Intervención al tema 16. Exposicion escrita presentada por el CETIM.
“Le 27 mars 1996, le Coordonnateur général de la délégation du Mexique au dialogue pour la paix au Chiapas a exposé la situation qui prétendument prévaut dans cette région. Le CETIM souhaite porter à la connaissance de cette Assemblée une autre version des faits par le témoignage d’une militante des droits de l’homme qui vit, entend et observe, au quotidien, les conditions de vie d’hommes, de femmes et d’enfants au Chiapas. Je cède la parole à Marina Patricia Jimenez Ramirez, Secrétaire général du Centre des droits de l’homme “Fray Bartolomé de Las Casas”.
Señor Presidente,
Quisiera iniciar mi participación haciendo referencia a algunos hechos conocidos por ustedes, como han sido los asesinatos de Colosio, Ruiz Massieu, Cardenal Posadas y la detención en Suiza de la cuñada del expresidente Salinas De Gortari, como acontecimientos constatables de la corrupción, mafia e implantación de un régimen represor impuesto por los grupos de poder en México.
El primero de enero de 1994, con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se puso en evidencia la crisis social, política y económica que se vive en México, poniendo en evidencia el régimen represor caracterizado por transgredir la ley, violar los derechos humanos y mantener una situación de impunidad permanente.1
A dos años de haberse consumado los hechos de cinco ejecuciones sumarias en el mercado de Ocosingo, el caso de una fosa común, las ejecuciones del ejido Morelia en Altamirano así como tres mujeres indígenas violadas por elementos del Ejércitito Federal. A pesar de iniciarse averiguaciones previas, no se ha consignado a ningún responsable ni siquiera en aquellos casos donde las evidencias son contundentes y documentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Organismo Gubernamental).
El 9 de febrero de 1995 significó un parteaguas en el proceso de pacificación en Chiapas y en México, porque a la par de prometer diálogo, el Gobierno Federal inició una nueva ofensiva militar, girando órdenes de aprehensión contra presuntos líderes zapatistas, justificando la incursión de 40,000 miembros del Ejército Federal en territorio supuestamente controlado por el EZLN. Nuevamente hubo detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones, allanamientos al menos 30 comunidades indígenas lo cual ocasionó el desplazamiento de más de 20,000 personas a la montaña, además de obstruirse el libre tránsito en el estado de Chiapas sin haber suspensión de garantías individuales; violando evidentemente el procedimiento jurídico y constitucional y la promesa del gobierno de buscar una vía pacífica rompiendo la tregua de paz acordada.2
La problemática por la tenencia de la tierra ha incrementado las tensiones entre los indígenas y los grupos de poder económico y político en el estado, teniendose como consecuencia la implementación de mecanismos de represión que violan los derechos individuales y colectivos de diferentes sectores de la sociedad chiapaneca.
Este panorama se agudiza con el surgimiento de grupos de civiles armados que operan de manera abierta y en coadyuvancia con grupos policiacos y/o federales, los cuales son respaldados por autoridades federales y estatales, manteniendo a las comunidades indígenas en una situación de terror generada por secuestros, homicidios, enfrentamientos y persecuciones hacia la población que expresa su repudio al partido oficial el PRI.3
Vemos con indignación la falta de voluntad política de la delegación gubernamental en el diálogo para posibilitar que las negociaciones signifiquen una verdadera paz que alcance la justicia para las comunidades indígenas, al negarse a concretar acuerdos de las problemáticas centrales como son las de autonomía, jurisdicción indígena y tenencia de la tierra (causales originales del levantamiento indígena del EZLN), temáticas que no han tenido respuestas concretas de la delegación gubernamental.
¿Cómo hablar de justicia y democracia en México? Cómo hablar de voluntad política del Gobierno de México para negociar?, cuando vivimos una guerra de baja intensidad, una militarización en el estado de Chiapas y por lo tanto, no se puede hablar de distensión militar, de legalidad, de vigencia de garantías constitucionales, cuando no hay esclarecimiento ni castigo a los responsables de asesinatos políticos, ejecuciones extrajudiciales, prevaleciendo un estado de derecho que bajo una retórica ostentosa cuida su imagen hacia el exterior, viniendo a mentir ante ustedes haciendo una presentación parcial de la realidad, ocultando el sufrimiento de las comunidades indígenas y campesinas de Chiapas.4
El pueblo de México ya no cree en la palabra del Gobierno, una palabra débil como sus hechos, una palabra falsa como su actuación, una palabra prepotente que se traduce en represión, violencia y una guerra de baja intensidad.
Los aquí presentes tienen la responsabilidad histórica de defender los derechos individuales y colectivos, por eso no puedo ni debo dejar de manifestar la indignación que suscita que el Gobierno de México y sus voceros presenten un discurso vacío y ajeno de la realidad que vivimos en México y en particular de Chiapas. 5
Muchas Gracias.
1) Informe Semestral. En la Ausencia de Justicia. Julio a Diciembre de 1993. Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas"
2) Informe Preliminar de Violaciones a los Derechos Humanos en Chiapas del 9 de Febrero al 9 de Abril de 1995. Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas"
3) Informe. Zona Norte. El Otro Cerc. Octubre de 1995. Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas".
4) Informe Anual. Alzamos la Voz por la Justicia. Julio de 1994 a Junio de 1995. Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas".
5) Informe sobre la Situación General de los Derechos Humanos en la República Mexicana. Audiencia del 21 de Febrero de 1996 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todos"