La primera session del grupo de trabajo intergovernamental sobre las empresas transnacionales (ETNs), las otras empresas y los derechos humanos pudo celebrarse del 6 al 10 de julio de 2015 a pesar de las maniobras de los países occidentales. El CETIM estaba presente junto con la Campaña mundial para desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad para hacer escuchar las reivindicaciones de los movimientos sociales, de las víctimas y de las comunidades afectadas en relación al futuro instrumento internacional jurídicamente vinculante
Recuérdese que, el Consejo de derechos humanos creó a este Grupo de trabajo intergubernamental en junio de 2014 con el mandato elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para regular, en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, las actividades de las empresas transnacionales (ETNs) y otras empresas. Se trataba de una decisión histórica, después de décadas de debates e intentos estériles de las Naciones Unidas.
“decisión histórica, después de décadas de debates e intentos estériles de las Naciones Unidas”
La resolución se adoptó a raíz de una iniciativa de Ecuador y Sudáfrica, por una estrecha mayoría del Consejo de derechos humanos, con el apoyo de los países del Sur, y con la fuerte oposición de los países occidentales que se negaban y siguen negándose a cualquier regulación vinculante en este ámbito. Esta iniciativa del Consejo de derechos humanos puede contribuir a poner fin a la impunidad de las ETNs por las violaciones de derechos humanos cometidas, en particular en el Sur, y así mejorar a largo plazo y a escala mundial la protección y el respeto de los derechos humanos.
La resolución adoptada por el Consejo de derechos humanos define el programa de trabajo del Grupo de trabajo intergubernamental para las dos primeras sesiones. Por lo tanto, deben ser dedicadas a la discusión sobre el contenido, el alcance, la naturaleza y la forma del futuro instrumento internacional. Y en la tercera sesión, las negociaciones comenzarán verdaderamente con relación al contenido del instrumento jurídicamente vinculante, sobre la base de una propuesta que habrá sido preparada por el Presidente-Relator del Grupo de trabajo intergubernamental.
Al inicio de la primera sesión, el lunes 6 de julio, la Embajadora de Ecuador, la Sra. María Fernanda Espinosa, ha sido elegida a la Presidencia del Grupo de trabajo intergubernamental. En sus primeras palabras como Presidenta-Relatora, la Sra. Espinosa recordó que “en el ámbito de las Naciones Unidas el debate sobre un marco regulatorio para las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos se remonta a más de cuarenta años y es sobre esa base que iniciamos hoy día une nueva etapa en la que por primera vez se llevará a cabo une negociación intergubernamental en este tema” .
También destacó que “en un mundo en el que alrededor del ochenta por ciento de bienes es producido de forma deslocalizada, a través de cadenas de producción ubicadas en diferentes jurisdicciones territoriales, es importante en el ámbito de los derechos humanos, contar con reglas generales y universales, cuyo cumplimiento brinde seguridad en beneficio de todos: de los Estados, de las empresas y sobre todo, de los seres humanos que pueden correr el riesgo de que sus derechos sean menoscabados por acciones empresariales indebidas”.
A continuación la Sra. Victoria Tauli Corpuz, Relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, fue invitada a presentar una declaración de apertura. Sumó su voz a las de los otros Relatores especiales (sobre la salud y la libertad de asociación) y Expertos independientes (sobre la deuda externa y los derechos humanos, y sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo) de las Naciones Unidas quienes se pronunciaron a favor de normas vinculantes a nivel internacional para poner fin a la impunidad de las ETNs.
La Sra. Corpuz destacó que “las actividades a gran escala de las empresas constituyen hoy una de las causas principales de abuso de los derechos de los pueblos indígenas en todas partes del mundo.” Añadio que “la tendencia es al fortalecimiento de la dominación de las empresas sobre la economía mundial y este papel supera las capacidades de los sistemas nacionales para controlar eficazmente sus actividades”. La Sra. Corpuz destacó que por una parte “los inversores extranjeros y las empresas transnacionales se benefician de numerosos derechos y de fuertes mecanismos para hacerlos respetar [mientras que] las normas nacionales y mundiales relativas a la responsabilidad de las empresas transnacionales y otras empresas son de carácter no vinculante.”
