La OMC pilar del sistema comercial depredador

El 11 de junio de 2022, la Vía Campesina y un gran número de organizaciones y movimientos sociales organizan una manifestación internacional para denunciar las políticas neoliberales promovidas por la OMC y sus impactos sobre el campesinado.

En el marco de esta movilización, el periódico Vorwärts y su homólogo francófono Voix populaire entrevistaron a Raffaele Morgantini, del CETIM, para hablar del trabajo entre bastidores de esta organización internacional.

¿Podrías presentar brevemente el trabajo del CETIM y en qué medida está relacionado con la OMC?

Raffaele Morgantini: El CETIM es un centro de investigación y acción sobre las relaciones norte-sur, para la promoción de los derechos humanos y de la solidaridad internacional, con vistas a establecer un orden internacional democrático y equitativo en el que cada persona, comunidad y país tenga su lugar. Trabajamos en temas de desarrollo, especialmente en el contexto del llamado “mal desarrollo” al que se enfrentan nuestras sociedades.

Esto nos obliga a examinar los mecanismos que están detrás de este mal desarrollo generalizado, siempre desde un punto de vista de base y en el interés de la clase obrera.

En este contexto, la Organización Mundial del Comercio (OMC) desempeña un papel importante como pilar del sistema comercial dominante, injusto y depredador. Esa es la razón por la que nos interesa esta organización, naturalmente.

Repasemos los más de 27 años de historia de la OMC. Hemos visto un movimiento antiglobalización muy fuerte, una reunión de actores muy diversos. El entusiasmo tanto de los partidarios como de los detractores de la OMC ha disminuido. ¿Cuáles son las consecuencias de la OMC con las que todavía tenemos que lidiar hoy en día (por ejemplo, la monopolización de bienes en el mundo)? ¿Y en qué debería centrarse fundamentalmente el movimiento contra la OMC?

Desde su creación en 1995, la OMC se ha convertido en una de las fuerzas motrices de la ofensiva neoliberal de las élites gobernantes contra el pueblo. Es un instrumento al servicio de las grandes potencias occidentales para promover la mercantilización desenfrenada de todos los sectores de actividad de nuestras sociedades; fuerza la apertura de los mercados y la privatización de los servicios públicos. Es una forma de establecer la omnipotencia del capitalismo neoliberal, en detrimento de otros modelos de desarrollo y formas de concebir el comercio internacional. O, lo que es lo mismo, consolidar a todos los niveles la filosofía de la búsqueda inmediata y constante de la maximización de los beneficios para las comunidades empresariales dominantes –y en particular las empresas transnacionales y las instituciones financieras– en contraposición a los modelos colectivos de distribución de la riqueza basados en la solidaridad mutua. El objetivo declarado de la OMC es “regular el comercio internacional”. Sí, pero al antojo de las principales potencias.

Por lo que respecta a las consecuencias perjudiciales de la OMC, son múltiples en función del ámbito y el sector de actividad. En el ámbito de las actividades del CETIM, nos interesan especialmente dos temas:

En primer lugar, la cuestión de la agricultura. La liberalización de los mercados agrícolas es uno de los principales puntos de la OMC. En todas sus conferencias ministeriales, la OMC ha defendido y se ha comprometido a promover la liberalización y la desregulación de los mercados agrícolas de sus países miembros, en detrimento de la soberanía de los Estados y de los pueblos sobre este sector, esencial para el bienestar general. La principal consecuencia de los acuerdos de la OMC sobre la agricultura es sencilla: los gobiernos se ven obligados a eliminar toda la protección de los mercados agrícolas nacionales y todo el apoyo a su campesinado, debilitándolo aún más (sus recursos son a menudo insuficientes para satisfacer sus necesidades). De este modo, los grandes terratenientes y las empresas transnacionales del agronegocio se están apoderando de los mercados nacionales como resultado del despojo de las comunidades campesinas.

En segundo lugar se encuentra la cuestión de la propiedad intelectual. En este sentido, el acuerdo de la OMC sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) resulta muy problemático para los pueblos y países del sur, ya que extiende la alfombra roja a las empresas transnacionales para que impongan regímenes de propiedad (patentes) a todo tipo de producción, incluidos los seres vivos, en beneficio de estas empresas y sus accionistas. A través de estos mecanismos perversos, estas entidades se apropian indebidamente de los recursos, conocimientos y prácticas tradicionales de los pueblos y comunidades. Además, al patentar ciertos conocimientos, las empresas –farmacéuticas y agroalimentarias, por ejemplo– los monopolizan para desarrollar medicamentos o semillas y venderlos en los mercados mundiales, a menudo a precios inasequibles para las personas y comunidades despojadas por esas mismas empresas. Podemos llamarlo con seguridad biopiratería.

Los movimientos sociales y todas las organizaciones comprometidas en la lucha por cambiar el mundo deben seguir abordando las cuestiones vinculadas a la OMC, para desentrañar sus entresijos y adquirir los medios necesarios para avanzar hacia modelos alternativos. Ahora más que nunca, se necesita una revisión estructural de la Organización Mundial del Comercio, para poder construir una organización solidaria, democrática y al servicio de las personas.

La OMC agrupa tres acuerdos comerciales fundamentales. ¿Cuáles son las principales características de estos acuerdos y cuál es el estado actual de los debates?

En cuanto a las características de los acuerdos de la OMC, creo que ya he respondido a esta cuestión en la pregunta anterior.

