Relationes entre las Naciones Unidas y las empresas transnacionales

Intervención al tema 4b): el ejercicio de los derechos economicos, sociales y culturale. Exposición conjunta.

Exposición conjunta presentada por escrito por el Centro Europa-Tercer Mundo, organización no gubernamental reconocida como entidad consultiva general y la Asociación Americana de Juristas, la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centro América (CODEHUCA), la Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de España, Nord-Sud XXI y el Servicio Paz y Justicia en América Latina (SERPAJ-AL), organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas especiales.

I. En 1978 la organización no gubernamental “Declaración de Berna“, publicó un folleto titulado “L’infiltration des firmes multinationales dans les organisations des Nations Unies”, donde se explicaba de manera muy documentada las actividades desplegadas por grandes sociedades transnacionales (Brown Bovery, Nestlé, Sulzer, Ciba-Geigy, Hoffmann-La Roche, Sandoz, Massey Ferguson, etc.) para influir en las decisiones de diversos organismos del sistema de las Naciones Unidas.

Actualmente ya no se trata de “infiltración”, sino de abrirle de par en par las puertas de las Naciones Unidas a las empresas trasnacionales, siguiendo la tendencia mundial generalizada a ceder el poder de decisión a los grandes conglomerados económicos y financieros, quitándoselo a sus legítimos depositarios, que son los Estados y los pueblos, en detrimento de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las grandes mayorías de la población mundial.

II. La política actual en ese sentido en el seno de las Naciones Unidas la explicó en diversas oportunidades el ex Secretario General, señor Butros Ghali, quien llamó a asociar más estrechamente a las sociedades transnacionales a las decisiones internacionales (Davos, 26/1/1995) y a reconocer la primacía de la sociedad transnacional sobre la sociedad interestatal (Discurso en la Universidad Carlos III de Madrid, 15/4/1994).

III. El actual Secretario General, señor Kofi Annan, aceleró el movimiento de subordinación de las Naciones Unidas a las empresas transnacionales. En su informe a la Asamblea General sobre “La capacidad empresarial y la privatización como medios de promover el crecimiento económico y el desarrollo sostenible” (A/52/428), el Secretario General asumió una posición inequívoca en favor de un “modelo económico único” (véase el análisis de este informe en el documento conjunto de la AAJ y el CETIM presentado a la Subcomisión en 1998, NGO 20).

El modelo que el informe del Secretario General trata de promover en dicho informe es totalmente conforme con los imperativos, orientados a la ganancia, de las empresas y los Bancos transnacionales, de “globalizar” con el fin de reducir los costos y capturar mercados, cualesquiera sean las consecuencias sociales, económicas y políticas para los países y pueblos afectados. El “modelo” es, de hecho, la imposición de un sistema económico único, que refuerza la dominación de los países ricos y de sus elites económicas y financieras sobre la mayoría de los pueblos y las naciones del mundo.

El Secretario General sostiene en su informe que… “la desregulación…se ha convertido en la consigna para las reformas de los gobiernos en todos los países, tanto desarrollados como en desarrollo” (párr. 50 del Informe) y propugna la venta de las empresas públicas confiando…”la propiedad y la gestión a inversionistas que tengan la experiencia y la capacidad necesarias para mejorar el rendimiento, aunque ello suponga algunas veces vender los activos a compradores extranjeros” (párr. 29). Al comienzo del mismo párrafo se pronuncia contra la “amplia distribución del capital de las empresas privatizadas”, es decir contra la participación de los pequeños ahorristas.

La propuesta es clara: todas las grandes empresas rentables deben estar monopolizadas por el gran capital transnacional.

Es un intento de legitimación de la política practicada a escala mundial de malvender las empresas públicas rentables (a veces mediante procedimientos francamente corruptos) para privatizar las ganancias y socializar las pérdidas.

El Secretario General parece además ignorar que el sector público ha contribuido al progreso y a la cohesión sociales y a la innovación tecnológica. El análisis del Secretario General omite además tener en cuenta que, con frecuencia, imponer los criterios de gestión propios del sector privado, entre ellos el de ganancia, tiene un efecto negativo sobre las empresas públicas y socava los fines de las empresas públicas y la noción misma de servicio público.

