el futuro tratado. Parece que la Presidencia también pretende excluir de las consultas intersesionales a los movimientos sociales y a las comunidades afectadas. Esto es una muestra más de la línea adoptada por el gobierno ecuatoriano de avanzar hacia un tratado sin incluir las perspectivas de las comunidades afectadas, sino incorporando las propuestas de los estados y entidades que defienden los intereses de las ETNs.
A este respecto, en su mensaje video, Antonio Salvador, representante de Asian Task Force para el Tratado vinculante, subrayó que “sólo con la participación plena y significativa de los movimientos sociales, los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil (OSC) podrá reflejarse y abordarse la experiencia de estos trabajadores en un instrumento jurídicamente vinculante. Por lo tanto, instamos a la Presidencia a que garantice la transparencia y mecanismos efectivos de consulta con las OSC en el marco del próximo periodo intersesional”.
Nonhle Forslund, de Amadiba Crisis Committee de Sudáfrica, recordó que el foco del Tratado vinculante debe mantenerse en las ETNs, y no cualquier tipo de empresa. Nonhle enfatizó que “en la mayoría de los casos, nuestros tribunales son incapaces de procesar a las ETNs”. Como sabemos, desde el principio, la estrategia del poder corporativo y de sus aliados políticos ha sido de demandar que se extienda el alcance del Tratado a todo tipo de empresa. Una clara estrategia de diversión del foco del problema.
En este sentido, es muy preocupante la “aclaración” sobre la cuestión del ámbito de aplicación realizada en las Directrices de las consultas intersesionales publicadas por la Presidencia el 23 de marzo de 2023. En efecto, la afirmación de que “los Estados deben aceptar que el instrumento se aplique a todas las empresas y actividades comerciales” es inaceptable, ya que viola flagrantemente el mandato original establecido por la Resolución 26/9. Un nuevo intento de socavar el carácter democrático del proceso, haciendo caso omiso de las posiciones expresadas por numerosos Estados, expertas/os, organizaciones y movimientos de la sociedad civil y de las comunidades afectadas.
En su declaración, Nonhle también reiteró la necesidad de reconocer el “Derecho de decir NO” para las comunidades ante los proyectos corporativos, así como la firme oposición de la Campaña Global a todo intento de captura corporativa del proceso.
Finalmente, Samuel Geith, representante del CETIM, resaltó que “los movimientos sociales, las comunidades afectadas y los Estados comprometidos con un tratado vinculante reclaman un instrumento eficaz cuyo contenido aborde los retos planteados por las ETNs y colme las lagunas jurídicas existentes”, llamando a los Estados miembros de la ONU a participar de manera constructiva en las negociaciones.
Es necesario retomar el rumbo original de este proceso histórico, tal y como definido por la Resolución 26/9, defendiéndolo de los ataques e instrumentalizaciones. El Tratado vinculante debe responder a las reivindicaciones de los y las afectadas, de los movimientos sociales, de las clases populares que luchan en contra de la impunidad de las ETNS. La Campana Global continuara su lucha para cumplir con estos objetivos, en un sentido de justicia ambiental y social.