Por lo que respecta al estado actual de las discusiones, hay que recordar que las negociaciones están estancadas desde hace varios años. Sin embargo, los acuerdos antiguos siguen vigentes y continúan su cruzada, causando un enorme daño a nivel mundial. Además, los acuerdos de la OMC influyen negativamente los acuerdos bilaterales de comercio e inversión, haciéndolos con ello aún más agresivos.

Precisamente en este punto, también han surgido varios acuerdos bilaterales de libre comercio como resultado de la parálisis de la OMC. ¿Cuáles son sus principales características y qué efectos negativos observas?

En la misma perspectiva de liberalización y desregulación del comercio internacional, la OMC ha permitido la proliferación de los acuerdos de libre comercio (bilaterales o multilaterales).

Las empresas transnacionales utilizan estos acuerdos de libre comercio para imponerse, ganar cuotas de mercado y defender sus intereses. Son la piedra angular del poder de estas entidades y sus aliados políticos.

Un elemento que puede ayudarnos a entender la forma en que estos instrumentos respaldan los intereses de las transnacionales es la existencia de los tribunales de arbitraje privados. Estos tribunales desempeñan un papel fundamental en la arquitectura jurídica transnacional, ya que garantizan de forma coercitiva y efectiva la seguridad jurídica de las inversiones realizadas por las transnacionales frente a los Estados. Para ello, los acuerdos de libre comercio suelen incluir la obligación de someter a arbitraje los litigios entre los Estados y los inversores extranjeros. De este modo, las empresas transnacionales pueden emprender acciones legales contra un Estado en particular si consideran que este obstaculiza sus intereses comerciales.

Al someterse a las disposiciones de estos acuerdos, los Estados renuncian a una prerrogativa fundamental de su propia soberanía, a saber, la competencia territorial de los tribunales nacionales. Los tribunales de arbitraje privados constituyen así una especie de sistema paralelo a los sistemas judiciales “oficiales”, creando de facto una especie de nuevo marco jurídico privado, erigido en función de los intereses de las empresas transnacionales y que garantiza la primacía de los derechos de estas entidades. En otras palabras, podemos decir que estos acuerdos de libre comercio socavan la soberanía popular, la democracia y también las normas y mecanismos jurídicos institucionales (tanto nacionales como internacionales) cuya función es defender los sistemas alimentarios y agrícolas fundados en la justicia social y climática.

Y, por último, el CETIM también representa una fuerte alternativa y una visión de una mejor práctica de intercambio. ¿Podrías presentárnoslo?

En un mundo “finito” en cuanto a recursos naturales y con niveles de interdependencia tan elevados, no es posible seguir apostando por el comercio de esta manera, basado en un orden internacional competitivo y desigual que refuerza el poder de las transnacionales sobre nuestras sociedades.

El modelo imperante está engendrando la desarticulación del tejido social y ecológico, la deforestación, la destrucción de la biodiversidad y la profundización de las desigualdades dentro de los países y entre ellos. Debemos abogar por una inversión de las relaciones sociales de producción, por nuevas prácticas de intercambio basadas en la solidaridad, por una economía deslocalizada y planificada en función de las necesidades de todos.

¿Qué papel e importancia atribuyes a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos (UNDROP)?

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y otras Poblaciones Rurales es un instrumento histórico y un marco jurídico de gran importancia para cualquier proyecto que pretenda una revolución progresiva de nuestras sociedades y de nuestros sistemas alimentarios y agrícolas. Opino que no es exagerado subrayar el carácter transformador y emancipador de esta Declaración, siempre que los titulares de estos derechos (campesinos y otras comunidades rurales) se apropien de ellos.

La importancia de este instrumento puede medirse según tres elementos principales:

En primer lugar, debemos recordar que la Declaración es el primer instrumento jurídico internacional que consagra, a nivel de derecho internacional, normas que protegen específicamente los derechos y las necesidades generales de las poblaciones rurales. Se trata, pues, de un instrumento concreto de lucha en manos de la población rural y sus aliados, un instrumento jurídico al servicio de la lucha política para cambiar los sistemas alimentarios y agrícolas.

En segundo lugar, responde a las legítimas y apremiantes demandas de la población rural: poder vivir y trabajar en condiciones dignas, con respeto a sus derechos fundamentales, y al mismo tiempo poder controlar el proceso de producción y comercialización de sus productos. Esto es lo que les han robado las políticas neoliberales promovidas por la OMC (y otras instituciones financieras como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los bancos comerciales y de inversión).

En tercer lugar, hay que destacar el carácter progresivo de la Declaración. Sus artículos y disposiciones pretenden promover la agricultura campesina y la justicia social y climática en las zonas rurales, en oposición al sistema actual que las subordina a los intereses de las empresas transnacionales del agronegocio. Además, la Declaración es un instrumento construido desde abajo en una perspectiva de cambio social y económico, una herramienta concebida por y para el mundo rural, teniendo siempre presente la necesidad de encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico y social del campesinado y el de las zonas urbanas.

Si se usa correctamente, se respeta y se aplica, la Declaración será un verdadero vector de cambio social en las zonas rurales. Una vez más, su aplicación depende de la capacidad del movimiento campesino y de sus aliados para construir un movimiento colectivo que trabaje por este objetivo. Pero tenemos buenas esperanzas para el futuro, porque conocemos la fuerza y la capacidad de movilización y articulación del movimiento campesino internacional.

Entrevista realizada por Mathias Stalder, Uniterre

Entrevista publicada en Voix Populaire en junio de 2022.

Entrevista en “Vorwärts” en mayo de 2022 (en alemán).