Sociedades transnacionales y derechos humanos

I. El mandato del grupo de trabajo sobre las sociedades transnacionales

La Resolución 2005/69 de la Comisión de Derechos Humanos ignoró por completo el trabajo llevado a cabo durante varios años por los expertos de la Subcomisión, es decir el Proyecto de normas adoptado en 2003. Aunque la AAJ y el CETIM son críticos respecto del Proyecto, porque contiene importantes defectos, hay que tener en cuenta que actualmente no se dispone en el plano internacional de ningún otro instrumento vinculante para el control de las actividades de las sociedades transnacionales.
La Resolución 2005/69 propone la designación de un relator especial, cuyo mandato está inspirado en el Global Compact, al cual nos referimos más adelante.

La aplastante mayoría de los Estados Miembros de la CDH cedió a las presiones de las empresas transnacionales, claramente formuladas en su documento1, firmado por la Cámara Internacional de Comercio (ICC en inglés) y la Organización Internacional de Empleadores (OIE) en el que “sugerían” a la Comisión de Derechos Humanos ignorar el Proyecto aprobado por la Subcomisión. Las empresas rechazan de plano la posibilidad de que pueda llegar a existir un instrumento vinculante para el control de sus actividades2.

Y para que nadie piense que el Proyecto de la Subcomisión puede invocarse como una norma internacional vigente, la Comisión de Derechos Humanos se ocupó de precisar en el último párrafo de su resolución 2004/116 que dicho Proyecto “…al ser un proyecto de propuesta, carece de autoridad legal y que la Subcomisión no debería ejercer ninguna función de vigilancia a este respecto”.
Pero ello no obsta para que el Grupo de Trabajo de la Subcomisión estudie y haga propuestas sobre la manera de aplicar a las sociedades transnacionales las normas vigentes de derecho internacional en materia de derechos humanos, derechos laborales y derechos ambientales, que son también obligatorias para las sociedades transnacionales. Además el Grupo de Trabajo tiene, entre otros, el mandato de examinar los efectos de los métodos de trabajo y de las actividades de las sociedades transnacionales y examinar, recibir y reunir información sobre el disfrute de todos los derechos humanos.

II. El papel de las sociedades transnacionales en las Naciones Unidas

Desde hace algunos años se le han abierto de par en par las puertas de la ONU a las sociedades transnacionales, a las que se las llama “actores sociales”, siguiendo la tendencia mundial generalizada a ceder el poder de decisión a los grandes conglomerados económicos y financieros en detrimento de los Estados, los gobiernos y la sociedad civil en general.
La idea de incorporar a los “actores sociales” a la cúpula de la ONU se adoptó oficialmente con el lanzamiento del Global Compact, el 25 de julio del 2000, en la sede de la ONU en New York, con la participación de 44 grandes sociedades transnacionales y algunos otros “representantes de la sociedad civil”. El objetivo declarado del Global Compact es que las empresas acepten voluntariamente respetar diez principios en materia de derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y contra la corrupción.

Entre las sociedades participantes en el Global Compact, se encuentran entre otras, British Petroleum, Nike, Shell, Nestlé, Rio Tinto y Novartis, con densos “curricula” en materia de violación de los derechos humanos y laborales o de daños al medio ambiente ; la Lyonnaise des Eaux (actualmente Grupo Suez) , cuyas actividades en materia de corrupción de funcionarios públicos con el fin de obtener el monopolio del agua potable son bien conocidas en Argentina y en Francia y más recientemente en Chile3.

Esta alianza entre la ONU y grandes sociedades transnacionales crea una peligrosa confusión entre una institución política pública internacional como la ONU, que según la Carta representa a “los pueblos de las Naciones Unidas…” y un grupo de entidades representativas de los intereses privados de una elite económica internacional. Dicha alianza va pues, en sentido exactamente opuesto al necesario proceso de democratización de las Naciones Unidas.