“proteger los derechos humanos y responsabilizar a las empresas transnacionales por sus actos”
Aún peor, “la realidad hoy para muchas comunidades y Estados en todas partes del mundo es que las empresas pueden en el marco de los acuerdos internacionales de comercio e inversión procesan los Estados cuando pasan leyes a favor de una mejor protección de los derechos humanos y del medio ambiente.” Por consiguiente, la Sra. Corpuz manifestó su apoyo a un instrumento internacional jurídicamente vinculante “para contribuir a llenar los vacíos y corregir las asimetrías en el derecho internacional, [y] mejorar el acceso a la justicia para las víctimas.”
Después de esta intervención, la Sra. Embajadora María Fernanda Espinosa introdujo el programa de trabajo de la semana. Este programa había sido concertado previamente de manera informal con los miembros de los distintos grupos regionales así como las organizaciones de la sociedad civil. La propuesta fue estructurar la reunión en torno a siete sesiones temáticas (a media jornada por sesión), con cada vez un grupo de expertos para introducir el debate enseguida la posibilidad para las delegaciones de los Estados y de la sociedad civil de intervenir, escuchar sus posiciones, propuestas o pretensiones, y hacer preguntas a los expertos. El primer grupo de expertos propuesto se refirió a los principios en los cuales debería basarse el futuro Tratado. Luego se propusieron dos paneles sobre el alcance del instrumento, uno sobre el problema de los actores que serían focalizados (empresas transnacionales o todas las empresas) y otros sobre los derechos humanos que serían abordados por el instrumento. Por último, siguieron cuatro paneles sobre el contenido del futuro instrumento, el primero relativo a las obligaciones de los Estados, el segundo sobre las responsabilidades de los STN y otras empresas, el tercero sobre las disposiciones jurídicas para garantizar la responsabilidad de los STN y otras empresas y el cuarto sobre los mecanismos para garantizar el acceso a la justicia a nivel nacional e internacional.
Visto así, estamos todavía lejos de una modalidad de negociaciones intergubernamentales, el objetivo de esta primera sesión era más bien, como se estipulaba en la Resolución adoptada por el Consejo de los derechos humanos (26/29), de tener un primer intercambio constructivo, de recurrir al asesoramiento y conocimientos de los expertos independientes, para permitir a las distintas delegaciones informarse, en relación con algunos de los principales desafíos relativos a la forma, a la naturaleza, al alcance y al contenido del futuro instrumento, con el fin de preparar el terreno para la segunda sesión del Grupo de Trabajo intergubernamental.
“intento de hacer fracasar el proceso”
Sin embargo, la Unión Europea aprovecha la oportunidad de la aprobación del programa de trabajo para intentar bloquear la sesión y hacer fracasar el proceso. Cabe recordar que la Unión Europea que se había opuesto en bloque a la adopción de la Resolución en el Consejo de los derechos humanos, había expuesto una serie de condiciones para participar en el Grupo de Trabajo Intergubernamental, en particular nombrar a un “Presidente neutro”, no limitar el alcance del instrumento sólo a las sociedades transnacionales, reafirmar el compromiso de todos para poner en práctica los Principios Rectores de Ruggie, y de garantizar que se movilizará los conocimientos necesarios y que la sociedad civil y los representantes de las empresas sean consultados adecuadamente.
Entre estas condiciones, la referida al nombramiento de un Presidente neutro para el Grupo de Trabajo, entendiéndose ni Ecuador ni Sudáfrica, había generado un malestar en el círculo de los diplomáticos en el Palacio de las Naciones, incluso en algunos países miembros de la UE. En efecto, es costumbre que la Presidencia de un grupo de trabajo intergubernamental elija al representante (o de uno de) del país que presentó la Resolución al Consejo de los derechos humanos, en ese caso Ecuador o África del Sur. Todos los grupos de trabajo intergubernamental están presididos por Embajadores representantes de los Estados pero en este caso preciso la UE exigía una Presidencia neutra. Y por “neutro” se debe comprender «bajo su control”, o bajo la influencia de las sociedades transnacionales.
