Las “democracias liberales” contra la regulación vinculante de las empresas transnacionales

La 8ª sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de la ONU sobre empresas transnacionales, encargado de redactar un tratado vinculante sobre el respeto de los derechos humanos por parte de estas entidades, tuvo lugar en Ginebra del 24 al 28 de octubre en medio de una gran confusión y de una atmósfera tensa.

En el número 64 de nuestro boletín, ya habíamos planteado nuestra preocupación por las maniobras destinadas a desviar al grupo de trabajo de su objetivo. En esta 8ª sesión, estas maniobras no sólo han continuado, sino que se han acentuado.

En violación del mandato del Grupo de Trabajo y en total contradicción con el trabajo realizado hasta ahora, el Presidente de dicho Grupo (el Embajador de Ecuador en Ginebra) presentó unilateralmente nuevas propuestas de texto con el pretexto de “facilitar las negociaciones”. Esta acción estaba enfocada claramente hacia la modificación, debilitación y dilución del proyecto de tratado que estaba sobre la mesa (tercera versión revisada), imponiendo al mismo tiempo estas nuevas propuestas como documento básico alternativo para las negociaciones.

Esta maniobra no sólo generó confusión en las conversaciones posteriores, sino que también permitió a los poderosos opositores al proceso, que apoyaron esta desviación, cuestionar la elaboración de un tratado acorde con el mandato del Grupo de Trabajo. Este parece haber sido el efecto que pretendía la Presidencia, ya que el bando occidental en particular se refirió sistemáticamente a estas propuestas para deslegitimar el tercer proyecto de tratado revisado. Este último, a pesar de sus carencias, debidas a los intentos de diluir su contenido por parte de los detractores del proceso, es el resultado de varios años de debate en el seno del Grupo de Trabajo y sigue siendo el único documento legítimo para seguir negociando. Cabe señalar que esta 3ª versión revisada contiene también algunas disposiciones importantes gracias al trabajo de algunos países que han hecho suyas las reivindicaciones de los movimientos sociales, tras el incesante trabajo de incidencia llevado a cabo por la Campaña Global de la que forma parte el CETIM¹.

He aquí un breve resumen de las posiciones defendidas por los Estados participantes de la 8ª sesión del Grupo de Trabajo. Para Estados Unidos y sus aliados subordinados (la Unión Europea, el Reino Unido, Japón, Australia, Suiza, Noruega, etc.), el futuro tratado no debe ser “prescriptivo” (disposiciones demasiado poco precisas y sin obligaciones para las ETNs en materia de derechos humanos), sino que debe estar “en consonancia con los códigos de conducta voluntarios” (los Principios rectores de la ONU y las de la OCDE, en particular) y aplicarse a cualquier tipo de empresa (incluidas las PYME). Además, según estos Estados, el término “empresas comerciales” o “actividades comerciales” debería sustituir al término ETN. En otras palabras, para estos Estados, que se definen a sí mismos como “democracias liberales” y “defensores de los derechos humanos”, no se trata de tomar medidas efectivas contra las ETNs que obstaculicen a estas entidades en sus negocios y en su búsqueda del máximo beneficio. Cabe destacar que, según muchos Estados occidentales, las ETNs no violan los derechos humanos, sino que solo “abusan” de ellos por “omisión” o, a lo sumo, sus actividades pueden tener un “impacto adverso sobre los derechos humanos”².

Con algunos matices, algunos Estados latinoamericanos (especialmente Brasil y México) también han defendido esta postura.

Esta ofensiva indecente, por parte de la Presidencia y de sus aliados, ahora abiertamente declarados (los Estados occidentales y los lobbies del TNC en particular), no quedó sin respuesta. En su declaración conjunta, el Grupo Africano, que representa a 54 países africanos con una sola voz, denunció estas maniobras desde el primer día, al tiempo que exigía que se respetara el mandato del Grupo de Trabajo durante las negociaciones. Muchos estados asiáticos (China, India, Indonesia, Irán, Pakistán, Palestina, Filipinas…) y latinoamericanos (Bolivia, Colombia, Cuba, Venezuela…) hicieron lo mismo.

La Campaña Global no quedó al margen. A lo largo de la semana, denunció enérgicamente las maniobras destinadas a diluir el contenido del futuro tratado y a desviar al Grupo de Trabajo de su mandato, a la vez que presentaba enmiendas constructivas para mejorar el contenido de la 3ª versión revisada del proyecto de tratado que se está debatiendo actualmente. Estas enmiendas se referían, entre otras cosas, a la responsabilidad solidaria de las empresas matrices de las ETN con sus cadenas de valor en materia civil, penal y administrativa; al acceso a la justicia de las comunidades y los individuos afectados; a la cuestión de la jurisdicción (Estado de la sede, Estado anfitrión); a la necesidad de establecer obligaciones directas para las ETNs, distintas de las de los Estados; y a un mecanismo de aplicación internacional eficaz y eficiente.

En el número 64 de nuestro boletín, también planteamos nuestra preocupación por el método adoptado por el Grupo de Trabajo en cuanto a la inclusión oficiosa de las enmiendas de todos los Estados en el proyecto de tratado sin consenso. Aunque este método podría parecer más democrático y transparente, resulta que las enmiendas propuestas por unos (Estados a favor de un tratado vinculante) y otros (Estados en contra de un tratado vinculante) son totalmente contradictorias e irreconciliables. Por lo tanto, hay que excluir las enmiendas que van en contra del mandato, ya que, de lo contrario, este proceso quedará estancado.

Así pues, ¿veremos un nuevo fracaso en la ONU en cuanto al marco jurídico de las actividades de las ETNs? A pesar de que, de momento, la la correlación de fuerzas a nivel internacional parezca estar en contra del desarrollo de este importante proceso, no es cuestión de rendirse. Abandonar este proceso significaría abandonar a las comunidades afectadas y a las víctimas de las ETNs. Abandonar este proceso significaría también aceptar el statu quo: la primacía de los intereses privados sobre los derechos humanos; la prolongación de la privatización de los servicios públicos; la continuidad de la destrucción a gran escala del medio ambiente; la reducción de millones de trabajadores en todo el mundo al estado de semi-esclavitud… Abandonar este enfoque significaría dejar solos a los Estados africanos, asiáticos y latinoamericanos que están comprometidos con un tratado vinculante sobre las ETNs.

Por lo tanto, las organizaciones de la sociedad civil, en particular los movimientos sociales, así como los ciudadanos, deben movilizarse para exigir a sus gobiernos y autoridades públicas que sometan a la ley a las ETNs que escapan a cualquier control democrático y legal. Se trata de un paso crucial para controlar el poder excesivo de las ETNs y hacer que respeten el derecho de los pueblos a decidir su futuro.