«Il n‘y a pas un monde développé et un monde sous-développé, mais un seul monde mal développé»
La transnacional Coca Cola Company2 se instaló en Colombia en 1940, mediante la franquicia otorgada a las embotelladoras Indega S.A. en la zona centro, costa norte y nororiente de Colombia, creándose otras franquicias como Bebidas y Alimentos de Urabá. Las embotelladoras agrupadas en Indega S.A. fueron compradas en 1995 por Panamco Beverages Inc. y el 25% de cuyas acciones eran propiedad de Coca Cola Company. En mayo de 2003, Fomento Mexicano S.A., por medio de la franquicia Coca Cola Femsa S.A., compró Panamco conservando Coca Cola Company el 31,6% de las acciones de la empresa. Esta tiene la franquicia en Colombia, con la cual opera en la mayoría de países de Latinoamerica.
Con este marco legal tercerizado Coca Cola realiza la producción y venta de sus productos preservando la propiedad de las marcas, manteniendo el control accionario y la participación en las Juntas Directivas de las empresas locales y controla también todo el proceso en lo que se refiere a materias primas, insumos, producción, distribución y política laboral, evadiendo la responsabilidad por las violaciones de derechos humanos que se cometen.
Los impactos de las actividades de Coca Cola en Colombia incluyen efectos sobre el medio ambiente y la salud, entre otros3. Pero sobre todo la historia de Coca Cola en Colombia es la historia de un ataque permanente contra los derechos laborales y los derechos sindical, que ha significado entre otros el asesinato de mas de diez sindicalistas y vínculos con grupos paramilitares.
La extensión de la jornada y el incremento de los ritmos de trabajo ha permitido a la transnacional operar con 5 embotelladoras de la sociedad Coca Cola Femsa y cerrar 11 embotelladoras en el año 2003, despidiendo a centenares de trabajadores. Los afiliados a Sinaltrainal iniciaron una huelga de hambre en marzo del 2004, para tratar de evitar el despido masivo de trabajadores. En 2014 con la entrada en funcionamiento de la mega embotelladora que la empresa está construyendo en el municipio de Tocancipá en Cundinamarca, se prevé que se habrá nuevos cierres de embotelladoras y despidos de trabajadores.
Según documentos de la empresa y conocidos por los trabajadores dirigentes de Sinaltrainal como los denominados: “Dia D”, “Plan Pandrino” y “el Corrientazo”, Sinaltrainal es considerado un obstáculo en el objetivo de reducción de los costos laborales, por oponerse a las formas de subcontratación que involucra cerca del 70% de los más de 7000 trabajadores que explota la empresa, por medio de empresas de fachada muchas de ellas de propiedad de la misma transnacional, entre otras: Atencom S.A.S., Imbera, OXXON, FL Colombia S.A.S., que simulan el contrato de trabajo directo e impiden la asociación sindical, evitan de esa forma aplicarles los beneficios establecidos en la Convención Colectiva de Trabajo. Sinaltrainal se resiste a los denominados RH positivos (plan de recursos humanos), que es el método de la transnacional para debilitar al sindicato (que ahora tiene solo 287 trabajadores afiliados), eliminar la Convención Colectiva de Trabajo y ejercer presiones ilegales sobre los trabajadores para que renuncien a sus contratos de trabajo.
El 10 de Agosto de 2004, la transnacional, con la anuencia del Ministerio del Trabajo, revocó los Estatutos de Sinaltrainal logrando así impedir las afiliaciones de los trabajadores tercerizados. La empresa solicitó a jueces de la República que ilegalizaran las seccionales de Sinaltrainal en Bogotá, Girardot, Santa Marta, Cali y Villavicencio entre otras, sin lograr su objetivo. Esta última ha enfrentado este ataque varias veces y actualmente estamos enfrentados al proceso No 0240-2012 en el Tribunal Laboral de la ciudad de Bogotá, mediante el cual la embotelladora de Coca Cola de Villavicencio nuevamente solicita que se declare la ilegalidad y han intentado –sin lograrlo– conseguir que jueces autoricen el despido de dirigentes.
