Sólo
por poner un ejemplo, el 20% de los países más ricos
se apropian del 80% del producto interior bruto mundial, mientras
que el 20% más pobre no detenta más que el 1%. La
extensión catastrófica de la pobreza, testimoniada
por los informes de las Naciones Unidas, las conferencias internacionales
e incluso las instituciones financieras internacionales, hace imperativa
la aplicación y la promoción de la Declaración
sobre el derecho al desarrollo.
Adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1986, esta Declaración
aparece como el retoño tardío de los esfuerzos, emprendidos
por el movimiento de los no alineados en los años 60 y 70,
mientras que aún tenía la fuerza y la convicción,
para imponer un nuevo Orden Económico Internacional (NOEI)
más justo y equitativo.
Nunca ha sido realmente aplicada, pero conserva sin embargo toda
su pertinencia jurídica, política y moral.
No sorprende que hoy en día la declaración sea hipócritamente
atacada, desde el momento en que algunos estados del Norte intentan
hacerla caer definitivamente en la trampa, y otros, dulcificar o
cambiar su contenido, ya que se opone frontalmente a las políticas
dominantes actuales, especialmente a las impulsadas por el FMI,
el Banco Mundial, la OMC, el G-7 o la OTAN para reducir a la nada
cualquier veleidad de los pueblos del Tercer Mundo de adoptar políticas
autónomas y un desarrollo autocentrado. En cuanto a las nuevas
elites del Sur, en su mayoría más preocupadas de ocupar
algunos ámbitos secundarios de la mundialización neoliberal
que de impulsar "un proceso global, económico, social,
cultural y político, que aspira a mejorar sin cesar el bienestar
de la totalidad de la población y de todos los individuos,
sobre la base de su participación activa, libre y significativa
al desarrollo y a la repartición igualitaria de las ventajas
que se derivan de ello" (extracto del preámbulo de la
Declaración), aquéllas la defienden la mayoría
de las veces débilmente y de manera ambigua.
Desde nuestro punto de vista, sin embargo, esta Declaración
puede constituir para los movimientos sociales una referencia jurídica
y moral nada despreciable si saben reivindicarla y recordar a sus
gobiernos, cuando firman las "cartas de intenciones" que
les impone el FMI, cuando ratifican los acuerdos de la OMC o libran
autorizaciones de explotación y de inversión a sociedades
transnacionales, los compromisos tomados al aprobarla.
Es en este espíritu que, después de numerosos años,
el CETIM intervienen en el seno de instancias de la ONU en materia
de derechos humanos para que la Declaración sobre el derecho
al desarrollo no caiga en el olvido y que su aplicación no
sólo no encuentre trabas sistemáticamente sino que
además sea realmente impulsada.
Sólo la presión popular podrá hacerlo posible.
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