El nombre que más circuló en ese momento fue el de John Ruggie, el padre del Global Compact que abrió grande las puertas de las Naciones Unidas a las sociedades transnacionales y autor de los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos, principios voluntarios y no vinculantes, en todo caso que dejan la iniciativa a las sociedades transnacionales de autorregularse y en consecuencia auto sancionarse. John Ruggie no había dejado de manifestar públicamente y en repetidas ocasiones su escepticismo, ver su oposición, a la formulación de normas internacionales obligatorias sobre las sociedades transnacionales y los derechos humanos. No es sorprendente que la UE quisiese llevarlo a la Presidencia del Grupo de Trabajo.
También sabemos que desde la decisión del Consejo de los derechos humanos en junio de 2014, la UE ejerció a nivel bilateral toda una serie de presiones sobre el Ecuador y África del Sur para que no tomen la Presidencia del Grupo de Trabajo y abandonen su iniciativa. La UE ejerció también fuertes presiones sobre numerosos países del Sur para que retiren su apoyo al Ecuador y a África del Sur. Estas maniobras fracasaron, gracias a la fortaleza de los Gobiernos ecuatorianos y sudafricanos que se mantuvieron firmes.
Sin embargo, la UE volvió a la carga en el momento de la aprobación del programa de trabajo, para exigir un grupo de expertos adicionales sobre la aplicación de los Principios Rectores (aunque esto no es parte del mandato del Grupo de Trabajo) y para que el programa de trabajo se refiera explícitamente a todas las empresas y no sólo a las sociedades transnacionales.
Debe recordarse a este respecto que la Resolución adoptada por el Consejo de los derechos humanos establece que el instrumento se centrará en las sociedades transnacionales y las otras empresas, pero una nota de pie de página clarifica que por “otras empresas” se entiende aquellas cuyas actividades tienen un carácter transnacional. Se trata de un tema extremadamente importante y que dio lugar a numerosos debates durante la adopción de la Resolución: ¿El Tratado debe aplicarse a sólo las empresas transnacionales y otras empresas con actividades transnacionales, o debe aplicarse a todas las empresas? La formulación propuesta por la Presidencia en el Programa de trabajo no prejuzga el resultado de estos debates puesto que se refiere a las sociedades transnacionales y otras empresas, pero la UE intentaba ni más ni menos, hacer pasar en fuerza su posición, y revocar la decisión del Consejo de los derechos humanos, exigiendo que el programa de trabajo se refiera a las STN y a todas las demás empresas.
“la UE abandonaba la sala y no reaparecería más durante toda la semana”
La sesión fue suspendida durante varias horas hasta que finalmente se encontró un compromiso. Un panel adicional sobre los principios rectores de Ruggie iba a ser añadido pero ningún cambio se haría en la redacción relativa al alcance del instrumento. ¡Con algunas horas de retraso, por lo tanto, la sesión realmente podría comenzar… mientras que la delegación de la Unión Europea abandonaba la sala y no reaparecería más durante toda la semana! Probablemente habían alcanzado su objetivo de intimidar y perturbar los debates. Los dos primeros días fueron un tanto, caóticos puesto que fue necesario recuperar la media jornada perdida a causa de las maniobras de la UE.
Sería injusto lanzar la piedra únicamente a la Unión Europea ya que también algunos países occidentales, como la Suiza, participaron como “observadores”, la mayoría de ellos simplemente boicotearon la sesión. Si la oposición implacable de los países del Norte al proceso no fue una sorpresa, siempre es sorprendente y preocupante de constatar que estos mismos países que son tan proactivos cuando se trata de promover los intereses de los STN negociando nuevos Tratados de libre comercio e inversión, son más reacios cuando se trata de proteger los derechos humanos y responsabilizar a las empresas transnacionales por sus actos.
