La concentración de tierras en Brasil : una política de la pobreza

El problema de la tierra y su desigual reparto está en el corazón de las problemáticas de los derechos económicos, sociales y culturales y del derecho al desarrollo en numerosos países del Sur. En efecto, la imposibilidad de acceder a los recursos productivos no es ajena al problema de la extrema miseria en que están sumidos cientos de millones de campesinos en el mundo.

En numerosos países, el problema de la reforma agraria se plantea en vano frente a poderes económicos y políticos hostiles a la redistribucion de la tierra, o incluso favorables a una concentración que beneficia a las familias ricas y a las empresas extranjeras que tratan de establecerse en un país con el mínimo de gastos donde puedan contar con una mano de obra lo más barata posible, dispuesta a aceptar las más injustas condiciones de trabajo.

El Centro Europa-Tercer Mundo (CETIM) quiere poner de relieve que las consecuencias de ese desigual reparto de la tierra sobre todos los derechos del hombre es tema de preocupación mayor para las organizaciones de la sociedad civil de muchos países “en desarrollo”. Hay que subrayar que el mantenimiento de la concentración de tierras afecta no sólo a los derechos económicos, sociales y culturales, sino también a los civiles y políticos.

Por una parte, el fenómeno de la concentración de la tierra conlleva la pobreza y una precarización de las condiciones de vida de los pueblos. Al excluir a una gran parte de los ciudadanos, se les niega sus derechos económicos y sociales: derecho a la alimentación, derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a condiciones de trabajo justas y favorables, derecho a un estimable nivel de vida, etc.

Por otra, las acciones de resistencia civil frente a condiciones económicas y sociales adversas son duramente reprimidas por el poder establecido, en flagrante violación de sus derechos civiles y políticos.

En Brasil, exclusión y represión van a la par

Brasil padece una concentración extrema de la tierra en manos de los grandes propietarios: 2,8% de los terratenientes posee más del 56% de las tierras agrícolas, y el 1% de las explotaciones agrícolas ocupa el 45% de la superficie total. Además, el 50% de los pequeños propietarios, que no dispone más que del 2,5% de la superficie, ocupa alrededor de dos tercios de la población rural.

Ante la imposibilidad absoluta de justificar su política de exclusión, las fuerzas en el poder atribuyen frecuentemente a los fenómenos naturales toda la responsabilidad de las catástrofes humanitarias que se producen, al igual que otros gobiernos, como, por ejemplo, en el caso del Huracán Mitch[1], que ya hemos denunciado. Sin embargo, si las fuerzas de la naturaleza afectan en mayor medida a las poblaciones que viven en condiciones difíciles, ello se debe precisamente a que las políticas discriminatorias favorecen la deterioración de las condiciones de vida de las capas desfavorecidas de la población, haciéndolas más vulnerables a la acción de los elementos naturales, como inundaciones, sequía, invasión de insectos, etc.

¿Qué es lo que reprocha la sociedad civil al gobierno brasileño en el problema de la tierra?

A pesar de la existencia del “Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria” (INCRA) y de las promesas de los distintos gobiernos de abordar el problema de la redistribución de la tierra, son muy pocas la medidas reales tomadas para intentar el cambio de la situación. Aunque la extensión de la tierra es enorme, numerosos pequeños productores campesinos carecen de tierras y de recursos. Brasil posee un área territorial de 850 millones de hectáreas, de las cuales 390 millones son consideradas por el INCRA como adecuadas para la agricultura y la ganadería. Pese a ello, el 31% de esta tierras permanece sin explotar.

El gobierno alega principalmente que la expropiación de tierras es un proceso caro y lento, y que su economía no le permite la compra de las tierras a los grandes propietarios. En efecto, la presión de los grandes terratenientes sobre el gobierno y su presencia en el seno mismo de las altas instancias brasileñas obliga al gobierno a pagarles enormes indemnizaciones.

Frente a esto, la sociedad civil, compuesta de numerosas ONG, cooperativas, asociaciones de campesinos y movimientos rurales, propone otro modelo de reforma agraria, basado en el respeto a los derechos humanos y no en los intereses económicos de los poderosos, reforma que ha sido muchas veces propuesta y jamás realizada.

