«Il n‘y a pas un monde développé et un monde sous-développé, mais un seul monde mal développé»
El CETIM y sus asociados han recurrido a los mecanismos de protección de los derechos humanos de las Naciones Unidas para denunciar la impunidad de los autores de las matanzas de Sacaba y Senkata.
A raíz de la ruptura institucional en Bolivia y de las violaciones de los derechos humanos cometidas en este contexto, el CETIM, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Red Andina de Información, La Asociación pro Derechos Humanos – Bolivia y la Red Universitaria de Derechos Humanos denunciaron ante los mecanismos de protección de los derechos humanos de las Naciones Unidas la impunidad de las masacres de Sacaba (Cochabamba, 15 de noviembre de 2019) y Senkata (El Alto, La Paz, 19 de noviembre de 2019), perpetradas por las fuerzas de seguridad. Ambos eventos ocurrieron después de la renuncia forzada de Evo Morales, seguida de la autoproclamación de Jeanine Áñez como Presidenta.
Las amplias pruebas presentadas muestran que las fuerzas armadas y la policía utilizaron armas letales para reprimir las manifestaciones contra la falta de respeto al orden constitucional por parte del autoproclamado gobierno de Áñez, con el resultado de 21 muertos y más de 70 heridos. No se prestó atención médica a las víctimas de la represión. Por lo contrario, en ambos casos, los testigos afirman que también se disparó contra quienes trataron de ayudar a los heridos. El 14 de noviembre de 2019, un día antes de la masacre de Sacaba, Áñez había firmado un decreto que garantizaba la impunidad de las fuerzas armadas.
Los documentos que hemos presentado a las Naciones Unidas se basan en abundantes pruebas, entre ellas docenas de grabaciones de audio, imágenes, vídeos y entrevistas obtenidas por organizaciones bolivianas e internacionales.
Hasta la fecha, no se pudo llevar a cabo ninguna investigación judicial para determinar la responsabilidad de los asesinatos yde las lesiones graves infligidas a las personas que estaban ejerciendo su derecho a manifestarse. Al contrario, en las semanas siguientes a los acontecimientos, se destruyeron pruebas, se sometieron a muchos testigos a torturas y amenazas, y las fuerzas armadas y de seguridad se negaron a dar al fiscal cualquier información sobre las personas que dirigían las operaciones, las unidades movilizadas o las armas que llevaban. Además, se siguió deteniendo arbitrariamente a personas por participar en las manifestaciones de noviembre.
La persecución política y la criminalización de individuos y organizaciones que exigen el respeto del orden constitucional y se manifiestan contra la política represiva del gobierno de facto no ha cesado desde entonces e incluso ha empeorado. En las últimas semanas, los movimientos sindicales y campesinos se han movilizado en todo el país para exigir el retorno a la democracia. Desde entonces, también se han movilizado grupos paramilitares, en complicidad con las fuerzas del orden, para aterrorizar a los manifestantes.
El colapso institucional de noviembre de 2019 en Bolivia ha generado una espiral alarmante de violencia. La situación política en el país es muy tensa, en particular debido a un próximo proceso electoral presidencial. Se teme que se cometan nuevas masacres.
El CETIM y sus organizaciones asociadas seguirán atentos y seguirán de cerca la evolución de la situación en Bolivia, exigiendo al mismo tiempo la verdad y a la justicia para las víctimas de las masacres. Los autores de estas masacres deben ser llevados ante la justicia y las personas detenidas arbitrariamente deben ser liberadas. Haremos todo lo posible para restaurar la democracia y el respeto de los derechos humanos en el país.
