Señor Presidente,
La Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena dice que la democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales son conceptos interdependientes que se refuerzan mutuamente. Dice también que la democracia se basa en la voluntad del pueblo, libremente expresada, para determinar su propio régimen político, económico, social y cultural y en su plena participación en todos los aspectos de la vida (Punto 8).
Pero el pensamiento y la práctica en el seno de las Naciones Unidas y en la mayoría de los Estados de la comunidad internacional difiere substancialmente de lo declarado en Viena.
En efecto, en diversas oportunidades, el Secretario General, señor Butros Ghali, ha llamado a asociar más estrechamente a las empresas transnacionales a las decisiones internacionales (Davos, 26/1/995) y a reconocer la primacía de la sociedad transnacional sobre la sociedad interestatal (Universidad Carlos III de Madrid, 15/4/1994).
El señor Butros Ghali expuso claramente su pensamiento en el discurso que pronunció en Davos el 26 de enero de 1995, en el que después de constatar el papel preponderante de las empresas transnacionales en el mundo actual, dijo que “había que asaciarlas más estrechamente a las decisiones internacionales” y que era entonces esencial introducir las corporaciones transnacionales en el proceso de democratización, corporaciones que no hay que ver como depredadoras que sacan ventajas … sino como agentes y factores básicas de la integración social”. Agregó que: “hay que asegurar la participación de los principales dirígentes de la economía privada en la formulación de … nuevas reglas y nuevas prácticas en la esfera de la competencia”.
También, al recibir el Díploma de doctor honoris causa de la Universidad Carlos III de Madrid, el 15 de abril de 1994, el señor Butros Ghali dijo:
“Además, debemos tener siempre presente en la mente el hecho de que el orden internacional ya no debe regir de ahora en adelante una sociedad interestatal, sino una Sociedad fundamentalmente transnacional. En efecto, durante mucho tiempo hemos concebido el orden; internacional como un orden Político 1 sedentario. Ahora tenemos que aprender a captar y ordenar también un mundo económico y nómada… Por lo tanto, tenemos que reflexionar sobre reglas que puedan tener en cuenta no sólo la voluntad de los sujetos políticos, sino también el comportamiento de los agentes económicos y que puedan superar las inevitables contradicciones entre la lógica del territorio y la lógica del capital”.
A nivel internacional las decisiones fundamentales que interesan a la vida y al destino de los pueblos se toman a puerta cerrada, con la intervención determinante de un puñado de grandes potencias, de las empresas transnacionales y de sus órganos ejecutores: el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. La sociedad civil ha sido marginalizada y el poder político, como forma democrática de resolver los conflictos entre intereses diferentes y a veces contradictorios, ha sido reemplazado por el poder económico. La libre determinación de los pueblos, la democracia, la participación popular y la interdependencia de los derechos proclamados en Viena han caído en el olvido y han sido sustituidos por la dictadura del gran capital transnacional, el pensamiento único neoliberal y el darwinismo social.
Señor presidente:
La Declaración de Viena instó a proporcionar recursos suficientes para las actividades de derechos humanos. Sin embargo, la crisis financiera de las Naciones Unidas persiste sin justificación valedera, pues el presupuesto de la organización es ínfimo en relación con los presupuestos estatales y con las gigantescas sumas implicadas en el tráfico de armas, de drogas y en la especulación financiera.
La crisis financiera se utiliza como arma política. En nombre de la misma se suprimen actividades, se reducen, entre otros, los presupuestos de la FAO y de la OMS y se desestabiliza a la CNUCED, se margina a las ONG, no se traducen informes y documentos. Las prioridades se establecen de hecho con un criterio político selectivo, decidido por algunos países ricos, que financian solo los programas en los que tienen algún interés particular.
Como en la caja de las Naciones Unidas no hay dinero, se acude a quien lo tiene: el Banco Mundial. Nos preocupa particularmente el papel cada vez más importante que se le atribuye al Banco Mundial en los programas relativos a los derechos humanos.
En innumerables documentos, los verdaderos expertos, no los amanuenses del Banco Mundial, describen el funesto papel desempeñado por el Banco Mundial en materia de derecho al desarrollo y de los derechos humanos en general. En diversas regiones del mundo los pueblos protestan contra las políticas de las instituciones de Bretton Woods. Durante la Cumbre Social de Copenhague, más de 600 ONG dijeron en una Declaración común, que luego firmaron varios miles de ONG en todo el mundo que: “Las políticas del FMI y del Banco Mundial están entre los mayores obstáculos para un genuino desarrollo económico y social” y se pronunciaron a favor de la democratización de ambas instituciones.
Existe, pues, una evaluación Í negativa generalizada del papel que desempeñan ambas instituciones financieras en materia de derechos humanos.
Sin embargo, diversos órganos del sistema de las Naciones Unidas buscan su participación y asesoramiento.
Y las instituciones de Bretton Woods se están convirtiendo en interlocutores privilegiados en el tema del derecho al desarrollo, según sé deduce del informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (párrafos 48 y 51). Es como si se acudiera a Pinochet o a Mobutu como expertos en derechos humanos.
El relator especial sobre la independencia de los jueces se refiere en su informe al diálogo que ha entablado con el Banco Mundial. Porque ahora el Banco Mundial también se ocupa de la independencia de los jueces.
La decisión del relator de entablar un diálogo con el Banco Mundial, no podría ser más errónea.
En efecto, el Banco Mundial no tiene ningún interés en ayudar a fortalecer la independencia de los jueces. Su programa de ingerencia en los sistemas judiciales, como se desprende de un documento confidencial del Banco relativo a su proyecto de intervención en la reforma judicial y legislativa en Rusia, tiene como objetivo que los jueces defiendan a los agentes del mercado, a la propiedad privada y la libertad contractual contra las intrusiones del Estado.
Dice el documento del Banco Mundial:
…”desarrollar la educación y la formación jurídica (para producir abogados competentes, jueces y otros funcionarios judiciales necesarios para defender y aplicar los derechos de los agentes del mercado) y reformar el sistema judicial (las mejores leyes, si se aplican de manera inapropiada o inadecuada, no pueden defender al sector privado contra las intrusiones del Estado ni contra el poder monopólico en el mercado)” (Párrafo 4).
“Si la rama judicial actúa con independencia y de manera eficiente, constituye la mejor garantía del derecho de propiedad y de la libertad contractual” (Párrafo 26).
Ni una sola palabra en las ocho páginas del documento acerca del papel de la legislación y de los jueces en la defensa y garantía de los derechos humanos, individuales o colectivos.
Es lo que en el lenguaje del Banco Mundial se llama asistencia técnica para el “buen gobierno”, es decir ocuparse de formar una elite de buenos administradores del patrimonio de los ricos.
La Asociación Americana de Juristas, el Centre Europe Tiers-Monde y la Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos quieren señalar a la Comisión y alertar a la opinión pública acerca del abismo que se está creando entre la Declaración de Viena y la práctica dominante a escala mundial.
Muchas gracias.