Estos movimientos alegan, entre otras, las siguientes razones:

En primer lugar, muchos títulos de propiedad carecen de auténtica legitimidad; en muchos casos no son sino consecuencia de arreglos políticos ilegales. Por ello, habría que aclarar a nivel gubernamental el origen de ciertas propiedades, en gran parte gigantescas.

Por otro lado, en la mayoría de esas propiedades hay grandes zonas por completo inexplotadas. En efecto, numerosos propietarios no trabajan esas tierras, de las que en realidad no son propietarios más que de nombre.

Al parecer de muchos, no es legítima ni se justifica de ningún modo la compra de tales tierras a los grandes terratenientes para su posterior atribución y habría que basarse en criterios objetivos para determinar a quién pertenecen verdaderamente. La expropiación por el Estado de las tierras ilegítimas y/o inutilizadas permitiría una redistribución equitativa entre los campesinos más necesitados.

El poder establecido no tiene en cuenta estas proposiciones y alega la carencia de medios para ayudar a los pobres, lo cual está en contradicción con el compromiso oficialmente adquirido al ratificar los diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos.

El Banco de Tierras del Banco Mundial

El gobierno brasileño, siguiendo la lógica de la primacía del mercado y las ideas ultraliberales de la mundialización, descarta la idea de la expropiación de esas inmensas extensiones de tierra, acaparadas y en gran parte no utilizadas por los grandes terrateniendes.

Para ello, cuenta con el apoyo del Banco Mundial, que ha propuesto un programa llamado “Cédula de la tierra”, que tuvo comienzo en 1997 y cuya finalidad es ofrecer ayuda financiera a los campesinos sin tierra para que compren directamente sus pequeñas propiedades a los propietarios.

Este programa, presentado como muy ventajoso para los modestos campesinos, es, pese a todo, vivamente criticado por la sociedad civil brasileña, que lo considera una trampa, en la medida en que se trata de una respuesta inapropiada del Gobierno para eludir con ella el establecimiento de una verdadera reforma agraria que figura en la Constitución de 1988.

Por una parte, con este programa el Gobierno reconoce implícitamente la legitimidad de la propiedad de la tierra tal como existe actualmente en Brasil; y, por otra, al hacer que los campesinos paguen ellos mismos sus tierras con la ayuda de un préstamo que se presenta como una ayuda de la comunidad internacional (BM) y de las propias autoridades nacionales, elude el compromiso formal de la redistribución de las tierras, descartando deliberadamente la reforma agraria en nombre de la lógica del mercado.

Por otro lado, el programa favorecería el endeudamiento de los pequeños campesinos y no ayudaría en nada a mejorar su situación actual. Además, el hecho de no ser ya la reforma agraria de la incumbencia de las autoridades, permitiría a éstas descargarse de sus responsabilidades en ese terreno, encauzándolas hacia el sector privado.

Las principales críticas hechas por las organizaciones populares son las siguientes:

– Al mismo tiempo que el Banco Mundial anunciaba la transferencia de 360 millones de dólares anuales en favor del Banco de Tierras, el gobierno del presidente Fernando Cardoso suprimía los 700 millones de reales destinados a la reforma agraria (1 $ = 1’8 reales).

– Si los agricultores aceptan este programa, pierden la posibilidad de beneficiarse de las subvenciones concedidas por las diferentes instituciones del país, ya sea PROCERA o el INCRA, que ponen a su disposición en tiempo normal créditos con carácter de estímulo. De este modo, no disponen de ninguna ayuda para poner en marcha su producción e ir amortizando las deudas contraídas para la compra de las tierras.

– El control de la tierra permanece en manos de los grandes terratenientes, ya que sólo habrá distribución de tierras en el caso de que el propietario quiera vender. Más aún, siendo éste quien decide qué tierras va a vender, ofrecerá sin duda alguna las de peor calidad.

– La legislación del Banco de Tierras prevé la constitución de asociaciones de los productores que participan en el programa, con lo cual, el programa tenderá a reforzar las alianzas electorales de la oligarquía rural del país, favoreciendo la sumisión política de los excluidos.

– Con la sustitución de la expropiación por la Cédula de Tierra, las autoridades del Banco Mundial recompensan a los grandes propietarios, puesto que recibirán en especie el precio de las tierras vendidas en lugar de los títulos de la deuda agraria, liquidables en 20 años.