El Gobal Compact fue anunciado en 1998 por el Secretario General de la ONU en un informe destinado a la Asamblea General titulado “La capacidad empresarial y la privatización como medios de promover el crecimiento económico y el desarrollo sostenible” (A/52/428).

El Secretario General decía en ese informe que “la desregulación” se ha convertido en la consigna para las reformas de los gobiernos en todos los países, tanto desarrollados como en desarrollo (párr. 50 del Informe) y propugnaba la venta de las empresas públicas confiando “…la propiedad y la gestión a inversionistas que tengan la experiencia y la capacidad necesarias para mejorar el rendimiento, aunque ello suponga algunas veces vender los activos a compradores extranjeros” (párr. 29).

Georg Kell, Director Ejecutivo del Pacto Mundial de Naciones Unidas escribía en 2004 en el prólogo a un documento titulado “La ONG del Siglo XXI, en el mercado por el cambio”, de una organización llamada SustainAbility : “Además, se hace necesario, dada la supremacía de las demandas en los mercados, que los agentes sociales se pongan al día en los fundamentos del mercado actual con el fin de alcanzar sus objetivos. El Pacto Mundial es un experimento ambicioso de colaboración de múltiples grupos de interés dirigido a incorporar los principios universales sobre derechos humanos, trabajo y medio ambiente a los mercados globales”4. Manifiestamente, el mercado y no el ser humano está en el centro de las preocupaciones del Global Compact. Ahora la Secretaría General se empeña en potenciar esta cruzada neoliberal promoviendo la formación de sucursales del Global Compact, formadas por empresarios y Gobiernos, en distintos países.

Esta política estuvo precedida desde 1993 por la supresión de los órganos de las Naciones Unidas que significaron en su momento un intento de establecer un control social sobre las actividades de las empresas transnacionales, fundamentalmente la Comisión de Sociedades Transnacionales, creada por el ECOSOC por resolución 1913 (LVII) de diciembre de 1974. Estaba compuesta por 48 Estados Miembros y se dio como tareas prioritarias, entre otras, investigar las actividades de las sociedades transnacionales y elaborar un Código de Conducta sobre las sociedades transnacionales5, que nunca vio la luz.

En distintos órganos especializados del sistema de las Naciones Unidas (OMS, FAO, CNUCED, UNESCO, OIT, etc.) se manifiesta de diversas maneras este viraje más o menos acentuado hacia posiciones neoliberales, motivado, entre otras cosas, por su penuria presupuestaria : a veces ese aggiornamiento le permite obtener fondos de algunos Estados o de fuentes privadas, si no para su presupuesto general, por lo menos para programas determinados en los que están interesados los donantes.

En octubre de 2002 la UNESCO y la Sociedad Suez (antes Lyonnaise des Eaux) firmaron un acuerdo de cooperación con vistas a mejorar el acceso del agua potable para todos. A cambio de unos centenares de miles de euros, el gigante transnacional, que avanza a grandes pasos en la privatización del agua y obtiene concesiones de explotación de los recursos hídricos en todo el mundo corrompiendo a los funcionarios públicos, ha adquirido el derecho de intervenir en el programa hidrológico internacional de la UNESCO que comporta estudios cientificos y educativos para mejorar la gestión de los recursos hídricos en todos los países del mundo.

Un caso paradigmático : el 20 de noviembre de 2002, décimo tercer aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, se celebró como “McDonald’s World Children’s Day”. Fue como resultado de un convenio celebrado en julio de ese año con el respaldo de Koffi Annan por Carol Bellamy, ex Directora Ejecutiva de UNICEF y la transnacional Mc Donald’s.

Las protestas de diversas organizaciones, de especialistas en salud infantil y nutricionistas, que sostuvieron que la UNICEF no podía aparecer asociada al símbolo por excelencia de la mala alimentación infantil, no lograron convencer a la señora Bellamy de que cancelara el acuerdo con McDonald’s. Así fue como la UNICEF vendió su imagen a McDonald’s por un puñado de dólares. Un dato adicional : la ex directora de la UNICEF, Carol Bellamy, es ciudadana de Estados Unidos, uno de los dos países del mundo (el otro es Somalía) que no ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño6.

