La situación de los desplazados por la guerra en Chiapas. El caso acteal

Desde 1995, la presencia y acción de militares y grupos paramilitares en las comunidades indígenas chiapanecas han provocado que poblaciones enteras abandonen sus lugares de origen y vivan en campamentos improvisados, en donde su subsistencia es cada vez más difícil. El éxodo masivo ocurrido en el municipio de Chenalhó, en los Altos de Chiapas, es uno de los ejemplos más graves de esta situación. Después de la masacre de 45 personas a manos de paramilitares el 22 de diciembre de 1997, familias de varias comunidades de este municipio abandonaron sus casas y sus tierras temerosas de correr la misma suerte. Unos 8 mil desplazados se instalaron en 8 campamentos en la comunidad de Polhó, donde han permanecido desde entonces por temor a ser agredidos por los paramilitares que siguen ocupando las comunidades y actuando con impunidad.

La pérdida total de medios de producción de alimentos básicos es uno de los problemas más asfixiantes que padecen los desplazados, pues no tienen posibilidad de procurarse ellos mismos las cantidades necesarias en las condiciones que viven actualmente. Los alimentos básicos (maíz y frijoles) apenas existen y tan sólo la ayuda de la solidaridad nacional e internacional abastece a duras penas a la población de refugiados. El temor a una hambruna generalizada se hace cada día más real e inmediato.

Las 8 mil personas refugiadas en Polhó provienen de las comunidades Los Chorros, Yabteclum, Puebla, La Esperanza, Acteal, Nueva Aurora Chica, Tulantic, Santa Martha, Chimix, Pechiquil, Yaxjemel, Tachquil y Tzajalakum. La población de Polhó está organizada en 8 campamentos, y cada campamento está compuesto por unas mil personas agrupadas de acuerdo a su lugar de origen.

La situación en la que viven los desplazados es de extrema pobreza. Sobreviven en casas de madera y techos de lámina, con un sistema higiénico sanitario prácticamente inexistente, donde la desnutrición, las infecciones gastrointestinales, respiratorias y urinarias, las diarreas o la parasitosis amenazan con una situación dramática a corto plazo.

Las comunidades refugiadas en los campamentos de Polhó tenían como principal actividad productiva la agricultura: cultivos de alimentos básicos (maíz, frijol, calabaza, etc.), así como el cultivo de café destinado a la venta. Al abandonar sus comunidades, los refugiados perdieron todo su patrimonio y posibilidades de producir sus alimentos.

Es importante mencionar además algunos factores que en el contexto político actual hacen ver cada vez más lejana la posibilidad de que los refugiados de Polhó regresen a sus lugares de origen. El retorno del grupo Las Abejas a sus comunidades, realizado a lo largo del segundo semestre del año 2001, ha sido presentado como un gran logro de las nuevas administraciones federal y estatal. Pero Las Abejas, víctimas directas de la masacre de Acteal, aclararon haber regresado a sus comunidades porque no soportaban ya las condiciones en que vivían como desplazados y que se trató de un “retorno sin justicia” porque los culpables de la matanza siguen libres y porque los paramilitares siguen en las comunidades. Sin embargo, en el discurso oficial se dice que la situación de los desplazados ha cambiado radicalmente y se ha pretendido ocultar que en Polhó permanecen 8 mil refugiados sin posibilidad de retorno.

Asimismo, la liberación en noviembre pasado de 6 de los paramilitares que efectuaron la masacre de Acteal, es vista por los desplazados de Polhó y por las propias Abejas como una clara señal de que la impunidad y los riesgos de un nuevo hecho violento siguen vigentes.

Debido a la situación antes descrita, desde 1998 los desplazados ubicados en Polhó han dependido de la ayuda humanitaria nacional e internacional para asegurar los alimentos básicos para su subsistencia. La Unión Europea, a través del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), ha proporcionado de manera regular algunos alimentos básicos para los desplazados. Hasta la mitad del año 2001, el CICR daba quincenalmente a cada familia desplazada una catidad suficiente de frijol, maíz, azúcar, aceite, sal y jabón. Sin embargo, desde hace unos meses esta institución redujo esa cantidad de alimentos al 50 por ciento.

El caso Acteal y los paramilitares
La liberación de seis paramilitares implicados en la masacre de Acteal confirma el fracaso de la Procuraduría General de la República en el proceso penal para demostrar la responsabilidad de los implicados. Ya antes fracasaron en su intento de someter a proceso a los miembros de Paz y Justicia, quienes fueron liberados semanas después de su detención.

