La crisis social y política de Perú bajo la lupa de la ONU

En diciembre de 2022, tras la destitución y detención del presidente Pedro Castillo, líder sindical procedente de círculos campesinos progresistas, Perú vio resurgir sus divisiones históricas ―étnicas, culturales, geográficas y sociales― con una violencia sin precedentes. La represión sangrienta y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos han caracterizado el día a día de la protesta social, provocando una crisis sociopolítica generalizada. El CETIM ha trabajado porque los mecanismos y órganos de la ONU entren en acción y, de esta manera, poder seguir de cerca la crisis y servir como espacio de reivindicación para las víctimas de la violencia y los movimientos sociales que luchan por la justicia social.

Desde el 7 de diciembre de 2022, masivas manifestaciones contra el gobierno provisional peruano tomaron las calles del país, convocadas y dirigidas principalmente por organizaciones sindicales, campesinas e indígenas. La represión gubernamental de las protestas se saldó con al menos 60 muertos, innumerables heridos, desapariciones y detenciones arbitrarias… Sin embargo, cabe destacar que las manifestaciones fueron en su mayoría pacíficas y se centraron en reivindicaciones legítimas: el restablecimiento del orden institucional democrático, la dimisión del presidente de facto, la convocatoria de una Asamblea Constituyente libre y soberana, y justicia y reparación para los familiares de los asesinados.

Ante esta situación, el CETIM ha comenzado a trabajar con los movimientos sociales peruanos para llevar el asunto ante las instancias de la ONU. En enero de 2023, la dirigente campesina indígena Lourdes Huanca, fundadora y presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP), visitó Ginebra en el marco de una gira europea para denunciar la brutalidad del gobierno peruano y exigir justicia. Toda una serie de actividades y reuniones fueron la oportunidad para que Lourdes Huanca se dirigiera a la ONU y demostrara el bloqueo del sistema judicial nacional y, con ello, pedir la activación de los mecanismos de la ONU como vía alternativa de recurso de cara al dominio del poder ejecutivo sobre el sistema judicial peruano.

Preocupados por la situación en el país, el CETIM, la FENMUCARINAP, la Red Whipalas y la asociación Quinto Suyo – Perú, con sede en Ginebra, elaboraron y presentaron una denuncia ante varios mecanismos de derechos humanos de la ONU (en particular a los procedimientos especiales de la ONU). La queja se dirige a los mecanismos de la ONU especializados en la situación de los defensores de los derechos humanos, las ejecuciones extrajudiciales, la libertad de asociación y reunión pacífica, los derechos de los pueblos indígenas, las formas contemporáneas de racismo y la violencia contra las mujeres.

Esta acción ha dado sus frutos, ya que los mecanismos mencionados han pedido cuentas al gobierno peruano por las violaciones denunciadas. Véase la interpelación.

En mayo de 2023, el gobierno peruano respondió a la remisión, mediante la presentación de una extensa respuesta a la denuncia.

La respuesta está siendo analizada por nuestras organizaciones. En caso de una respuesta insatisfactoria y/o parcial, o una respuesta que no atienda las demandas en términos de acceso a reparación, justicia y garantías de no repetición, volveremos a iniciar el procedimiento con los procedimientos especiales. Las violaciones de derechos humanos no deben quedar impunes.

La situación en el país sigue siendo alarmante. Con el sistema judicial bajo el control del ejecutivo, el acceso a la justicia sigue bloqueado y continúa la represión de los movimientos sociales. Mientras tanto, la camarilla política en el poder, la más estrechamente vinculada al poder empresarial, aprovecha la crisis para impulsar su programa neoliberal depredador en beneficio de las empresas transnacionales (ETN). Como resultado, se están negociando rápidamente nuevas concesiones para explotar los recursos naturales del país y se están entregando a las empresas transnacionales. Además, un nuevo proyecto de ley, que se debate actualmente en el Parlamento, pretende derogar las pocas leyes que protegen los derechos de los pueblos indígenas con el claro objetivo de entregar la riqueza de sus territorios ancestrales a las transnacionales.