Desde
los eventos trágicos del 11 de Septiembre del 2001, Los Estados
Unidos, seguidos por numerosos otros países, particularmente los
de la Unión Europea, han adoptado una serie de medidas y leyes
nacionales denominadas antiterroristas. Pues, estas no han aparecido "
ex nihilo ". En lo esencial, han consistido en el desarrollo de políticas
represivas ya existentes y en proyectos de legislaciones liberticidas
y antidemocráticas en espera, los gobiernos han aprovechado este
contexto favorable para que sean aprobados bajo la influencia de la emoción
y de la confusión.
Todas estas normas nacionales coinciden en que mantienen una definición
imprecisa del terrorismo, lo que permite calificar de terroristas diferentes
prácticas que no tienen nada que ver con actividades de esta índole.
Recortan, con una amplitud más o menos grande, derechos y garantías
fundamentales de los ciudadanos y particularmente de los extranjeros,
el derecho de demandar en justicia, el derecho al respeto de la vida privada,
etc. y aumentan el poder de la policía, de los servicios de seguridad
y de informaciones sin control judicial. Abren las puertas a la criminalización
de todo movimiento de resistencia a las políticas neoliberales
impuestas desde arriba, como la tendencia lo hace sentir en todas partes.
La pretendida lucha antiterrorista cabe perfectamente para reforzar la
represión y le quita la consistencia al cumplimiento de los más
elementales de los derechos civiles y políticos para oponerse a
la práctica generalizada de la arbitrariedad.
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