Naciones Unidas, libre comercio y empresas transnacionales

11/11/1998

1. En su informe a la Asamblea General sobre “La capacidad empresarial y la privatización como medios de promover el crecimiento económico y el desarrollo sostenible” (A/52/428), el Secretario General ha asumido una posición inequívoca en favor de un modelo económico único, desafiando las enseñanzas de la historia y de la realidad contemporánea.

2. La Asociación Americana de Juristas y el Centre Europe-Tiers Monde (CETIM) estiman que el Secretario General ha excedido el mandato que le confirió la Asamblea General mediante su resolución 48/180 de 21 de diciembre de 1993, para que presentara un informe bienal sobre las políticas y las actividades relativas a la capacidad empresarial, la privatización, la desmonopolización y la liberalización de las reglamentaciones. A pesar de que el mandato consistía en presentar un informe descriptivo, el Secretario General tomó una clara posición a favor de los intereses económicos y políticos que promocionan el libre mercado, debilitan el papel del Estado y socavan los esfuerzos de la comunidad internacional para lograr los objetivos, inscritos en la Carta de las Naciones Unidas, de promover el bienestar humano y social.

3. El modelo que el informe del Secretario General trata de promover es totalmente conforme con los imperativos, orientados a la ganancia, de las empresas y los bancos transnacionales, de “globalizar” con el fin de reducir los costos y capturar mercados, cualesquiera sean las consecuencias sociales, económicas y políticas para los países y pueblos afectados.

4. El modelo es, de hecho, la imposición de un sistema económico único, que refuerza la dependencia de la mayoría de los pueblos y las naciones del mundo de los países ricos y de sus elites económicas y financieras. Además, las políticas de globalización procuran restablecer y fortalecer relaciones neocoloniales entre las antiguas colonias y los colonizadores, desconociendo los principios aceptados internacionalmente como resultado de las largas luchas por la independencia de las naciones y pueblos colonizados: la soberanía nacional, la soberanía permanente sobre sus riquezas, recursos naturales y actividades económicas y el derecho de los pueblos a la autodeterminación.

5. El informe del Secretario General debe examinarse en relación con el primer acto político público del Sr. Kofi Annan: su discurso ante el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, en el que llamó a establecer una asociación entre las grandes empresas y las Naciones Unidas. No es una simple coincidencia que el Secretario General decidió presentar su análisis de la situación mundial ante el Foro de los ricos y los poderosos y no ante los actores sociales, anunciando su elección de los asociados y exponiendo la plataforma de su trabajo futuro.

6. En su discurso, el Secretario General dijo que las iniciativas de las Naciones Unidas para promover las políticas de libre mercado eran el reflejo de “las realidades de un mundo en evolución”. Según él:

a) “existe un consenso universal sobre el papel esencial de las fuerzas del mercado para un desarrollo sostenible”;

b) “el papel del Estado está cambiando en la mayor parte del mundo en desarrollo: de tratar de dominar la vida económica a crear las condiciones para hacer posible un desarrollo sostenible”; y

c) “existen pruebas concluyentes de que los pobres pueden resolver sus problemas sólo si dan un acceso equitativo a los servicios financieros y comerciales para el desarrollo”.

7. No es la intención de la Asociación Americana de Juristas y del Centre Europe-Tiers Monde de repetir aquí todo lo que se ha dicho y escrito acerca de los efectos negativos de la globalización sobre los derechos humanos.

Se trata de señalar, en cambio, que las premisas inexactas y carentes de validez sobre cuya base el Secretario General ha llegado a sus conclusiones coinciden con el imperativo exclusivo de la ganancia que orienta a las empresas y bancos transnacionales en el proceso de globalización, cualesquiera sean las consecuencia sociales y políticas, y que las claras tomas de posición ideológicas y políticas ultraliberales presentes en su enfoque son incompatibles con la función que le atribuye la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, con el deber de neutralidad de los funcionarios de la Organización, implícito en el Artículo 100.

Las premisas o supuestos sobre los que se basa el informe del Secretario General

8. En su discurso ante el Foro Económico Mundial de Davos, el Secretario General dijo que “en todo el mundo los países están adoptando la liberalización económica y política” y que ello refleja “las realidades de un mundo en evolución” y la existencia de un “nuevo consenso internacional” sobre el papel esencial de las “fuerzas del mercado”. El Secretario General alabó al sector privado y a las políticas de libre mercado. Pero, ¿cuáles son los logros en que se basa su reivindicación del liberalismo? Por cierto, el Secretario General omitió esta cuestión, porque abordarla con objetividad hubiera dificultado, o hecho imposible, para el Secretario General la promoción de su modelo ideológicamente comprometido de un desarrollo sostenible.

9. Al sostener el reconocimiento universal del modelo ultraliberal, el Secretario General parece ignorar que la “liberalización económica y política”, tal como se está produciendo, en particular en los países del Tercer Mundo, no refleja, en la mayoría de los casos, una decisión adoptada en el ejercicio de la soberanía. La liberalización es impuesta a los gobiernos a través de la coerción ejercida por las instituciones financieras internacionales o por los países ricos mediante las condicionalidades y los programas de ajuste estructural dictados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y mediante sanciones y embargos multilaterales.

