El 25 de enero de 2019 ocurrió un nuevo crimen ambiental: la ruptura de la represa de Brumadinho, en el estado de Minas Gerais, propiedad de la multinacional VALE, que se cobró la vida de más de 300 personas. La mayoría de ellos eran empleados de la empresa que almorzaban en el refectorio, el primer edificio afectado por la ruptura.
Esta catástrofe supone serias consecuencias ambientales: el lodo que se filtró estaba lleno de residuos minerales y alcanzó el río Sao Francisco (segundo río brasileño) del cual dependen catorce millones de personas. Las pruebas revelaron una tasa de metal alarmante (hierro y aluminio en particular) en las aguas y peces, el principal alimento de la población local.
VALE es una multinacional con sede en Brasil y Suiza. Su sede en Suiza (Saint-Prex, Canton Vaud) está destinada principalmente para la optimización fiscal. De hecho, VALE disfruta de una exención de impuestos en Suiza que le permite deducir más de dos tercios de sus ganancias del impuesto en los países donde obtiene las ganancias.
VALE es el responsable directo de la mala gestión de sus represas y debe ser responsable de todas las consecuencias criminales resultantes de la ruptura. Una compañía alemana (TÜV SÜD) llevó a cabo una revisión periódica en 2018 y concluyó que la represa de Brumadinho tenía problemas de drenaje. Un ingeniero de esta compañía aseguró que TÜV SÜD no firmaría el informe técnico a menos que VALE pusiera en práctica las recomendaciones propuestas. No obstante, terminó por firmar la declaración de estabilidad debido a la presión ejercida por la multinacional. Esta información demuestra que la empresa estaba al tanto de los riesgos. Además, los correos intercambiados dos días antes del colapso de la presa prueban que VALE sabía que había un fallo con los sensores.
Testimonios de primera mano aseguran que las actividades mineras de VALE causan daños al medio ambiente, ofrecen malas condiciones de trabajo y no suponen ninguna ventaja para los países donde la multinacional desarrolla sus actividades. VALE, una de las mayores multinacionales del mineral, sigue la lógica comercial que caracteriza las actividades internacionales de estos gigantes económicos: la privatización de las ganancias y la socialización de los daños.
Este crimen demuestra una vez más la necesidad de desarrollar un instrumento jurídico vinculante, un tratado internacional, para regular las actividades de las empresas transnacionales y que sirva para juzgarlas cuando están implicadas en violaciones de derechos humanos. Es una solución concreta para acabar con su impunidad y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.
Las comunidades afectadas de Brumadinho en Ginebra
Tras este enésimo crimen, el CETIM recibió en Ginebra a dos representantes de las comunidades afectadas de Brumadinho, del Movimento dos Atingidos por Barragems (MAB), el movimiento de los afectado por las presas. Con el apoyo del CETIM, el MAB ha podido denunciar este crimen ante la ONU, así como reclamar el acceso a la justicia para las comunidades afectadas.