– La extensión del programa a todo el territorio nacional dará lugar a un aumento sustancial del precio de la tierra, ya que los grandes propietarios se organizarán en cárteles con fines especulativos, aumentando los precios en cada localidad. Los trabajadores rurales sin tierra y los pequeños agricultores se verán así obligados a pagar la tierra a precios prohibitivos.

En resumen, la mayoría de la sociedad civil considera que el programa contribuirá a acrecentar la pobreza y no a combatirla, como pretenden el Banco Mundial y el Gobierno de Cardoso.

Resistencia democrática y represión

La situación de pobreza, injusticia y desigualdad en el seno de la sociedad rural brasileña ha dado lugar en estos últimos años a importantes movimientos de resistencia no violentos por parte de la población campesina. El Movimiento de los trabajadores rurales Sin Tierras (MST), por ejemplo, conocido a nivel internacional, realiza acciones orientadas sencillamente a la ocupación de las tierras no explotadas de los grandes terratenientes, cultivándolas y obteniendo así un medio de vida.

En la lucha por el respeto de sus derechos económicos, sociales y culturales, ignorados por la autoridad en el poder, los pequeños paisanos son víctimas de una fuerte represión en violación de sus derechos civiles y políticos: detenciones arbitrarias, torturas, violaciones, ejecuciones sumarias, masacres, etc.

Esto ocurre sobre todo en el caso de las “evacuaciones” de las tierras ocupadas por los sin tierra, donde tiene lugar todo tipo de abusos. Pero la represión se ejerce también en la vida cotidiana contra los miembros del MST y otros movimientos reivindicativos: detenciones, torturas, etc.

Desde 1985 a 1997, 1.003 campesinos han sido asesinados en el país. De todos ellos, sólo 56 han sido objeto de un procedimiento penal y muy pocos han sido juzgados. La impunidad es casi absoluta.

El colmo de la violencia se dio en las masacres de Corumbiara (9 de agosto de 1995) y Eldorado de Carajas (17 de abil de 1996). En el primer caso, 11 campesinos resultaron muertos en la evacuación del terreno por la policía militar. Numerosas personas fueron torturadas y humilladas y 90 personas gravemente heridas. En el segundo caso, 19 personas fueron asesinadas.

Para 1998, se dispone de los siguientes datos: 32 trabajadores asesinados, 142 trabajadores encarcelados, 20 personas torturadas en la región de Tocantins, diferentes casos de tortura en otras regiones, todo ello en relación con el Movimiento de los Sin Tierra, sin contar las violencias, amenazas y frecuentes ataques de todo orden de que son víctima los campesinos por parte de la policía militar. Las violencias son particularmente graves en las evacuaciones nocturnas ilegales, en especial en el Estado del Paraná durante este año.

Todavía hoy en día más de 60.000 familias viven en campamentos, en flagrante violación de la Constitucion brasileña. Muchas de ellas viven así desde hace 10 años².

Enfrentándose a una real presión nacional e internacional sobre el problema de la tierra, el gobierno brasileño trata, por una parte, de desacreditar el Movimiento de los Sin Tierra, que cuenta con bastante apoyo popular, y, por otra, de camuflar el abandono de la reforma agraria mediante el programa del Banco de Tierras, llevado a cabo conjuntamente con el Banco Mundial.

El programa, puesto en marcha sin consulta alguna con los ciudadanos concernidos (organizaciones rurales, comunidades indígenas y afro-brasileñas, trabajadores de las plantaciones, etc.), como debería ser, pone en evidencia la persistancia del Banco Mundial en la imposición de proyectos inadaptados, en connivencia con los grupos privilegiados del sur del país; en este caso, un modelo extraño a la idiosincrasia nacional, no desarrollado por las organizaciones democráticas locales.

Pedimos insistentemente a la Sucbcomisón de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías que interceda ante el Gobierno de Brasil a fin de que éste último respete el Pacto internacional relativo a los derechos económicos, sociales y culturales y, en particular, el artículo 11, que establece, entre otros, “el derecho de toda persona a un nivel de vida suficiente … y (la necesidad) de la reforma de los regímenes agrarios…”, así como las disposiciones del Pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos.