Levantamiento popular en Colombia

Desde hace más de un mes, las calles y plazas de Colombia se han visto inundadas de manifestaciones masivas. Un levantamiento popular sin precedentes contra las políticas neoliberales y la corrupción del gobierno de Iván Duque.

Las manifestaciones se transformaron rápidamente en una huelga general nacional, liderada por el Comité Nacional de Paro (CNP) que reúne los distintos movimientos sociales del país, las grandes centrales sindicales, las organizaciones de campesinos y campesinas, las organizaciones de poblaciones indígenas (la minga indígena), los y las estudiantes, las organizaciones feministas, los y las jóvenes precarios/as y grandes franjas de la clase media. Un gran movimiento social de características diversas y con reivindicaciones distintas que sin embargo se ha unido en su oposición al gobierno.

La gota que colmó el vaso y que desató las protestas fue la reforma fiscal que el gobierno de Duque trató de llevar a cabo. Con el objetivo de reducir el déficit fiscal y salvaguardar los intereses de las grandes empresas y las élites del país, la reforma pretendía hacer cobrar la factura a las clases populares —ya marginalizadas por años de neoliberalismo— mediante recortes presupuestarios en los servicios públicos, un aumento del IVA en los productos de primera necesidad (¡del 5 al 19 %!) y la creación de nuevos impuestos sobre las rentas que hasta el momento estaban exentas por considerarse demasiado bajas.

La respuesta del gobierno frente a las movilizaciones sociales ha sido militar y de una represión inusitada. Desde el principio del levantamiento, las cifras oficiales hablan de más de cincuenta muertes, miles de personas heridas y más de 130 desaparecidas, centenares de detenciones arbitrarias y decenas de casos de violación por parte de las «fuerzas del orden». Varios Relatores/as especiales y expertos/as de las Naciones Unidas así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han condenado la represión de las manifestaciones, se han mostrado consternados/as por el uso excesivo e ilegal de la fuerza y han demandado que se lleven a cabo investigaciones sobre las muertes y demás violaciones. Una de sus principales preocupaciones es la implicación del ejército cuyo personal está entrenado para defender al país de las amenazas militares y no debería ser utilizado para intervenir durante las manifestaciones.

Como consecuencia de la presión popular ejercida por la movilización en las calles, el gobierno se vio obligado a retirar el proyecto de reforma y el Ministro de Finanzas presentó su dimisión. Sin embargo, no ha sido suficiente para calmar la cólera popular que es mucho más profunda y plasma un malestar generalizado que va mucho más allá de las protestas contra la reforma fiscal.

¿Cómo se ha llegado hasta aquí?

Si queremos entender la naturaleza de las protestas y reivindicaciones del pueblo colombiano, es necesario remontarse en el tiempo y hacer una breve retrospectiva histórica.

Los últimos 70 años nos relatan la historia de un país sacudido por una sangrienta guerra civil así como por la voluntad de los sucesivos gobiernos de erradicar cualquier tipo de movimiento, organización o elemento que pudiera hacer tambalear los intereses de las élites económicas y políticas del país.

En la actualidad, Colombia es el país con mayores desigualdades de América Latina y el quinto del mundo. Según la Dirección Nacional de Estadísticas, el índice de pobreza del país ha pasado del 35,7 % en 2019 al 46,1 % en 2020.

Asimismo, la corrupción constituye un problema endémico. Según la Procuraduría General de la Nación, desde el principio de la pandemia en marzo de 2020 se han abierto 837 dosieres de procedimientos disciplinarios, 417 de ellos a alcaldes, 26 a gobernadores y 32 a consejeros municipales, sin olvidarse del ex-presidente Álvaro Uribe sobre el que pesan una treintena de procedimientos abiertos por distintos crímenes que van del espionaje en las campañas electorales, a los vínculos con el paramilitarismo y el narcotráfico.

El tejido económico-industrial del país está monopolizado por un puñado de grandes empresas transnacionales activas en los sectores estratégicos de Colombia para ampararse de los recursos del país. No es ninguna sorpresa, decenios de neoliberalismo desbocado han convertido a Colombia en un Eldorado para estos gigantes económicos y en un infierno para las clases populares.

En 2016, el Acuerdo de Paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno suscitó mucha esperanza. Sin embargo, este acuerdo no se ha implementado y por lo tanto, no ha resuelto los problemas estructurales del país: la cuestión de la repartición de las tierras, las desigualdades, la seguridad social, la marginalización de las poblaciones campesinas, pueblos indígenas y afro-descendientes. Desde 2016, se han asesinado a más de 1000 líderes sociales. Y el gobierno continúa con su estrategia basada en la represión y la supresión de cualquier voz discrepante con el fin de mantener el statu quo.

Por último, el gobierno colombiano se ha caracterizado por la gestión catastrófica de la pandemia de la COVID-19 en la cual han muerto cerca de 100.000 personas. Según John Freddy Gómez, politólogo en la Universidad Nacional de Colombia, la emergencia sanitaria ha sido utilizada como pretexto para acelerar el traspaso de riquezas de la periferia hacia las metrópolis así como la desposesión de las clases populares en beneficio de las privilegiadas. Con esto se han generado nuevos ciclos de acumulación y se han impuesto nuevas reformas para facilitar la privatización y la mercantilización de los sectores económicos clave.

Por lo tanto, lo acontecido últimamente en Colombia debe verse leerse a la luz de este contexto general y bajo la perspectiva del desarrollo económico dictado por el gobierno de Duque.

¿Y ahora qué?

El 15 de junio de 2021, el Comité Nacional de Paro anunció la suspensión temporal de las manifestaciones después de casi 50 días. Durante una conferencia de prensa, el Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Francisco Maltés, ha asegurado que esto “no significa que la movilización social se pare en el país”, ya que las causas que la generaron no se han resuelto. Maltés anunció igualmente el inicio del diálogo social para elaborar varios proyectos de ley que van en la dirección de las reivindicaciones populares. Ahora se trata de ver cómo el Congreso acogerá estas propuestas de ley y cómo el gobierno orientará su política económica y social.

En muchos países, se han organizado manifestaciones en solidaridad con el pueblo colombiano. Es más importante que nunca seguir apoyando las reivindicaciones legítimas del pueblo colombiano para que el país consiga por fin la paz.