Además, el Secretario General en el mencionado informe reitera su intención, anunciada en julio de 1997, en el contexto de las reformas propuestas para las Naciones Unidas, de establecer un servicio interinstitucional de enlace con las empresas y hacer arreglos con las organizaciones empresariales más destacadas, a fin de establecer mejores mecanismos para continuar el diálogo entre los representantes del mundo empresarial y las Naciones Unidas (párr. 216, Medida 17, c) y d), Informe del Secretario General A/51/950).

Ese proyecto ya se ha puesto en práctica mediante el “Global Compact”, cuyo lanzamiento oficial ha sido previsto para el 25 de julio del 2000.

Con buen tino, la Asamblea General extraordinaria que se celebró en Ginebra en junio del 2000 (Copenhague+5), decidió, a propuesta del Grupo de los 77, omitir toda referencia al “Global compact” en su Declaración final.

IV. Uno de los resultados de la estrategia diseñada por la Secretaría General es el Fondo para un Desarrollo Duradero (GSDF) que es un acuerdo de cooperación entre el PNUD y un grupo de empresas transnacionales gigantes. La mayoría de dichas empresas son responsables o corresponsables de graves violaciones a los derechos humanos políticos, civiles, económicos y sociales y de graves daños al medio ambiente. Entre ellas están la británica Río Tinto, las estadounidenses Oracle, AT&T, Owens Corning y Dow Chemical, la sueco-suiza ABB, la suiza Novartis, etc.

El Comité de dirección del Fondo será compartido por representantes del PNUD y de las empresas transnacionales. El Fondo es, entonces, una institución privatizada en el seno del sistema de las Naciones Unidas.

Las empresas transnacionales pagan una modestísima cuota de ingreso al Fondo de 50.000 dólares y con ello pueden ejercer un papel determinante en las orientaciones de los organismos pertinentes de Naciones Unidas y cubrir ante la opinión pública sus nefastas actividades con una máscara humanitaria (…) (véase www.corpwatch.org)¹.

V. El informe “Business and human rights: a progress report” (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, enero de 2000), confirma dicha estrategia de una manera que no podría ser más clara: “En los albores del siglo 21 uno de los cambios más significativos en el debate en torno a los derechos humanos es el creciente reconocimiento del vínculo entre los negocios y los derechos humanos” (pág. 7). (At the dawn of the 21st century, one of the most significant changes in the human rights debate is the increased recognition of the link between business and human rights).

La filosofía general del informe consiste en sostener que los buenos negocios y los derechos humanos se refuerzan mutuamente y que, en consecuencia, es apropiado privatizar en lo esencial la gestión de dichos derechos. ¿Por qué no los derechos mismos?

VI. La puesta en práctica de la estrategia de conferir una cuota de poder cada vez mayor en el seno de las Naciones Unidas a las empresas transnacionales comenzó en 1993 con la supresión de órganos de las Naciones Unidas que significaron en su momento un intento de establecer un control social sobre las actividades de las empresas transnacionales.

Uno de dichos órganos fue la Comisión de Empresas Transnacionales, creada por el ECOSOC por resolución 1913 (LVII) en diciembre de 1974. Estaba compuesta por 48 Estados Miembros y se dio como tareas prioritarias, entre otras, investigar sobre las actividades de las empresas transnacionales y elaborar un Código de Conducta sobre las sociedades transnacionales, que nunca se aprobó.

El ECOSOC creó también en 1974 por resolución 1908(LVII) el Centro de Empresas Transnacionales, organismo autónomo dentro de la Secretaría de la ONU, que funcionó como secretaría de la Comisión de Empresas Transnacionales.

En 1993, el Secretario General de la ONU, decidió transformar el Centro de Empresas Transnacionales en una División de Sociedades Transnacionales y de Inversiones Internacionales en el seno de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (CNUCED).

Por su parte, por resolución 1994/1 del 14 de julio de 1994, el Consejo Económico y Social decidió transformar la Comisión de Empresas Transnacionales en una Comisión del Consejo de Comercio y Desarrollo de la CNUCED, teniendo en cuenta el “cambio de orientación” de la Comisión (consistente dicho cambio en haber abandonado los intentos de establecer un control social sobre las empresas transnacionales y ocuparse de la “contribución de las empresas transnacionales al crecimiento y al desarrollo”).