Pensar que los implicados en la masacre de Acteal fueron liberados porque el Juez no evaluó debidamente las pruebas tiene poco sustento en este caso, porque si bien fueron absueltos seis también fueron condenados treinta y cuatro. Si el juez hubiera querido dejar impunes a los implicados los habría liberado a todos. Además el caso se irá a revisión y probablemente la resolución del Juez sea confirmada.

La liberación de los paramilitares desde luego que tendrá un impacto peligroso en la zona de Chenalhó -como sucedió en la zona Norte- porque los paramilitares regresan victoriosos y ostentando impunidad. De por sí la paz que construye el gobierno del Estado en la zona de Chenalhó se sustenta en dinero y pende de alfileres. El proceso de reconciliación comunitaria que exhibe el gobernador Pablo Salazar se basa en la compensación económica y apoyos para la producción sin hacer justicia, sin castigar a los paramilitares.

El castigo a los grupos paramilitares en Chiapas, requiere que la PGR lleve a cabo investigaciones profundas y someta a proceso no sólo a quienes actuaron directamente en los crímenes, sino también a quienes diseñaron, financiaron y sostienen a los paramilitares. Y este compromiso también lo debe asumir con hechos el gobierno del Estado, no sólo actuando en los delitos que son de su competencia, sino también coadyuvando en la investigación de la PGR.

La Reconciliación

Como se ha dicho antes, los grupos paramilitares que operan en el estado no han sido combatidos seriamente. El gobierno del Estado tiene responsabilidad en ello; Paz y Justicia cometió crímenes que le corresponde combatir al Estado, la mayoría son delitos que se persiguen de oficio; no obstante, el nuevo gobierno se lava las manos y dice que la lucha contra los paramilitares se encuentra en el ámbito de investigación de la Procuraduría General de la Republica. Cuando acudimos a esta instancia, nos dicen que el gobierno del Estado no está haciendo nada en su ámbito de competencia, que no investiga los delitos, que no colabora con la dependencia federal, que no muestra interés por castigar a Paz y Justicia.

La impunidad de que goza Paz y Justicia se entiende claramente en el contexto del proyecto de reconciliación que impulsa el gobierno del Estado. Hace en la zona norte lo que hizo Chenalhó: entregar dinero y apoyo para la producción a las víctimas para que retornen a los lugares de donde fueron desplazados, y publicitar estos eventos como la reconciliación comunitaria. A los paramilitares además se les ofrece impunidad por sus graves crímenes.

La pacificación que impulsa el gobierno de Pablo Salazar no es duradera, se sustenta en bases monetarias, no en la justicia. Durará tanto como alcance el dinero.

Por todo lo anterior, pedimos que se cumplan las siguientes recomendaciones:

– Cumplimiento inmediato e íntegro de los Acuerdos de San Andrés y continuación del proceso de diálogo y negociación entre el EZLN y el Gobierno Federal.

– Respeto al proyecto de iniciativa de reformas constitucionales de la COCOPA.

– Poner fin a la militarización y paramilitarización (regreso del ejército a sus cuarteles y desarme de los grupos paramilitares).

– Asegurar el libre acceso a la justicia y promover la lucha contra la impunidad por medio de acciones globales y no meramente simbólicas.

– Amnistía inmediata a los presos políticos.

– Retorno de los desplazados a sus comunidades de origen, con la devolución íntegra de sus pertenencias y con la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios sufridos.

– Fortalecimiento de los organismos de derechos humanos mexicanos y garantía de la presencia de organismos de carácter internacional así como el reconocimiento de un estatuto internacional

– del observador.

– La intervención de la Cruz Roja Internacional como medio de garantía de la asistencia humanitaria a la población debido al rechazo existente de la ayuda proveniente de organismos institucionales mexicanos.

– La designación de un relator especial de la ONU para México.

– El establecimiento de un mecanismo por parte de la Unión Europea de seguimiento de la “cláusula democrática y de derechos humanos”, la cual, si el “acuerdo de asociación económica, de coordinación política y de cooperación” firmado con México se hace vigente, debería permitir proceder a una verificación permanente de la situación de los derechos humanos en México.

– Dicho mecanismo, debería integrar a diferentes organizaciones sociales mexicanas e internacionales de defensa de los derechos humanos.