Para aterrorizar a los trabajadores a fin de que no se afilien a Sinaltrainal o renuncien a la afiliación sindical, se ha usado a los victimarios para pretender ser víctimas: la administración de la transnacional desarrolla campañas sistemáticas de estigmatización contra los afiliados de Sinaltrainal publicando imágenes de trabajadores y familias acusándolos de vandalismo y dañar la propiedad. Han causado perjuicios morales y materiales, poniendo en peligro la vida e integridad de varios integrantes de Sinaltrainal4,que han sido involucrados en procesos penales acusados de injuria, calumnia, daño al bien ajeno, concierto para delinquir, rebelión, terrorismo, entre otros, siendo injustamente encarcelados más de 12 dirigentes de Sinaltrainal. Les fue dictada orden de captura, situación que fue aprovechada por la transnacional para notificarles el despido por “justa causa”. Pero la empresa fue obligada a reincorporarlos a sus puestos de trabajo al ser declarados inocentes5.
Para impedir la libertad sindical, la transnacional militariza la represión de la protesta. Como muchos otros casos, están los hechos sucedidos en la embotelladora en Medellín, el 17 de diciembre de 2010, donde ingresó la policía con carros blindados para sacar por la fuerza a los trabajadores y afiliados a Sinaltrainal que se negaban a movilizar los vehículos de distribución. Individuos en representación de Coca Cola, escoltados por policías, se presentaron al domicilio de trabajadores con notificaciones de despido.
El conflicto social, político y armado que se vive en Colombia desde hace más de 50 años, es usado como pretexto por el Estado y las transnacionales como Coca Cola para desarrollar la política antisindical, pretendiendo relacionar la actividad sindical, las reclamaciones y la protesta de los trabajadores con acciones de organizaciones al margen de la ley o autoras de hechos violentos. Varios integrantes de Sinaltrainal que laboran para las embotelladoras de Coca Cola han sido acusados infundadamente por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), de constituir un peligro para la seguridad nacional.
La transnacional ha sido cuestionada por las evidencias del vínculo y apoyo a la guerra que desarrollan las fuerzas de seguridad del Estado, ejemplo de ello es la reunión de funcionarios de las embotelladoras de Coca Cola en la base militar de Tolemaida, que con el lema Coca Cola Guiados por el orgullo, en febrero de 2010 y vestidos de prendas militares participan en entrenamiento de maniobras de guerra6.
Cabe agregar los 68 trabajadores afiliados a Sinaltrainal que laboran para las embotelladoras de Coca Cola desde 1984 y que están siendo amenazados de muerte, los exiliados7, los desplazados con sus familias que la empresa se niega a reubicar en otras ciudades8, los trabajadores encarcelados por falsas acusaciones9, los 11 asesinados10, cinco de los cuales trabajaban en la embotelladora de Carepa Antioquia, uno de ellos, Isidro Segundo Gil, asesinado dentro de la embotelladora el 5 de diciembre de 1996, precisamente el día que se cumplía el tiempo legal para que la empresa iniciara las conversaciones del pliego de peticiones de Sinaltrainal11. Los mismos asesinos derribaron las puertas de la sede de Sinaltrainal y procedieron a prender fuego a sus instalaciones.
El 26 de diciembre de 1996, otro trabajador de la empresa Coca Cola en Carepa fue sacado a la fuerza de la embotelladora por presuntos paramilitares y fue asesinado cerca al cementerio de Chigorodó (Antioquia)12. Solo en el caso del asesinato de Adolfo de jesús Munera López se ha condenado un autor material13, en los otros casos las investigaciones no resultaron en ninguna condena.
En 2002 se presentó ante un juez de la Corte del Distrito de Miami, Florida, una denuncia contra Coca-Cola, con sede en Atlanta, por su presunta complicidad en el asesinato de sindicalistas colombianos.
“Queremos justicia y que la gente sepa la verdad acerca de lo ocurrido en Colombia contra los trabajadores de Coca-Cola”, dijo Javier Correa, el presidente de Sinaltrainal. La denuncia está relacionada con el asesinato del sindicalista Segundo Gil en 1996, poco después de que Richard Kirby, el propietario estadounidense de una planta embotelladora de Carepa, Antioquía, dijera que haría lo necesario para matar y hacer desaparecer a los trabajadores que intentaran sindicalizarse y se habría puesto de acuerdo con pistoleros para ese fin.
La cuestión central, dice Terry Collingsworth, un jurista de la International Labor Rights Fund, es: “¿Por qué Coca-Cola no intervino para poner fin a la violencia?”. Y agrega: “Coca-Cola, como muchas compañías, controla el producto y recoge los beneficios, pero argumenta que no tiene responsabilidades respecto de los trabajadores”.