VII. Otra manifestación de la tendencia a poner el sistema de las Naciones Unidas al servicio de las sociedades transnacionales, es la intervención creciente del Banco Mundial en los más variados aspectos de la actividad de las Naciones Unidas.

El Banco Mundial, si bien es formalmente un organismo especializado del sistema, de hecho es un instrumento de los países ricos (en particular de los Estados Unidos) y de la política de las sociedades transnacionales y, contra lo que establece la Carta de las Naciones Unidas para los organismos especializados, se substrae totalmente al control de la Asamblea General y del ECOSOC.

VIII. En la inauguración en Davos, el 28 de enero de 2000, de la página web www.unglobalcompact.org, de las Naciones Unidas, vocero electrónico de la alianza ONU-transnacionales, estuvieron presentes la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, el Director General de la OIT, Juan Somavia, el Director Ejecutivo del PNUE, Klaus Topfer, el Director Ejecutivo de Novell (programas informáticos), Eric Schmidt, el Secretario general de la Confederación Internacional de Sindicatos Libres, Bill Jordan y el Director Ejecutivo de la British Petroleum, sir John Browne. Quizás la participación de este último se debió al “curriculum” de la compañía que dirige.BP es el mayor inversor extranjero en Colombia y ha sido acusada en el Parlamento Europeo por el europarlamentario británico Richard Howe de violar los derechos humanos de campesinos, indígenas y sindicalistas y aunque BP niega que financie a los grupos paramilitares, reconoce que financia al ejército colombiano, aunque solo -dice- “con fines estrictamente defensivos”. (“Colombia: British Petroleum en guerra contra los sindicatos” , Unión Sindical Obrera de Colombia, Junta Directiva Nacional, 15/02/99, www.labournet.org.uk/spanish/1999/coluso.html).

Human Rights Watch decía en enero de 1999 que la British Petroleum era uno de los ejemplos de la participación de la industria de la energía en violaciones de los derechos humanos (“The Enron corporation: corporate complicity in human rights violations”).

La BP se destaca también por sus “perfomances” económico-sociales: entre 1990 y 1996 redujo su personal de 116.000 a 53700 asalariados y aumentó sus ganancias de 900 millones de dólares en 1993 a 4300 millones en 1996 (Quid 98, ed. Robert Laffont, Francia, pág. 1773). En agosto de 1998 BP fusionó con Amoco, “la mayor fusión industrial de la historia”, que se “celebró” con 6000 despidos (diario El Mundo, España, 12/8/98).

IX. El documento común del Secretario General, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, presentado a la Asamblea General extraordinaria “Copenhague+5”, es un paso más -y de extrema gravedad- en la política de la Secretaría General de alineamiento con la minoría rica del planeta, un desafío a la comunidad internacional de Estados agrupados en las Naciones Unidas y a “los pueblos de las Naciones Unidas” invocados en el Preámbulo de la Carta.

Toda esta política significa el abandono flagrante de los principios de las Naciones Unidas enunciados en la Carta, en la Declaración Universal y en otros instrumentos internacionales y la eventual violación del artículo 100 de la Carta de las Naciones Unidas, que dice que el Secretario General representa a la ONU y responde exclusivamente ante ella y no recibe instrucciones de ningún gobierno ni autoridad ajena a la Organización.

La comunidad internacional debe reaccionar rápidamente y sin ambigüedad frente a esta desnaturalización sin precedentes del papel de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales y del derecho al desarrollo.

Nota: Las siguientes otras organizaciones no gubernamentales apoyan esta declaración: Asociación Pro Derechos Humanos de España, Asociación Contra la Cultura Punitiva y de Exclusión Social, de Barcelona, España; Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT); Comisión Latinoamericana por los Derechos y Libertades de los Trabajadores (CLADEHLT); Instituto de Políticas Alternativas para el Cono Sur (PACS) de Brasil; Nuevos Derechos del Hombre, de Argentina; Oficina Jurídica Para la Mujer, de Cochabamba, Bolivia; ECOROPA; Servicio Paz y Justicia, de Argentina y Transnational Resource & Action Center (TRAC), de Estados Unidos de América.