También la esperanza de obtener fondos del Banco Mundial (en general frustrada) lleva a los órganos especializados de Naciones Unidas a realizar actividades conjuntas con la entidad financiera internacional.

Actualmente se puede decir sin temor a equivocarse que todo el sistema de las Naciones Unidas está contaminado por la influencia que tienen las sociedades transnacionales en las decisiones de los organismos que lo componen. Así puede verse por ejemplo a los representantes del Banco Mundial discutiendo temas de educación en reuniones convocadas por la UNESCO.

Se organizan reuniones sobre las cuestiones más diversas donde el tema central es la participación del sector privado y las empresas son los invitados de honor : Seminario sobre los pueblos indígenas y las empresas privadas (Ginebra, 5 a 7 de diciembre de 2001), debate general en el Comité de los Derechos del Niño sobre la participación del sector privado en la realización de los derechos del niño (Ginebra, 20 de setiembre de 2002), etc.
La Organización Mundial de la Salud debería desempeñar un papel independiente y decisivo frente a las epidemias que asuelan el planeta. Su ex directora, Gro Harlem Bruntland, dijo en Davos el 29 de enero de 2001 : “Debemos proteger el derecho de las patentes…La industria ha hecho un esfuerzo admirable para cumplir con sus obligaciones con sus donaciones de medicamentos y sus reducciones de precios”. Y su director de gabinete explica esa profesión de fe por la necesidad de obtener financiación privada, pues los Estados les proporcionan pocos fondos, y de hacer buena figura ante Estados Unidos, que tiene los “cordones de la bolsa” mundial7. En situación similar se hallan todos los organismos del sistema de las Naciones Unidas : búsqueda de financiación privada y tendencia a ocuparse de programas que interesen a las empresas y a los Estados Unidos.

Un dato inquietante : el presupuesto de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos está en sus dos terceras partes financiado por contribuciones voluntarias de Gobiernos, de organizaciones no gubernamentales, de fundaciones y de otros donantes privados, lo que lo hace inevitablemente vulnerable a las presiones. Están lejos los tiempos en que el entonces Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas rechazaba una donación de computadoras de un Gobierno porque su aceptación podía comprometer su independencia y era contraria a las normas de las Naciones Unidas.

También las “cumbres” mundiales caen cada vez más bajo la influencia de las grandes sociedades transnacionales, como es el caso de la Cumbre de Johannesburg para un desarrollo sostenible de agosto-setiembre 2002, cuyo orden del día fue “secuestrado” por las grandes empresas, como dice un artículo aparecido en The Guardian, de Londres del 9 de agosto 2002, citando a Christian Aid. Esta última comienza su documento diciendo : “Las sociedades transnacionales han secuestrado el orden del día de la Cumbre…, mientras que las medidas destinadas a beneficiar a los pobres han sido aguadas”8.

Otro tanto está ocurriendo con la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Esta última se desarrolla en dos etapas : en Ginebra en 2003 y en Túnez en 2005.En el Comité preparatorio que se celebró en agosto 2002 en Ginebra, el sector privado corporativo estuvo doblemente representado, pues además de contar con representantes directos de las empresas (entre ellas, Sony, Alcatel, Deutsche Telecom, Japan Telecom, Swisscom) y de asociaciones empresariales de carácter internacional como el Foro Económico Mundial (que reúne a las 1000 corporaciones más grandes del mundo), la Cámara de Comercio Internacional, la Asociación Internacional de Radiodifusión, etc., acreditaron decenas de delegados bajo la denominación de “organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil”.

III. Conclusión

La Asociación Americana de Juristas y el Centro Europa-Tercer Mundo proponen al Grupo de Trabajo que, en cumplimiento de esa parte de su mandato, examine los efectos de los métodos de trabajo y de las actividades de las sociedades transnacionales sobre el funcionamiento de los organismos de las Naciones Unidas.