«Il n‘y a pas un monde développé et un monde sous-développé, mais un seul monde mal développé»
COMUNICADO DE PRENSA
Ginebra, 8 de mayo de 2023 – El Movimiento para la Reforma Agraria y la Justicia Social (Kilusan para sa Repormang Agraryo at Katarungang Panlipunan / KATARUNGAN), el CETIM, FIAN Internacional, Transnational Institute (TNI), y Focus on the Global South presentaron hoy una denuncia ante los mecanismos de protección de los derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU) para alertar sobre la persecución de las y los campesinos filipinos que abogan por la justa aplicación del programa de reforma agraria del gobierno y piden reparación por las violaciones de sus derechos.
En los últimos años, el movimiento campesino filipino se ha enfrentado a numerosas amenazas contra sus derechos fundamentales a la tierra, la vida, la vivienda, los medios de subsistencia y las libertades básicas. Un desafío flagrante ha sido la criminalización continua y sistemática de sus movimientos mediante la presentación de cargos falsos por parte de terratenientes, reclamantes influyentes y empresas y sus agentes. El principal objetivo de estas Demandas Estratégicas contra la Participación Pública (SLAPP, por sus siglas en inglés) disfrazadas de demandas civiles o penales es sembrar el miedo y silenciar la disidencia, incluidos las y los campesinos que reclaman sus derechos. La criminalización sistemática de los movimientos rurales populares se traduce en una mayor pobreza y marginación de las comunidades campesinas a través del desplazamiento físico y económico hacia un futuro de incertidumbre.
Las y los campesinos criminalizados y sus familiares sufren una grave ansiedad y angustia mental. En la mayoría de los casos, no tienen acceso a profesionales del derecho de su elección y se ven agobiados por el elevado coste de los litigios, que absorbe los recursos que necesitan para satisfacer sus necesidades básicas, como la alimentación, la vivienda, la ropa y la educación de sus hijos. El miedo a la detención y la pérdida real de libertad por encarcelamiento provocan dificultades económicas incalculables y la pérdida de la dignidad básica. Además, los medios de comunicación de pago a menudo vilipendian a las y los campesinos criminalizados y deslegitiman sus reivindicaciones de derechos.
A pesar de que la reforma agraria y la justicia social están consagradas en la Constitución filipina y legisladas en leyes nacionales, la criminalización continua y sistemática del movimiento campesino refleja que las instituciones judiciales son incapaces de extender las garantías básicas del debido proceso y de un juicio justo y rápido. La débil y lenta aplicación de las políticas agrarias en favor de las comunidades vulnerables ofrece a menudo a los actores contrarios a la reforma agraria, como los terratenientes y las empresas, el espacio y la oportunidad de presentar cargos penales inventados para acosar a los campesinos y aplastar sus reclamaciones de derechos a la tierra. La detención y criminalización de líderes campesinos -que a menudo son los principales objetivos de acusaciones inventadas- crea una atmósfera de miedo entre los pueblos y las comunidades y sirve para disuadir a los campesinos de hacer valer sus derechos, así como una severa advertencia de que tales afirmaciones podrían llevarles a la cárcel.
En este contexto, el movimiento y las organizaciones mencionadas solicitaron la intervención de los mecanismos de la ONU para abordar la situación de las y los campesinos filipinos, investigando estas preocupaciones y llevando a cabo un diálogo con el gobierno filipino para garantizar la protección de los derechos campesinos. Además, la queja pide al gobierno filipino que cumpla sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, en concreto la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales (UNDROP). Esto implica poner fin a la criminalización de los campesinos, acelerar la aplicación de la reforma agraria e impedir el acaparamiento de tierras mediante la promulgación de una ley nacional de uso de la tierra y la aplicación justa de los planes de uso de la tierra.
Descargar el comunicado de prensa en inglés
CONTACTOS:
Danilo T. Carranza Secretario General, Kilusan para sa Repormang Agraryo at Katarungang Panlipunan (KATARUNGAN) E-mail: danny.carranza@gmail.com y katarungan.inc@gmail.com
Raffaele Morgantini Representante del Centre Europe Tiers Monde (CETIM) – organización con estatus consultivo ECOSOC en la ONU E-mail: contact@cetim.ch y raffaele@cetim.ch / Website: www.cetim.ch
Raphael Baladad Oficial de Programas, Focus on the Global South Correo electrónico: raphael.baladad@focusweb.org / Página web: www.focusweb.org