La respuesta de Coca Cola fue denunciar ante la Fiscalía a integrantes de Sinaltrianal, por haber llevado el caso ante los tribunales de los Estados Unidos14. Y el 11 de Agosto de 2009, el juez de Estados Unidos Thomas K. Kahn Clerk termina el caso presentado en la corte por Sinaltrainal contra Coca Cola, declarandóse incompetente para tratar el caso y ratificando la no existencia de la jurisdicción15.
En Abril de 2006, el Tribunal Permanente de los Pueblos Capitulo Colombia juzgó a Coca cola y otras multinacionales entre ellas a Nestlé, responsables de violar los derechos humanos de los trabajadores y del intento por destruir a Sinaltrainal, y del saqueo de los recursos naturales en Colombia, especialmente el agua.
Por la presión internacional, el Centro Carter de EEUU se reunió con representantes de Coca Cola y Sinaltrainal y luego se iniciaron conversaciones con la transnacional en marzo de 2007, pero la transnacional estaba ganando tiempo buscando parar la presión de la denuncia para cambiar las condiciones de un eventual acuerdo.
Sinaltrainal ha acudido al Comité de Libertad Sindical de OIT mediante queja16 que ha sido ampliada en varias ocasiones por violaciones de derechos humanos cometidas por Coca cola en Colombia y las recomendaciones emitidas en junio 200 17 no han sido respetadas.
Ante la persecución de que son víctimas los trabajadores de las embotelladoras de Coca Cola, y por el alto peligro en que se encuentra su vida e integridad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dictado Medidas Cautelares para 26 afiliados de Sinaltrainal.
El 9 de octubre del año 2012, el European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) de Colombia con el apoyo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) presentaron una comunicación ante la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, solicitando que se inicie una acción penal con respecto a la violencia anti-sindical en Colombia. Entre los casos presentados están varios de los asesinatos de dirigentes de Sinaltrainal.
En 2008 la OIT realizó una misión a Colombia para evaluar la situación pero no tuvo en cuenta los hechos pasados: los asesinatos, amenazas de muerte, atentados, intentos de secuestro, los ataques al sindicato, los despidos masivos, el daño al medio ambiente y no valoró ni aceptó las pruebas de dichos hechos presentados por Sinaltrainal.
La impunidad de la cual sigue beneficiándose Coca Cola por las violaciones de los derechos humanos y de los derechos laborales y sindicales en Colombia, ilustra la necesidad de contar con un instrumento internacional vinculante que permita controlar las actividades de las empresas transnacionales y de sus impactos en los derechos humanos así como garantizar justicia y reparación a las victimas.
Solo un instrumento internacional vinculante para las transnacionales puede generar una presión legal, social y política para que pongan fin a su conducta reiterada de exterminio sindical y precarización del mercado laboral y obligar al Estado colombiano para que enjuicie y castigue a los responsables de la persecución de los sindicalistas colombianos.
Por lo anterior, el Centro Europa-Tercer Mundo (CETIM) solicita al gobierno de los Estados Unidos que cumpla con su obligación de asegurar que las empresas transnacionales que tienen su sede en su territorio no violen los derechos humanos en sus operaciones en otros países y, de ser el caso, garantizar el acceso a la justicia a las victimas. Llamamos en particular al gobierno de EEUU a intervenir para poner fin a los ataques incesantes de Coca Cola contra los derechos humanos, los derechos laborales y los derechos sindicales en Colombia, y asegurar que las victimas obtengan justicia y reparación.
El CETIM solicita también al gobierno colombiano que cumpla con su obligación de asegurar el respeto y la protección de los derechos humanos en Colombia, en particular los derechos laborales, sindicales y de asociación pacifica, y tomar de manera urgente todas las medidas para garantizar la seguridad y la integridad física de los sindicalistas de Sinaltrainal. Llamamos en particular al gobierno colombiano a poner fin a los ataques permanentes de Coca Cola contra los derechos humanos en Colombia y garantizar justicia y reparación para las victimas de sus actividades.
El CETIM solicita al Relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y al Relator especial sobre el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacificas seguir de cerca este caso y realizar una visita a Colombia.
Por otra parte, el CETIM solicita al Consejo de derechos humanos establecer un grupo de trabajo intergubernamental con el mandato de desarrollar un tratado internacional vinculante para controlar las empresas transnacionales y garantizar el acceso a la justicia para las victimas de sus actividades.