Aparte los países occidentales, la participación fue bastante honorable para este tipo de Grupo de Trabajo Intergubernamental. Los grandes países emergentes estaban presentes, China, la India, Brasil, Rusia y África del SUR a la cabeza. También hubo una buena presencia de los países latinoamericanos, asiáticos y africanos. En total una cincuentena de delegaciones estuvo presentes en la sala a lo largo de la semana, principalmente para escuchar los expertos y evaluar las posiciones de unos y otros. También hubo una presencia fuerte de la sociedad civil, en particular un buen número de representantes de los movimientos sociales, víctimas y comunidades afectadas del Sur, y activamente pudieron participar, a pesar de las maniobras de la UE.
“fuerte presencia de los movimientos sociales”
El CETIM estuvo presente, junto con la Campaña mundial para desmontar el poder de los STN y poner fin a la impunidad, una red internacional que agrupa más de 200 movimientos sociales, redes y organizaciones de víctimas y comunidades afectadas del mundo entero al cual el CETIM presta su apoyo para la participación en los trabajos del Grupo de Trabajo intergubernamental. Una cincuentena de delegados de la Campaña mundial se desplazó a Ginebra.
Organizamos conjuntamente con la Campaña mundial una semana de movilización contra la impunidad de los STN, que culminaron en una gran manifestación el miércoles por noche y una presencia permanente a lo largo de la semana en la plaza de las Naciones, con numerosas actividades, talleres y animaciones. La semana de movilización también se posicionó bajo el tema de las luchas contra la privatización de los servicios, en particular de los servicios públicos, ya que al mismo tiempo se desarrollaba en la Misión de Australia una nueva ronda de las negociaciones sobre el Acuerdo sobre el comercio de servicios (TiSA) que iba aún más, seguir reforzando la impunidad y la omnipotencia de los STN.
El CETIM y la Campaña mundial participaron activamente en la sesión del Grupo de Trabajo y presentaron una serie de propuestas. Se presentó oficialmente una comunicación escrita con ocho propuestas con relación a la naturaleza, el alcance, la forma y el contenido del futuro instrumento internacional vinculante enviado y presentado al Grupo de Trabajo en nombre de la Campaña mundial. Esta comunicación fue firmada formalmente por más de 100 organizaciones y movimientos sociales del mundo entero, incluyendo el movimiento internacional campesino mediante Vía Campesina y la Central internacional de los sindicatos de los servicios públicos (l’Internationale des Services Publics). Ha trabajado con el apoyo del CETIM, de conformidad con las propuestas contenidas en el proyecto del Tratado de los pueblos de la Campaña mundial y los resultados de un seminario de expertos, organizado en el mes de mayo de 2015 en Ginebra.
La sesión se concluyó el viernes 10 de julio de 2015, con la aprobación del informe, y siempre en ausencia de la Unión Europea y de los principales países occidentales. Nada ha sido decidido en esta etapa, y los debates reanudarán durante la segunda sesión, probablemente en un formato un poco más de “negociaciones”. ¡Pero el simple hecho de que este primer periodo de sesiones del grupo de trabajo haya podido tener lugar ya es un éxito! Es sin duda el principio de un proceso largo, pero ya es un gran paso adelante, por primera vez, y después de más de 40 años de intentos fallidos en Naciones Unidas, negociaciones intergubernamentales que se abren a nuevas normas vinculantes para poner fin a la impunidad de las empresas transnacionales.
Sólo en el tercer periodo de sesión, probablemente en el año 2017 que el Presidente del Grupo de Trabajo tendrá que proponer un proyecto de texto con proposiciones en relación con los elementos que debería contener el futuro Tratado, y que las negociaciones intergubernamentales entrarán en el meollo del tema.
Mientras tantos, el informe de la primera sesión se presentará al Consejo de los derechos humanos en junio de 2016 y un segundo periodo de sesión del Grupo de Trabajo intergubernamental se llevará a cabo, probablemente el segundo semestre de 2016. En la conclusión del informe, la Embajadora de Ecuador manifiesta su intención de organizar consultas informales en el período intercesión y de trabajar en la elaboración de un nuevo programa de trabajo que se presentará y se discutirá en la próxima sesión. Por lo tanto, hasta la reunión de 2016.