Perú: criminalización de manifestaciones cuestionada en el Consejo de derechos humanos

Durante la 56ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la nueva Relatora Especial de la ONU sobre la libertad de asociación y de reunión pacífica, Sra. Gina Romero, presentó el informe sobre la visita a Perú elaborado por su predecesor, Sr. Clément N. Voule. Este ultimo había visitado el país en mayo de 2023 para investigar la sangrienta represión de las protestas sociales.

Perú está sumido en una crisis política y social desde diciembre de 2022, cuando el Presidente Pedro Castillo fue depuesto y encarcelado arbitrariamente. Un gobierno de facto tomó las riendas del poder, y se convocaron manifestaciones populares a gran escala -encabezadas en particular por los principales movimientos sociales campesinos e indígenas- para protestar contra este golpe institucional. La sangrienta represión se saldó con la ejecución sumaria, extrajudicial y arbitraria de más de 60 víctimas. Desde entonces, la criminalización judicial y política de las protestas sociales no para. Por ello, en febrero de 2023, el CETIM, en colaboración con la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanales, Indígenas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP), presentó una queja ante los mecanismos de protección de los derechos humanos de la ONU con el fin de denunciar las violaciones y buscar recursos alternativos para defender los derechos de las clases populares movilizadas, y en particular, su derecho a manifestarse y a asociarse.

El CETIM aprovechó la presentación del informe sobre su visita a Perú para volver a poner en el centro del debate de la ONU la cuestión de la represión y la criminalización de las luchas de los movimientos sociales que buscan justicia.

Perú, un país en crisis democrática

Durante el diálogo interactivo en la sesión plenaria del Consejo de Derechos Humanos, la Relatora Especial tuvo mucho interés en señalar la amplitud de la crisis sociopolítica en la que se hunde Perú desde diciembre de 2022. La detención del ex presidente Pedro Castillo ha sacado a la superficie las históricas divisiones sociales del país, alimentando una ola de represión sangrienta que vulnera sistemáticamente los derechos humanos. Durante su visita, el ex relator M. N. Voule se entrevistó con diversos actores de la sociedad peruana, en el marco de su investigación sobre las violaciones de los derechos humanos. Habló con miembros del gobierno de facto, así como con familiares de víctimas y representantes de la sociedad civil. Expresó su preocupación por el uso excesivo de la fuerza en el contexto de la represión de las manifestaciones y las crecientes restricciones a los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación. Recopilando sus observaciones y recomendaciones en su informe, pidió al gobierno que actuara y asumiera sus responsabilidades para encontrar una solución pacífica a la crisis.

Esta necesidad de actuar fue reiterada por Gina Romero durante el diálogo interactivo. La Relatora Especial hizo un llamamiento al gobierno peruano para que aplique las recomendaciones formuladas en el informe de su predecesor. Para ello, las autoridades peruanas deben promover un diálogo nacional en el que participen las comunidades afectadas (en particular, las comunidades indígenas y rurales) con el fin de reconstruir la cohesión social del país. Para ello, es necesario abordar las causas profundas de las protestas, incluidos los conflictos históricos y socioambientales, garantizando a todos el pleno disfrute de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Deben emprenderse reformas jurídicas y políticas que garanticen el pleno cumplimiento de las normas internacionales en este ámbito y permitan a todos beneficiarse del acceso a una justicia imparcial. Además, debe reforzarse la independencia de las autoridades judiciales para protegerlas de la instrumentalización política. Durante el debate, el representante del gobierno peruano se refugió en la negación, rechazando las acusaciones contenidas en el informe. Esto nos indica que la lucha por la justicia y la reparación será tortuosa, por lo menos que podamos decir.

En su intervención ante la sesión plenaria del Consejo de Derechos Humanos, el CETIM recordó la labor de defensa llevada a cabo con los mecanismos de protección de los derechos humanos en apoyo de las organizaciones campesinas peruanas. Al tiempo que pidió al Consejo y a sus órganos competentes que siguieran de cerca la situación, instó al gobierno peruano a aplicar las recomendaciones del informe a través de medidas concretas. En el actual contexto de especial tensión, es imperativo poner fin a la criminalización de los movimientos sociales y abordar las causas estructurales de las protestas, a saber, el racismo sistémico, el arraigo (neo)colonial que sustenta la arquitectura política e institucional del país y los procesos de desposesión de las clases populares.