10. El Secretario General parece ignorar las críticas crecientes de muchos gobiernos en todo el mundo a las políticas de liberalización y a la dominación creciente de las fuerzas del mercado. Varios países del Tercer Mundo han expresado su preocupación por los conflictos sociales y políticos engendrados por el excesivo énfasis dado a las “fuerzas del mercado” y la amenaza para la democracia que ello representa. Estas preocupaciones se reflejan en la resolución 52/136 de la Asamblea General sobre el derecho al desarrollo, de 12 de diciembre de 1997, adoptada por una gran mayoría de votos (129 a favor, 12 en contra y 32 abstenciones). Es irrefutable que la comunidad internacional está profundamente preocupada por el modelo económico que ahora promueve el Secretario General, porque ha constatado que dicho modelo ha acelerado y acentuado las desigualdades y la injusticia y que es socialmente, políticamente, ambientalmente y económicamente insostenible.

11. El Secretario General parece ignorar también la creciente resistencia popular, en todos los niveles y en todas partes del mundo, a la globalización dirigida por el gran capital transnacional.

12. El Secretario General no puede desconocer los trabajos y documentos que se producen en diferentes órganos y actividades del sistema de las Naciones Unidas, particularmente los que se ocupan de los derechos humanos. La preocupación por los efectos negativos de la globalización sobre los seres humanos es cada vez mayor. Esa tendencia se refleja, entre otras cosas, en las declaraciones y programas de acción de recientes conferencias mundiales, especialmente los de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, celebrada en Copenhague, que se interesó especialmente en la desocupación, la pobreza y la exclusión social; en resoluciones y estudios de la Comisión de Derechos Humanos y de la Subcomisión acerca de los efectos de la deuda externa, de las políticas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y de las actividades y métodos de trabajo de las empresas transnacionales sobre los derechos humanos; en los análisis de los efectos de la globalización sobre los derechos económicos, sociales y culturales y sobre el derecho al desarrollo realizados en informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en los estudios del Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social, en debates y documentos de conferencias de la Organización Internacional del Trabajo, etc.

13. En base a supuestos carentes de fundamento, contrarios a los hechos históricos, puramente ideológicos y selectivos, el Secretario General sostiene que “la desregulación… se ha convertido en la consigna para las reformas de los gobiernos en todos los países, tanto desarrollados como en desarrollo” (A/52/428, párr. 50) y propugna la venta de las empresas públicas confiando “la propiedad y la gestión a inversionistas que tengan la experiencia y la capacidad necesarias para mejorar el rendimiento, aunque ello suponga algunas veces vender los activos a compradores extranjeros” (párr. 29). Al comienzo del mismo párrafo se pronuncia contra la “amplia distribución del capital de las empresas privatizadas”, es decir, contra la participación de los pequeños ahorradores. La propuesta es clara: todas las grandes empresas deben estar monopolizadas por el gran capital transnacional.

14. El Secretario General ha decidido ignorar que el sector público ha contribuido al progreso y a la cohesión sociales y a la innovación tecnológica. El análisis del Secretario General omite además tener en cuenta que, con frecuencia, imponer los criterios de gestión propios del sector privado, entre ellos el de ganancia, tiene un efecto negativo sobre las empresas públicas y socava los fines de las empresas públicas y la noción misma de servicio público.

Asociación entre los sectores público y privado

15. La importancia de la asociación entre los sectores público y privado en la que el sector privado se constituye en el motor del crecimiento económico, es un leitmotiv en el informe del Secretario General. Todas sus recomendaciones son formuladas en el mismo sentido: “asociación con las empresas privadas” para poner en práctica las decisiones de las conferencias mundiales, promover la privatización, abolir los monopolios (del Estado); cambiar la política fiscal para favorecer la iniciativa privada, implementar las conclusiones del Consejo Económico y Social, en especial las que se refieren a la acción nacional e internacional para crear condiciones favorables a la inversión extranjera y al comercio internacional. Además, el Secretario General reitera su intención, anunciada en julio de 1997, en el contexto de las reformas propuestas para las Naciones Unidas, de establecer un servicio interinstitucional de enlace con las empresas y hacer arreglos con las organizaciones empresariales más destacadas a fin de establecer mejores mecanismos para continuar el diálogo entre los representantes del mundo empresarial y las Naciones Unidas (Informe del Secretario General (A/51/950, párr. 216, Medidas 17 c) y d)).

16. Ya se ha dicho que los argumentos del Secretario General a favor del libre mercado no se basan en la realidad económica y social del mundo actual ni en un razonamiento objetivo y coherente. Cabe preguntarse entonces cuáles son las motivaciones del Secretario General en sus tomas de posición, claramente orientadas en un sentido, en materia económica y social. La respuesta puede encontrarse en las propias palabras del Secretario General, cuando dijo ante el Foro de Davos: “el capitalismo de mercado no tiene un rival ideológico importante”. Queda entonces claro que se trata de una opción política e ideológica destinada a instrumentalizar las Naciones Unidas para promover los intereses y el modelo económico dominantes.

17. Esta toma de posición fundada en motivaciones políticas e ideológicas es incompatible con las funciones del más alto funcionario administrativo (Artículo 97 de la Carta) de una Organización que no sólo se pretende universal sino que actúa en nombre de los “pueblos de las Naciones Unidas”, como dice el Preámbulo de la misma Carta. El informe del Secretario General es contrario al universalismo y multilateralismo que constituye la esencia y la razón de ser de las Naciones Unidas.

18. Todos aquellos a quienes preocupa el porvenir de las Naciones Unidas tienen el deber de bregar por el retorno a los valores y al espíritu contenidos en la Carta. Y quienes piensan que dichos valores están perimidos tienen que tener el coraje de decirlo claramente.

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