Un evento paralelo para poner de relieve las cuestiones en juego

El 1 de julio de 2024, el CETIM también coorganizó un evento paralelo durante la 56ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, titulado “La búsqueda de la rendición de cuentas frente a las violaciones de los derechos de reunión pacífica y de asociación en Perú: Desafíos y perspectivas”, en colaboración con la Academia de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de Ginebra, la Red Whipalas y Quinto Suyo Perú-Suiza. El objetivo era crear un espacio de diálogo para identificar retos y posibles soluciones a la situación actual en Perú. Las/os distintas/os ponentes aportaron puntos de vista únicos y constructivos, proporcionando una comprensión multidimensional de la crisis.

Raffaele Morgantini, representante del CETIM ante la ONU, abrió el evento declarando que es necesario abordar los desafios de la criminalización judicial y política que sigue marcando el escenario y el historial de derechos humanos del país. Ante esto, el sistema de derechos humanos de la ONU debe contribuir a proteger los intereses de las comunidades afectadas, reconduciendo la situación y devolviendo al país en el camino de la democracia y de la justicia social.

El primer ponente fue el Sr. Clément N. Voule, antiguo Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación. Informó sobre su visita a Perú, denunciando los abusos cometidos por las fuerzas del orden para silenciar al movimiento. Condenó la retórica difamatoria del gobierno, que alimentó deliberadamente el odio al calificar a los manifestantes de “terroristas”, intensificando así la represión. También reiteró sus recomendaciones para sacar al país de la crisis. El Sr. N. Voule pidió que los culpables rindan cuentas y sean juzgados, que se reforme el sistema judicial e institucional y el sistema de seguridad. Alentó todas las medidas para poner fin a la discriminación y el racismo contra las poblaciones indígenas, al tiempo que reconoció la importancia crucial de una sociedad civil vibrante y dinámica. Concluyó su intervención pidiendo al gobierno peruano que reconozca los hechos, pida disculpas públicamente y avance en la reparación de las violaciones. En su opinión, estos son los primeros pasos hacia un proceso de reconciliación.

A continuación, Lourdes Huanca, fundadora de FENMUCARINAP, tomó la palabra por videoconferencia para hablar de la discriminación histórica que sufren los pueblos indígenas y campesinos. Subrayó la importancia de la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones que les afectan y llamó a luchar contra las élites capitalistas racistas. Por último, pidió el apoyo de los mecanismos de derechos humanos de la ONU para demostrar que la lucha de las comunidades indígenas no es en vano y que no están solas en su búsqueda de reconocimiento y respeto.

A continuación intervino, también por videoconferencia, Raúl Samillán, Presidente de la asociación que lucha por el reconocimiento de las víctimas de la represión de diciembre de 2022. Destacó las numerosas consecuencias que afectan directamente a las familias tras la lesión o muerte de uno de sus parientes durante la represión de las manifestaciones. El hecho de que alguien resulte herido durante la represión tiene un impacto enorme. Sus familias se enfrentan a menudo a dificultades económicas que pueden desembocar en la pobreza y la marginación. Las consecuencias del uso de la violencia para reprimir manifestaciones son, por tanto, a largo plazo y multisectoriales. Tienen un impacto psicológico, económico y social directo. El Sr. Samillán señaló que las víctimas no han recibido ninguna compensación por sus traumas físicos y/o psicológicos. Las personas afectadas han sido abandonadas, sin acceso a la justicia.

Para concluir el acto, Gina Romero, Relatora Especial de la ONU, insistió en la necesidad de que el gobierno actúe de acuerdo con sus recomendaciones. Frente a un Congreso todopoderoso, controlado por los sectores oligárquicos dominantes, y un sistema judicial cooptado, el Estado debe emprender reformas serias e iniciar una política de cooperación con los organismos de Naciones Unidas. Concluyó recordando el papel crucial que desempeña la sociedad civil en el proceso de protección de los derechos humanos.

La libertad de reunión pacífica y de asociación son los pilares de una sociedad democrática. Constituyen la base del Estado de Derecho y deben ser ejercidas por todos sin discriminación, en particular por las poblaciones históricamente desposeídas por un sistema (neo)colonial racista y depredador.

Crédito del vídeo de Instagram: Geneva Academy